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Salud: un acuerdo sobre lo esencial

La ley de punto final requiere poner de acuerdo a los actores en la cifra y su titularización.

Colombia inició, desde la Constitución de 1991 y con la Ley 100 de 1993, la reestructuración del sistema de salud. Esta consideró los principios de eficiencia, universalidad, seguridad, integralidad y participación, buscando mejorar las condiciones de vida de los colombianos.
Los resultados han incluido la ampliación de la cobertura de la población afiliada, pasando del 15,7 al 97,2 por ciento; la unificación de los servicios del POS entre el régimen subsidiado y el contributivo; el aumento de los servicios no cubiertos por el plan de beneficios; la disminución del gasto de bolsillo de las familias y mejoras en los indicadores de salud, como el aumento de la expectativa de vida y la disminución de la mortalidad materna, neonatal e infantil.
Los resultados positivos son innegables, y ahora la gran lucha del sistema es asegurar su financiación. Entre las estrategias están la búsqueda de nuevas fuentes y la regulación de precios de medicamentos.
Las deudas acumuladas de la Adres (antes Fosyga) oscilan entre 7 y 14 billones de pesos; y los recobros anuales, entre los 4 y 5 billones de pesos, de los cuales estarían desfinanciados entre 1,5 y 2,5 billones, siendo este el principal factor desestabilizador del sistema. Como lo ha dicho el saliente ministro de salud, Alejandro Gaviria, se gasta más de lo que se tiene.

Los resultados positivos son innegables, y ahora la gran lucha del sistema es asegurar su financiación. 

Las pérdidas de las 43 EPS del país ascendieron a 1,1 billones de pesos al terminar el 2017. Su patrimonio fue de -3,8 billones, frente a 44 billones de recursos administrados. Esa gran debilidad se ha ahondado en el segundo semestre del 2018. La urgencia, para decirlo en términos médicos, es taponar la vena rota de los recobros. Y, simultáneamente, proceder con las soluciones estructurales que estabilicen el flujo de los recursos entre los actores del sistema.
No podemos seguir aplicando remedios paliativos a un problema de esta magnitud. Es necesario separar los activos tóxicos de los corrientes, generar fórmulas de largo plazo para lo vencido y obtener una importante liquidez en el presente y un diferido del resto, con garantía de pago y partiendo del equilibrio en lo corriente. En el programa de gobierno del presidente Duque se menciona una “ley de punto final” y una depuración de “malos actores”. Es una solución valiosa. Esperar a que por las vías judiciales se resuelvan las deudas vencidas sería costoso, desgastante y, sin duda, inoportuno, si se habla de la salvación del sistema.
En Coomeva EPS contamos con 2’350.000 afiliados, aproximadamente (el 27 por ciento, 634.000 usuarios, como grupo de alto riesgo), y hacemos presencia en 111 municipios. Mensualmente realizamos a nivel nacional un promedio de 611.000 consultas de medicina general y especializada, 104.000 atenciones en servicios de urgencias, 11.000 hospitalizaciones, 74.000 cirugías, y atendemos 2.000 nacimientos y más de 400.000 consultas y procedimientos odontológicos. Y aunque la situación cada vez es más crítica, seguimos con la firme convicción de aportar para el desarrollo de un sistema de salud cada vez más óptimo para los colombianos.
Así definimos uno de los grandes acuerdos nacionales a los que debemos llegar en Colombia: encontrar salidas a la financiación y liquidez del sistema de salud; es uno de los grandes retos de nuestro país y uno de los grandes desafíos que enfrentará el nuevo gobierno. La ley de punto final es una decisión acertada que requiere poner de acuerdo a los actores en la cifra y su titularización.
Además, debe ir acompañada con otras estrategias, trabajar en la prevención y promoción de conductas saludables, automatización del sistema con programas compatibles y, por último, es clave la cooperación que rescate la legitimidad del sistema y la confianza entre los actores para la gestión de un sistema más eficiente.
GILBERTO QUINCHE TORO
* Gerente general del sector salud de Coomeva
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