Opinión

Legislar entre discrepancias

Magistrados y congresistas tienen en sus manos el futuro de Colombia.

20 de julio 2017 , 12:00 a.m.

En vez de promover odios entre adversarios, es mejor construir lo posible a partir de conocer y comprender las posiciones conceptuales distintas y legítimas sobre el proceso de paz. Esto es crucial para las cortes, los jueces y el Congreso, porque de allí se deriva el juicio ético y jurídico sobre el asunto.

La discrepancia está en dos posiciones. Unos afirman, con Álvaro Uribe, que en Colombia no hubo conflicto armado, sino bandidos narcoterroristas en contra de la sociedad democrática y el Estado legítimo. Otros afirman, con el equipo negociador del Gobierno, que, sin estar ellos de acuerdo con la violencia y el terror, sí hubo conflicto de insurgentes que consideraron ilegítimo al Estado y tomaron las armas arguyendo el derecho a la rebelión.

Para los que piensan que no hubo conflicto armado, negociar con las Farc es un error, pues a los terroristas se los vence militarmente, se los castiga en justicia y se les puede dar menos cárcel. Pero no se negocia nada con ellos; ni la estrategia rural, ni la lucha contra la coca, ni justicia especial ni participación en política. Por eso, los acuerdos con las Farc desde su origen son incompatibles con el Estado de derecho, sustituyen la Constitución, amenazan la propiedad privada y son sometimiento del Estado ante terroristas.

Quienes desde el Estado van a actuar en estos asuntos tienen que estudiar y concluir personalmente si aceptan o no que en Colombia ha habido conflicto armado interno

Para los que consideran que sí hubo este conflicto, lo logrado con las Farc, la insurgencia más dura del continente, es un acierto que detiene miles de muertes, fortalece el Estado de derecho y acrecienta la confianza internacional en Colombia. Pues llevó al enemigo a dejar las armas y a aceptar la legitimidad del Estado, inicia un desarrollo rural integral que terminaría con la coca y consolida la seguridad ciudadana; y, como en otros países que lograron la paz, da a los exguerrilleros participación política. Y da justicia especial restaurativa a los que fueron actores del conflicto de todos los lados.

En este momento, de decisiones gravísimas en la Corte Constitucional y en el Congreso, así como en la Fiscalía y la Procuraduría, los responsables de tales decisiones tienen que aclararse personal e intelectualmente sobre estas dos posicione básicas. De lo contrario, arriesgan a perder la libertad ante la contundencia de las rivalidades emocionales.

Por esas rivalidades, los que no aceptan que haya conflicto armado son señalados como enemigos de la paz, financiadores del paramilitarismo, contrarios al campesinado y a la restitución de tierras y responsables de asesinatos de líderes sociales. Y los que aceptan que hubo conflicto armado, aunque no estén de acuerdo con violencias, son señalados como sustituidores de la Constitución, cómplices de la guerrilla, propulsores de la impunidad, destructores de la economía y de la independencia de las ramas del Estado y castrochavistas que harán un gobierno de bandidos como el de Venezuela.

Por eso, quienes desde el Estado van a actuar en estos asuntos tienen que estudiar y concluir personalmente si aceptan o no que en Colombia ha habido conflicto armado interno. Porque desde allí se hace la hermenéutica para interpretar, en un sentido u otro, el deber y el derecho a la paz en el artículo 22 de la Constitución; y se decide, en concreto, sobre la justicia especial para la paz, la liberación de amnistiados, la participación política y el desarrollo. El asunto no es de miedos –las Farc no volverán a la guerra–, sino de responsabilidad de magistrados y congresistas que tienen en sus manos el futuro de Colombia.

A propósito, invito a ver el documental 'El silencio de los fusiles', síntesis magistral de las distintas posiciones desde los protagonistas, filmado en vivo por Natalia Orozco.

FRANCISCO DE ROUX

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