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Algo tiene que cambiar

Instituciones y partidos impidieron la presentación de una reforma estructural. Se equivocaron.

Laura Gil
Comenzó la discusión de la reforma política. En medio de las críticas, una sola cosa quedó clara. Las instituciones no serán capaces de reformarse a sí mismas. Aun así, algo tiene que cambiar.
Lejos estamos de la propuesta de la Misión Electoral Especial, conformada a instancias del acuerdo de paz. Este grupo había recomendado una arquitectura institucional sencilla y nítida, con una entidad encargada de asuntos administrativos y otra de asuntos jurisdiccionales. Pretendía corregir las falencias fundacionales del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Consejo de Estado (CE). El primero se encuentra a mitad de camino entre lo administrativo y lo judicial, y su origen partidario le quita legitimidad; la Sección Quinta del segundo funge como árbitro final, anulando, de manera rutinaria, las decisiones del CNE, casi siempre a destiempo.
El Consejo de Estado rechazó la creación de un órgano electoral con dientes, el Consejo Electoral Colombiano. Este hubiese obtenido facultades que hoy le competen al CE, como la definición de la inhabilidad de un candidato o la determinación del resultado de un escrutinio, es decir, todas las cuestiones electorales. La Sección Quinta hubiese quedado sin oficio electoral.

Las instituciones no serán capaces de reformarse a sí mismas. Aun así, algo tiene que cambiar

Tanto protestaron los magistrados del CE que al Consejo Electoral Colombiano le fueron, poco a poco, quitando competencias. Hasta lograron que el CE saliera reforzado con un amparo constitucional, una especie de tutela para cercenar a la nueva entidad, que quedaría reducida a una instancia previa. El Consejo de Estado se niega a entregar la facultad de decidir quién puede ser candidato y quién es elegido. Quiere la palabra final.
La Procuraduría y la Contraloría pretenden mantener las facultades para privar a los ciudadanos de sus derechos políticos, así ello viole tratados internacionales. La Convención Interamericana de Derechos Humanos exige “condena por juez competente en proceso penal”. ¿Recuerdan el caso de Leopoldo López? ¿O el de Gustavo Petro? En López vs. Venezuela, la corte regional sentenció que cuando una autoridad administrativa restringe los derechos políticos, viola la Convención. La reforma no sustraería a los funcionarios del poder sancionatorio de los órganos de control y ni siquiera impondría la norma internacional. La limitación de los derechos políticos solo requeriría confirmación de la jurisdicción contencioso-administrativa.
Los partidos pequeños temen reglas más estrictas para la obtención de la personería jurídica; los tradicionales, controles más fuertes en el financiamiento y la rendición de cuentas. Instituciones y partidos impidieron la presentación de una reforma estructural. Se equivocaron y errarían aún más si no le dieran el aval a la ponencia actual.
El texto incluye avances. Plantea la necesidad de financiamiento en su mayoría estatal, vía anticipos y reposiciones; establece responsabilidad penal para directivos de campañas y candidatos, prohíbe la contratación de transporte el día de elecciones, fortalece los mecanismos de transparencia, moderniza la participación ciudadana, reconoce el poder de la democracia digital, promueve la participación de los jóvenes, limita la reelección en corporaciones públicas e instituye listas cerradas, bloqueadas y paritarias, así difiera su implementación.
Si llegamos a una explosión populista, de izquierda o de derecha, al estilo Venezuela, o si caminamos hacia una asamblea constituyente, no será por culpa de las Farc. Será responsabilidad de magistrados, congresistas y funcionarios que quieren que todo siga igual.
LAURA GIL
Laura Gil
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