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¿Más ‘Ñoños’ al poder?

Convirtieron entidades territoriales en feudos podridos que manejan roscas y clanes familiares.

Jaime Castro
Las críticas situaciones que viven buen número o la mayoría de municipios y departamentos no obedecen a que sus planes de desarrollo no coincidan en el tiempo con los de la Nación ni a que la elección de sus autoridades no se realice con las del Gobierno central y el Congreso, como piensan quienes piden unificar el calendario electoral y prorrogar más de dos años el periodo de los actuales ediles, concejales, diputados, alcaldes y gobernadores.
Las causas son otras. Tienen que ver, sobre todo, con el deterioro de nuestras prácticas políticas, que convirtieron las entidades territoriales en feudos podridos que manejan roscas, camarillas y, a veces, clanes familiares. Los motivos de los congresistas que razonan, como antes se dijo, no son, entonces, los que presentan públicamente. Los anima el propósito de apoderarse de los municipios y departamentos que todavía no han logrado controlar.
La descentralización, inicialmente, cambió el mapa político (acabó el monopolio liberal conservador en alcaldías y gobernaciones) y produjo notables resultados económicos y sociales (garantizó inversión pública en todo el país, amplió la cobertura y mejoró la calidad de varios servicios públicos). Así lo establecieron el Banco Mundial y el Departamento de Planeación.
Como la clase política con asiento en el Capitolio no se conforma con la ‘mermelada’ nacional que últimamente recibió, decidió ir por las entidades territoriales, que son atractivos centros de poder: tienen puestos, contratos, presupuestos bien financiados y ejercen interesantes –de pronto lucrativas– funciones, para lo cual deben elegir como alcaldes y gobernadores a sus amigos y familiares más cercanos, gracias a su ‘know how’ electoral y al peso de sus recursos y maquinarias, que se emplean a fondo porque también se juega la reelección de representantes y senadores.
Fue este bacilo el que pervirtió la descentralización y la convirtió en sinónimo de politiquería y corrupción, hecho del que no se ocupa el Congreso, aunque su eliminación produciría más ahorro que suprimir las elecciones territoriales.
Como el presidente Duque ha proscrito la ‘mermelada’, quienes no sobreviven políticamente sin ella, con mayor razón ahora pretenden las alcaldías y gobernaciones, fáciles de conseguir si se juntan las campañas territoriales con las nacionales, porque estas últimas dominarían el escenario y el voto de la ciudadanía, después de ahogar expresiones locales y regionales cuya identidad y valores respetó la Carta del 91 con la separación de las elecciones, porque si se ‘amarran’ las territoriales a las nacionales, los ‘Ñoños’ de todos los partidos se tomarían los centros de poder regional y local que todavía no son suyos.
Unificar el calendario electoral y prorrogar periodos son además decisiones inconstitucionales. Si el Congreso puede prorrogar mandatos populares, también podría recortarlos, tanto los de las autoridades citadas como los del Congreso y el presidente de la república. Sin embargo, no puede hacerlo porque está habilitado para reformar la Constitución, pero no para sustituirla por otra distinta cambiando sus principios fundamentales y su ordenamiento institucional.
No puede por ello eliminar los principios rectores de la democracia, la descentralización y la autonomía territorial. Varias sentencias de la Corte han tumbado normas que sustituían la Constitución. También han prohibido legislar con nombre propio, como ocurriría en este caso, porque son conocidos los beneficiarios de la prórroga.
No obstante el clima anticorrupción que hay en el país, las instancias decisorias en la materia guardan silencio sobre la politiquería y corrupción de municipios y departamentos y no proponen nada para combatir las conductas dolosas de quienes los gobiernan.
JAIME CASTRO
jcastro@cable.net.co
Jaime Castro
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