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Al oído de Duque

Iván Duque comulga con la defensa de la propiedad privada como generadora de empleo y bienestar.

Juan Martín Caicedo Ferrer
Sobre la mesa hay dos opciones presidenciales. Se soportan ellas en tesis filosóficamente opuestas. Iván Duque, por ejemplo, comulga con la defensa del libre mercado y de la propiedad privada como generadora de empleo y bienestar. Mientras que Gustavo Petro, por su parte, ha construido un discurso con los tintes del intervencionismo estatal.

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La primera postura, la de Duque, convoca los anhelos de buena parte de los empresarios de la construcción, sin distingo de tamaños. Estiman ellos que, desde la presidencia, el citado candidato podría recoger, con mano certera, los grandes retos que afrontan los programas de infraestructura. Avanza este sector con paso firme, pero tiene por delante desafíos, de los cuales dependen su continuidad y buena marcha.
Primero, preservar y, de ser necesario, robustecer la institucionalidad ya creada en entidades como la Financiera de Desarrollo Nacional, o la Agencia Nacional de Infraestructura, por mencionar tan solo dos. Allí, y en el resto de entes del ramo, se hace imperativo contar con funcionarios honestos y técnicos que a la vez gocen de estabilidad en sus cargos.
Segundo, gestionar con especial eficacia el día a día y la buena marcha del programa de concesiones viales de cuarta generación. Sin duda, la mayor apuesta que hoy tiene el país en materia económica. No en vano, su ejecución total demandará recursos cercanos a los 40 billones de pesos. Hoy, el programa cuenta con 30 proyectos adjudicados, de los cuales 21 están en etapa de construcción y 15 de ellos tienen cierres financieros definitivos. Esto, sin perjuicio de continuar con la modernización de puertos y aeropuertos, y con los esfuerzos para recuperar el ferrocarril y la navegación fluvial.
Tercero, capitalizar los derroteros trazados en el Plan Maestro de Transporte Intermodal 2015-2035. Esa hoja de ruta, que debe convertirse en un plan de Estado, pretende –con la integración de los diferentes modos de transporte– dar mayor conectividad a departamentos y municipios. La iniciativa cuenta con 32 proyectos de vías secundarias estratégicas. En el plan también descuella la denominada carretera del siglo: Pacífico-Orinoquia, una vía de 1.450 kilómetros que se desplegará a lo largo de 350 municipios, entre Buenaventura y Puerto Carreño, en la frontera con Venezuela.
Cuarto, promover la creación de una política que garantice a las pequeñas y medianas empresas de ingeniería un espacio para competir por la oferta pública de proyectos de obra civil. No se trata de un asunto menor si se tiene en cuenta que más del 90 por ciento de las compañías del sector están caracterizadas dentro de las llamadas pymes. De allí, entre otras, la necesidad de relegitimar el anticipo, porque al ser un mecanismo de financiación, permite que las empresas cuenten con los recursos para dar inicio inmediato a los proyectos.
Quinto, implementar la figura del pliego-tipo vinculante, adoptada recientemente por el legislador, la cual busca frenar en seco los procesos licitatorios amañados y corruptos. Serán las pymes, justamente, grandes beneficiarias de este mecanismo, en particular aquellas que se encuentran asentadas en regiones donde la contratación ha sido cooptada históricamente por las mafias de la corrupción.
Sexto, propiciar un marco de seguridad jurídica que garantice la estabilidad de los contratos e incentive la confianza inversionista. Dentro de ese contexto, urge el trámite de la ley estatutaria de consultas previas, para precisar de manera clara los derechos de las comunidades, sin generar tropiezos al necesario avance de la infraestructura.
El futuro presidente tiene en sus manos el gran reto de acometer estas tareas y dar continuidad al portentoso dinamismo cobrado por el sector de la infraestructura en los últimos años.
JUAN MARTÍN CAICEDO FERRER
Presidente Ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura
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