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Pecado original

El Congreso tiene en sus manos mejorar el proyecto de gobierno o conducirnos a una crisis fiscal.

Guillermo Perry
Gobierno y Congreso están enfrascados en una discusión contra reloj de la ley de financiamiento, de la que depende el futuro inmediato de nuestra economía. Es de lamentar que se hubiera presentado tan tarde este importante proyecto, pues, en lugar de una discusión ordenada que permita enmendar sus fallas, se corre el riesgo de salir con un Frankenstein.
Lo peor que podría pasar es que la ley no garantice los aumentos de recaudo necesarios para cumplir con la regla fiscal, lo cual, como han advertido Fedesarrollo y Anif, podría llevar a perder el grado de inversión y caer en una recesión, como le ocurrió a Brasil en el 2013.
El proyecto del Gobierno era ya insuficiente en esta materia. Varias de sus propuestas reducirían considerablemente el recaudo: la disminución de la tasa general del IVA hasta 17 %; las orientadas a mejorar la competitividad de las empresas (rebaja de la tasa de 33 a 30 %, descuento del IVA pagado en bienes de capital y deducción del ICA y el gravamen a las transacciones financieras –GRTF–); los nuevos regalos tributarios (a las supuestas megainversiones que generen más de 50 empleos, a las inversiones en el sector rural, a los hoteles y a una amplia lista denominada ‘economía naranja’ que incluye actividades que nada tienen que ver con las industrias creativas y tecnológicas).
Y lo grave es que la suma de su impacto adverso contrarrestaría los aumentos de recaudo originados en otras medidas: la ampliación de la base del IVA (al gravar nuevos productos a la tasa general y compensar solamente a las familias de ingresos bajos), el impuesto a los patrimonios altos y un mayor gravamen a las rentas de personas pudientes. El efecto neto dependería a la larga casi íntegramente del incierto resultado de una nueva normalización tributaria (blanqueo de activos no declarados) y un mayor control de la evasión (y eso al tiempo que se elimina el régimen presuntivo, que ha constituido un piso para la planeación tributaria agresiva de ciertos asesores tributarios). Por esa razón he señalado que la sostenibilidad fiscal del país quedaría dependiendo de una especie de apuesta de casino, lo cual no parece responsable.
El Congreso podría mejorar esta propuesta. Podría corregir el exceso en que se incurriría de subir de un totazo de cero a 18 % el gravamen a productos sensibles, como los alimentos, lo que asestaría un duro golpe a los hogares de estratos 3 y 4 (familias vulnerables aunque no pobres, que no recibirían compensación) y, por una vez, a los índices de inflación. Pero tendría que equilibrar las cargas optando por no bajar la tasa general del IVA, eliminar prebendas y reducir los estímulos a la competitividad.
Si, por ejemplo, gravara los productos básicos antes exentos a una tasa intermedia de 10 o 12 %, podría equilibrar el recaudo manteniendo la tasa general del IVA en 19 %, limitando a la mitad los nuevos descuentos de IVA, ICA y GRTF y eliminando algunas de las nuevas o viejas exenciones y regímenes privilegiados. También podría acudir, como han sugerido algunos analistas, a aumentar los impuestos verdes y los gravámenes a las bebidas azucaradas y la comida chatarra, a los dividendos y las ganancias de capital. Con ello, el proyecto mejoraría en términos de equidad y garantizaría la sostenibilidad fiscal futura.
Sin embargo, la conjunción de la premura de tiempo, un ministro de Hacienda debilitado, un presidente bienintencionado pero que no termina de consolidar su liderazgo, una oposición beligerante y el fuego amigo de los independientes y el partido de gobierno –que parecen echar de menos la ‘mermelada’– conspiran contra un buen resultado. El Congreso puede acabar aprobando todo lo que reduce recaudos y nada de lo que los aumenta. El Gobierno se quedaría con el pecado y sin el género. Y el país terminaría en una crisis fiscal.
GUILLERMO PERRY
Guillermo Perry
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