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Nuevas circunscripciones electorales

El tamaño de las referidas circunscripciones obliga a listas que parecen directorios telefónicos.

Jaime Castro
El voto preferente dispara los costos de las campañas y genera corrupción, pero no es posible eliminarlo si continuamos eligiendo las corporaciones públicas de origen popular en las circunscripciones de siempre. Los cien senadores hoy son elegidos con los votos que obtengan en cualquier lugar del territorio nacional, por lo que, en principio, hacen campaña en todos los municipios y departamentos o en un buen número de ellos. Se sabe que esas campañas, en muchos casos, se adelantan ‘comprando’ el apoyo electoral de listas de Cámara, a veces hechizas, y de diputados, concejales y otros ‘dueños’ de votos que ponen su clientela a sufragar por candidatos al Senado que ni siquiera conocen. Lo anotado explica las curules del Senado que cuestan 5.000 y más millones.
Con otras cifras, una situación comparable viven los representantes a la Cámara y los diputados que hacen su campaña en circunscripciones departamentales que a veces tienen más de cien municipios –Antioquia, Cundinamarca y Boyacá– o están densamente pobladas –Valle, Atlántico, Santander y Caldas–. Lo mismo puede decirse de los concejales de las grandes urbes. Los de Bogotá, por ejemplo, tienen que convencer un censo electoral de 6 millones, y para algunos de ellos sus curules pueden costar 3.000 o más millones.
El tamaño de las referidas circunscripciones obliga a listas de candidatos que parecen directorios telefónicos de bolsillo: cien nombres para el Senado, 45 para el Concejo de Bogotá, 21 para los concejos de varias capitales y 17, 13, 7 y 6 para las cámaras, respectivamente, de Antioquia, el Valle, Atlántico, Santander. Tales listas, por el número de sus candidatos, tienen que autorizar el voto preferente: se puede votar por el candidato que el elector prefiere. No pueden ser listas cerradas: se vota por la lista que fue inscrita.
Así ocurre porque ninguno de nuestros partidos –salvo los que representan una organización religiosa o étnica que impone disciplina– puede elaborar democráticamente sus listas y conseguir tantos votos por ellas como los que lograría con el voto preferente. Por eso, el Congreso no ha ordenado ni aprobará listas cerradas, sin voto preferente.
Necesitamos, entonces, circunscripciones pequeñas física y demográficamente, para las cuales se presenten listas de pocos nombres y que políticamente reúnen múltiples ventajas: los candidatos son conocidos o se sabe quiénes son, establecen relación cercana entre el elector y el elegido, estimulan participación ciudadana en la vida pública, facilitan eliminar el voto preferente y castigan los costos de las campañas. Esas circunscripciones a escala humana son hoy fáciles de delimitar porque el país, de acuerdo con la Constitución y la ley, ha venido organizando e institucionalizando divisiones administrativas que tienen base territorial, interpretan realidades geográficas, económicas y sociales y pueden expresar identidad política si hacen las veces de circunscripciones electorales.
Es el caso de las regiones administrativas y de planificación (RAP), que deberían ser circunscripciones para la elección de senadores, de acuerdo con la población de cada una de ellas. Ya fueron creadas las RAP Caribe, Pacífico, Eje Cafetero y Central. Circunscripciones para la elección de representantes a la Cámara y diputados deberían ser las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios y las provincias que haya en cada uno de los departamentos. Y las localidades y comunas que conformen el territorio de las grandes ciudades deberían hacer las veces de circunscripciones para la elección de concejales.
Solo con estas nuevas circunscripciones se puede eliminar el voto preferente y reducir los costos de las campañas a las sumas que fije la ley.
JAIME CASTRO
jcastro@cable.net.co
Jaime Castro
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