Opinión

Dos normas urgentes para el 2019

La cantidad de abusos contra menores genera una emergencia social.

06 de enero 2019 , 11:39 p.m.

La imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores.

El 87,7 por ciento de las víctimas de abuso sexual en Colombia son menores. Cada 22 minutos se registra un caso de abuso de menores, y tres de cada cuatro víctimas son niñas. En los últimos dos años, el incremento de estas conductas criminales fue cercano al 20 por ciento.

Según los cálculos de este mismo diario, con base en datos oficiales de Medicina Legal (que, en todo caso, adolecen de un serio subregistro), el promedio de casos de abuso sexual contra niños y niñas en Colombia era de 50 diarios en 2016 y llegó a 64 diarios en 2018. No es un problema menor. No son datos marginales. Es una catástrofe social. Una calamidad colectiva. Una vergüenza nacional.

Lo primero que se debe hacer para estos cuatro años es adecuar las bases del Plan de Desarrollo a la Constitución nacional y superar la visión sectorial de los derechos de los niños, y convertirlo en un asunto transversal y prioritario.

Pero, para efectos de los abusos sexuales contra menores, se requiere además una norma penal que establezca, como en Chile, que los delitos sexuales contra los menores son imprescriptibles, es decir que el paso de los años no extinga nunca la acción penal.

Baste un ejemplo: una niña sometida a abuso por algún miembro de su entorno familiar mientras es menor de edad teme afectar a su familia con la denuncia, tiene sentimientos mezclados, no entiende muy bien la frontera entre adulto protector y adulto abusador, es fácil víctima de amenazas y amedrentamiento. A veces pasan décadas, y cuando la víctima tiene sus propios hijos, finalmente, 25 o 30 años después, se decide a denunciar al criminal de su familia. En Colombia, ese delito hoy estaría prescrito.

Además de la cadena perpetua, los abusadores deben saber que su crimen podrá ser perseguido siempre. Hemos conocido con dolor e indignación los casos desgarradores de Angie Lorena, Génesis Rúa o Hans Tafur. Desde el asesinato de Génesis, en octubre, se han cometido más de 6.200 abusos contra menores. La inmensa mayoría siguen impunes y sus victimarios, tranquilos en sus casas. ¡No más!

La ley del árbol y acción eficaz contra la deforestación.

Colombia es una verdadera potencia ambiental. El país más biodiverso del mundo por kilómetro cuadrado. Sin embargo, estamos perdiendo nuestros bosques, nuestros árboles, nuestros ecosistemas como consecuencia de una deforestación salvaje, brutal, ciega, criminal.

Tiene razón el exministro Manuel Rodríguez cuando señala que la principal prioridad ambiental para Colombia en 2019 es desarrollar un proceso contundente para detener la deforestación, que destruye irreversiblemente valores ecológicos únicos como en el Amazonas, y cuando advierte que resulta imperativo acordar una lucha frontal contra la deforestación, propósito en que pueden converger diversos sectores políticos. Todos, diría yo. Para ello, el Plan de Desarrollo puede incorporar una batería interesante de herramientas de aplicación inmediata.

Y dentro de ese empeño adquiere especial importancia la llamada ley del árbol, cuya tramitación ya se ha iniciado en el Congreso de la República, impulsada con tino y entusiasmo desde la sociedad civil por el exgobernador del Tolima y líder quijote de la defensa de los consumidores, Ariel Armel, a quien tanto debemos los colombianos.

La ley del árbol puede ser ese primer gran aglutinante de diversos sectores en busca de causas comunes, de manera que en todo nuestro territorio preservemos y multipliquemos árboles y bosques para que plantemos millones de árboles, articulemos acciones concretas para enfrentar la deforestación y estimulemos una cultura nacional en defensa de los árboles que será también una contribución relevante a la lucha que libra la humanidad contra el cambio climático. Con la guía diligente del ministro Ricardo Lozano, estos proyectos podrán fructificar.

JUAN LOZANO

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