Opinión

Echando reversa

Pronto se tomará una decisión que puede ser un golpe para los derechos reproductivos de las mujeres.

11 de septiembre 2018 , 12:00 a.m.

¿A dónde vamos a parar? ¿Hasta dónde nos van a llevar estos muchachos reaccionarios que han tomado las riendas del país y a punta de decretos y normas terminarán echando al suelo las conquistas más recientes en términos de garantía de libertades y derechos?

No me detendré en el ya famoso decreto para el decomiso de drogas a quien porte, incluso, un inofensivo porrito guardado en el bolsillo.

No voy a insistir en el sorprendente e incomprensible nombramiento de Alejandro Ordóñez en la embajada ante la OEA.

No voy a repetir lo que significa retomar las fumigaciones aéreas con glifosato.

Es más, hoy no haré escala en la Casa de Nariño para echar un vistazo hacia el mañana, que en realidad es el pasado, sino que voy a trasladarme unas cuantas cuadras hacia el norte para detenerme en el Palacio de Justicia, donde en pocos días se tomará una decisión que puede ser un duro golpe para los derechos reproductivos de las mujeres.

Resulta que en manos de la magistrada Cristina Pardo se encuentra la redacción de la ponencia sobre una acción de tutela que podría terminar limitando las semanas de gestación durante las cuales las mujeres pueden acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. Un asunto que no es de poca monta, así que paso a explicar el porqué.

Poner un límite en semanas de gestación a la interrupción del embarazo es condenar a muchas mujeres a volver a aquella práctica que se buscaba erradicar.

Para ser concretos, hoy día, en Colombia no existe fecha de caducidad (o límite en el tiempo de gestación) para practicarse un aborto en los casos autorizados por la ley. Esta situación, que podría parecer irregular, termina siendo un salvavidas para decenas de mujeres que ven cómo la sola solicitud a su EPS para que les practiquen un aborto acaba convertida en un trámite burocrático que puede durar semanas o meses.

De hecho, esa fue la historia que vivió una mujer que interpuso la acción de tutela que hoy reposa en el despacho de la magistrada Pardo: la joven, de 33 años, acudió a su EPS para solicitar la interrupción del embarazo, y entre citas al médico general, psicólogo autorizaciones, nuevas citas, buscar un centro médico donde le practicaran la suspensión del embarazo y otros trámites pasaron seis semanas. ¡Seis semanas! ¡Mes y medio hasta que, gracias a la tutela que interpuso, se obligó a la EPS a practicar el procedimiento!

Poner un límite en semanas de gestación a la interrupción del embarazo es condenar a muchas mujeres a volver a aquella práctica que se buscaba erradicar a través de la sentencia que en 2006 autorizó el aborto en tres circunstancias específicas: abortos ilegales, malas prácticas médicas y hasta la muerte. ¿Queremos echar reversa?

Dirán algunos con tranquilidad: ‘Pero la Corte Constitucional no puede echar para atrás lo conquistado’. ¡Claro que sí! Y más si se toma en cuenta que la magistrada que tiene a su cargo la ponencia sobre este caso es la doctora Pardo, quien en el pasado ya ha dejado en claro su posición de rechazo, por cuestiones éticas, a la sentencia de la Corte que hace ocho años viabilizó la legalidad del aborto en casos excepcionales.

“La suscrita no comparte por razones ético-jurídicas las (...) conclusiones recogidas en el fallo de constitucionalidad”, señala la doctora Pardo en una carta de 2014 a través de la cual solicitaba a su entonces jefe que aceptara la objeción de conciencia para analizar la ley de protección de víctimas de violencia sexual, en la que se tomaban cartas sobre situaciones de aborto.

En esa línea, ¿no debería también declararse impedida para analizar y redactar una ponencia sobre este caso, que versa directamente sobre la interrupción del embarazo? ¿No está en riesgo un derecho adquirido?

#PreguntaSuelta: ¿será verdad que al nuevo director de Coldeportes la (ahora) aspirante a la alcaldía de Cali le dejó la olla raspada?

JUAN PABLO CALVÁS

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