Opinión

Cuba en su laberinto

El protocolo no se celebró para que sirviera como patente de corso.

08 de febrero 2019 , 07:43 p.m.

El aleve ataque a la Escuela de Cadetes de la Policía dinamitó los diálogos de paz que adelantaban el Gobierno y el Eln. Fue, entonces, la organización rebelde la que los dio por terminados, no el gobierno Duque, que los había suspendido hasta cuando los elenos dejaran de perpetrar los delitos atroces –secuestros, reclutamiento de menores, confinamiento de comunidades rurales y asesinato de civiles y líderes sociales que estaban cometiendo, según documentada denuncia de Human Rights Watch (https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/jose-miguel-vivanco/la-hipocresia-del-eln-elatentado-a-la-general-santander-319422)–.

Si se aplica el protocolo secreto que suscribieron el Gobierno y voceros del Eln, la delegación guerrillera debía regresar a los lugares de donde salió. Seguramente haría uso de la cláusula que le permite, durante el recorrido de retorno, “hacer tránsito en territorio venezolano dentro del cual se trasladará bajo la responsabilidad” de las autoridades de dicho país. Así lo debió pedir el Eln por los intereses que allí tiene, y el gobierno anterior, inexplicablemente, estuvo de acuerdo (https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/los-negocios-del-eln-con-lavenezuela-de-maduro-).

El protocolo citado no es tratado público ni desarrollo del artículo 3 Común de los Convenios de Ginebra, porque no tuvo por objeto humanizar la guerra ni evitar la extensión de sus efectos a la población civil. Es documento político, atípico, porque no ha sido definido ni catalogado como tal por la Constitución o la ley. Obligaba política mas no jurídicamente al gobierno que lo suscribió, pues, por ser una de sus partes, adquirió compromisos políticos que debía cumplir. Puede obligar también a gobiernos posteriores que compartan la línea política del anterior y decidan continuar los diálogos o negociaciones en curso. Pero no obliga a los que tengan posiciones políticas diferentes, que pueden ser producto de resultado electoral desfavorable al gobierno que lo firmó.

Tampoco se puede cumplir porque las situaciones surgidas últimamente son distintas de las previstas en el protocolo, pues la ruptura pactada de los diálogos debe ser la que resulte de decisión conjunta o individual de las partes, cuando no lograron los propósitos que persiguieron o consideraron que no convenía seguir dialogando.
Así tiene que ser porque el protocolo no se celebró para que sirviera como patente de corso, amnistía anticipada o causal de extinción de la acción penal frente al terrorismo ni para que naciones amigas fueran garantes de actos terroristas. La prueba de cómo debía tener lugar el rompimiento está en el texto mismo del protocolo: a las partes correspondía “planear y concretar el retorno a Colombia de los miembros de la delegación del Eln y el procedimiento (para tales efectos) se acordará y redactará en reunión con los países garantes”. Nada de ello es posible porque las partes tienen posiciones encontradas sobre el tema y los países garantes tampoco están de acuerdo: una cosa piensan Noruega y Cuba; y otra, Chile y Brasil.

La petición de Colombia –investigación y juzgamiento de los voceros del Eln por actos de la organización que presiden y dirigen– tiene, además, sólido respaldo jurídico: la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas condena el terrorismo porque amenaza la paz y la seguridad internacionales e impone a todos los Estados la obligación de no permitir en sus territorios cualquier acto que lo apoye y está vigente el tratado de extradición con Colombia que obliga a Cuba.

Si la delegación permanece donde está, ¿Cuba le concederá asilo político a pesar de que la mayoría de sus miembros tiene circular roja de Interpol? ¿La enviará a Venezuela? ¿A Noruega, si la recibe? ¿Permitirá que salga de la isla a espaldas de sus autoridades?

jcastro@cable.net.co

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