Opinión

Medellín y Cali están solas

A pesar de la complejidad de su violencia, el Estado nacional las ha tratado como unas ciudades más.

04 de mayo 2018 , 12:00 a.m.

El homicidio ha sido el indicador preponderante para evaluar la seguridad de los ciudadanos, y tiene que ser así porque la vida es el derecho más importante, sin el cual es muy difícil disfrutar de los otros derechos, como la propiedad, el libre desarrollo de la personalidad, la libertad.

Sin embargo, las solas cifras de homicidios no permiten comparar las condiciones de seguridad entre las ciudades, evaluar sus resultados, y menos aplicar las mismas recetas para reducir este delito. Mientras que en ciudades como Medellín y Cali, más del 70 por ciento de los homicidios se deben al accionar de estructuras del crimen organizado y el restante 30 por ciento a problemas de convivencia e intolerancia, en Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga y otras sucede lo contrario. Frente a esta situación, el Estado nacional, en coordinación con las alcaldías, debe diseñar y ejecutar acciones acordes con cada situación.

A Medellín y Cali, a pesar de la complejidad de su violencia, el Estado nacional las ha tratado como unas ciudades más, sin reconocer que en ellas el crimen organizado ha permanecido desde el siglo pasado y se ha profesionalizado mucho más en el manejo y control del narcotráfico, la extorsión generalizada, la minería ilegal, el contrabando, la trata de personas y el hurto, la comercialización y exportación de celulares, carros y motos; crimen organizado que no se puede combatir solo con aumentar los policías o con el fortalecimiento de la Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes.

Se requiere un plan integral de acción en el cual la ejecución coordinada y permanente de los gobiernos nacional y municipales juega el papel más importante.

No se ha entendido que los problemas de violencia y delincuencia de estas dos ciudades superan sus límites territoriales y las capacidades locales. Son dos epicentros regionales para la economía formal, pero también para las economías ilegales. Medellín es la ciudad más importante del noroccidente colombiano, que va hasta la costa Atlántica, pasando por Urabá, bajo Cauca, nudo de Paramillo, frontera con Panamá, Chocó, Magdalena Medio y el sur de Antioquia, un epicentro desde donde las organizaciones criminales controlan sus negocios ilegales en este territorio.

Igual situación tiene la ciudad de Cali, epicentro del sur del país con Nariño, Putumayo y Cauca; Buenaventura, en el Pacifico, y los límites de los departamentos de Tolima y los del Eje Cafetero.

Cuando hay problemas en estas ciudades, el Gobierno Nacional manda más policías o saca el Ejército a las calles, la Policía y la Fiscalía envían grupos especializados que no coordinan ni siquiera con sus compañeros institucionales, pero, una vez la situación baja en intensidad, los esfuerzos desaparecen. Acciones descoordinadas y sin continuidad que no acaban con el problema, sino que lo controlan momentáneamente, porque lo único que deben hacer los delincuentes es esperar a que disminuyan las acciones estatales.

Para enfrentar esta situación de crimen organizado es necesario un trabajo permanente y articulado del Gobierno Nacional y las administraciones municipales, de las instituciones de inteligencia e investigación criminal de la Policía, la Fiscalía, las Fuerzas Militares y la Uiaf del Ministerio de Hacienda, para atacar toda la estructura criminal, la cadena completa de producción, transporte y distribución de los productos ilegales, así como el blanqueo de recursos, y decomisar todos sus bienes, que es lo que más les duele a los criminales.

No basta con perseguir a las cabezas de estas organizaciones, que una vez se eliminan se reproducen porque son verdaderas familias mafiosas, lo cual les ha permitido continuar con el negocio y persistir en el tiempo; también hay que atacar a los mandos medios, evitando que asciendan, se enriquezcan y se consoliden en la organización. Igualmente, hay que tener acciones para los que apenas ingresan a estas organizaciones o están en tránsito de ingresar. Es decir, se requiere un plan integral de acción en el cual la ejecución coordinada y permanente de los gobiernos nacional y municipales juega el papel más importante.

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