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Bogotá, ciudad región

Corresponde al nuevo gobierno y al nuevo Congreso promover y hacer esa gran reforma territorial.

Jaime Castro
Nuestra primera gran metrópoli, y una de las más importantes de América Latina, tiene una triple dimensión regional que incrementa su tamaño: 15 millones de habitantes y más del 30 % del PIB nacional. En primer lugar, constituye verdadera ecorregión con los 27 municipios de las cuencas alta y media del río Bogotá, eje estructurante de la Gran Bogotá. Luego, tiene relaciones cercanas con los 114 municipios del departamento de Cundinamarca. Y, en tercer lugar, está conectada con los departamentos de Boyacá, Tolima y Meta.
Situaciones de naturaleza comparable también se producen en otros continentes. En todas partes son reglamentadas con base en consideraciones históricas, sociales, políticas, económicas y administrativas, que no son las mismas en todos los casos. A nosotros nos corresponde hacerlo de acuerdo con nuestra propia realidad y teniendo en cuenta que las recíprocas relaciones e interacciones entre la metrópoli y su entorno exigen que el Gobierno y la administración de aquella y de este coordinen e integren sus funciones en algunos temas, porque el manejo de la seguridad, el medioambiente, la movilidad (transporte y tránsito), el uso del suelo y las políticas tributarias del Distrito y los municipios no pueden ser de competencia exclusiva de las autoridades locales para que su ejercicio beneficie a toda la región, sin perjudicar a ninguna de sus partes, por lo que tienen que ser adoptadas dentro de un marco normativo que privilegie el tratamiento de problemas y la definición de soluciones que vayan más allá de las fronteras político-administrativas.
Las tres dimensiones regionales citadas, que favorecen y afectan a la metrópoli y los municipios y departamentos circunvecinos, tienen distintos límites geográficos y deben organizarse para el cumplimiento de atribuciones diferentes pero complementarias, en cada uno de sus ámbitos territoriales. Uno debe ser el estatuto que organice la Gran Bogotá que conforma la ecorregión y es comparable, guardadas las proporciones, al Gran Londres y el Gran Buenos Aires. Otro, el que reglamente la Región Capital, como algunos llaman la que integran el Distrito y Cundinamarca. Y otro, bien distinto, el que organice la región de planificación, como denomina la Constitución la que hay entre la capital y los departamentos atrás citados.
En completo y documentado editorial, EL TIEMPO anota que lo anterior “no ha sido posible, aunque se han realizado decenas de estudios e innumerables propuestas, sin resultados tangibles”, por razones políticas: el temor de las autoridades, que deben tomar o aceptar decisiones comunes a “perder poder, influencia y capacidad de decisión”.
Esos intereses políticos han logrado imponer su punto de vista, porque las instancias decisorias en la materia –Gobierno Nacional, Congreso y partidos– olvidaron el tema territorial. A mediados de los ochenta pusieron en marcha el proceso descentralizador que completó la Constituyente del 91 y con el paso del tiempo se pervirtió y desnaturalizó tanto que se volvió sinónimo de malos manejos y corrupción. Las citadas instancias cohabitan con esas situaciones, porque se benefician política y electoralmente del desorden en las entidades territoriales. Por ello no se ocupan del caso de Bogotá, que interesa igualmente a Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena y Cúcuta, que también son ciudades-región y demandan una organización institucional que interprete y exprese su realidad.
Corresponde al nuevo gobierno y al nuevo Congreso promover y hacer esa gran reforma territorial. ¿Tendrá que hacerla una asamblea constituyente o el pueblo mediante referendo?
JAIME CASTRO
jcastro@cable.net.co
Jaime Castro
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