Opinión

Logros y limitaciones

El Código Nacional de Policía y Convivencia, que va a cumplir un año de expedición.

07 de enero 2018 , 01:37 a.m.

El Código Nacional de Policía y Convivencia, que va a cumplir un año de expedición, como cualquier ley, no es perfecto, pero hay que reconocer que su actualización les dio herramientas importantes a las autoridades de policía para que cumplieran con su obligación de garantizar la convivencia y seguridad ciudadana.

Como lo informó la Policía Nacional, entre el 1.° de agosto y finales de diciembre se impusieron 391.513 multas a ciudadanos que infringieron algunas de las normas que regula el Código de Policía, control de los malos comportamientos que contribuyó en algunas ciudades a reducir las riñas y lesiones y a mejorar la convivencia y seguridad. Una buena noticia y un buen comienzo en la aplicación del nuevo código.

Sin embargo, persisten algunas limitaciones que hacen que este no se aplique en su totalidad. Una de estas tiene que ver con la idea generalizada que existe entre el común de la gente y algunas autoridades de que es una ley que le corresponde aplicar solo a la Policía Nacional, quedándose por fuera muchas autoridades de policía que no cumplen con sus obligaciones en la ejecución del código ni en la garantía de la convivencia y la seguridad de los ciudadanos. Es el caso de algunos gobernadores, alcaldes, inspectores de policía, corregidores, las autoridades especiales de policía en salud, ambiente, minería, ordenamiento territorial, protección del patrimonio cultural, planeación, vivienda y espacio público (art. 198) y los poderes subsidiarios y residuales de Policía (artículos 12 y 13), que son las asambleas departamentales y concejos municipales. Hasta ahora, solo se han comprometido en la aplicación del código la Policía y unas pocas alcaldías.

La segunda limitación tiene que ver con la posibilidad real de que la mayoría de los amonestados paguen las sanciones económicas impuestas por infringir normas. Según el código, si las multas no fueren pagadas dentro del mes siguiente, el funcionario competente deberá reportar la existencia de la deuda al Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República (parágrafo art. 180), que deja al infractor inhabilitado para desempeñar algún cargo público, y no podrá contratar con el Estado. Si transcurridos noventa días no ha pagado, se procederá al cobro coactivo, incluyendo los intereses por mora y costos del cobro coactivo (art. 182).

En este punto hay que reconocer que son limitadas las capacidades institucionales para realizar miles de cobros coactivos, y seguramente es más costoso el trámite que lo que se recaudaría.

Si definitivamente el sancionado no paga, no “podrá obtener o renovar permiso de tenencia o porte de armas, ser nombrado o ascendido en cargo público, ingresar a las escuelas de formación de la Fuerza Pública, contratar o renovar contrato con cualquier entidad del Estado, obtener o renovar el registro mercantil en las cámaras de Comercio” (art. 183). Hay que preguntarse: ¿cuántos de los miles de sancionados que no paguen van a sentirse afectados por estas restricciones? Se puede asegurar que muy pocos, y, por tanto, la gran mayoría no pagarán las multas.

En este caso, para no limitarse solo a la sanción económica, hay que hacer uso de otras formas de control expuestas en el código, como son las medidas preventivas y sanciones administrativas contempladas en la normativa subsidiaria de esta norma, y hacer uso de la medida de prevención y protección prevista en el artículo 155 y en la sentencia 720 de 2007 de la Corte Constitucional. Sin embargo, aquí también solo unas pocas alcaldías, entre las que se destacan las de Medellín, Bogotá y Barranquilla, han hecho los esfuerzos necesarios para aplicar medidas distintas a las multas.

Un feliz cumpleaños del código, que requiere mayores esfuerzos de todas las autoridades de policía y no solo de la Policía y unas pocas alcaldías.

HUGO ACERO VELÁSQUEZ

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