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El IDU, en el ojo del huracán

El IDU aplica el mismo ‘modus operandi’ que condujo en el pasado a los escándalos de corrupción.

Distintas bancadas del Concejo de Bogotá propusieron un gran debate sobre los dos megaproyectos de la Administración Distrital, el metro elevado (ME) y la troncal de TransMilenio por la avenida séptima (TTM7).
El presidente del Concejo, Daniel Palacios, fijó para el 12 de septiembre próximo la fecha de este debate, de importancia vital en el propósito de que no se sigan presentando proyectos sin estudios técnicos que, de llevarse a cabo sin estos, provocarían inevitablemente un cataclismo urbanístico y financiero del que Bogotá no podría recuperarse en décadas.
En el debate sobre el ME citarán a la cúpula del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) por la certificación de “factibilidad” expedida a las trocales alimentadoras del ME Av. 68 y Av. Ciudad de Cali. La otra troncal que hará parte del debate es la TTM7, troncal complementaria del ME, respecto de la cual ya se interpuso una primera acción jurídica que solicita al IDU declarar el incumplimiento del contrato y aplicar las sanciones correspondientes a la empresa Ingetec, responsable de elaborar los estudios de la 7.a y cuyo contrato tuvo cuatro prórrogas por más de diez meses, que vencieron el 6 de junio del presente año.
Sin embargo, los productos elaborados por Ingetec y aprobados por la interventoría fueron rechazados por la supervisión de la subdirección de Infraestructura del IDU en memorando del 18 de junio (varias veces citado en esta columna) por no cumplir con los requerimientos y observaciones de fondo a las inconsistencias del mencionado estudio de factibilidad y estudio de diseños. Un mes después, vencidos los términos contractuales, apareció extrañamente un oficio de la misma subdirección viabilizando los estudios que había rechazado.
El 4 de agosto de 2018, el gobierno del presidente Santos expidió un nuevo Conpes 3945, por el cual declara de importancia estratégica el componente troncal del ME y aprueba nuevos recursos por el valor de 4 billones de pesos para las troncales alimentadoras del ME. Con esta nueva adición presupuestal, la nación compromete vía vigencias futuras la suma de 19,16 billones de pesos al ME, y el Distrito Capital, otros 7,86 billones de pesos, para un costo del proyecto metro de 27 billones de pesos, más las troncales complementarias de la 7.a y Caracas por valor de 2,5 billones de pesos, para un total del costo del proyecto ME de 29,5 billones de pesos (cifras Conpes 3945/18).

Harán parte del debate citado para el 12 de septiembre las irregularidades encontradas en el proceso de ejecución de los contratos de consultorías encargadas de los estudios de factibilidad.

Los presupuestos aprobados vía vigencias futuras para el ME por la Nación, a través de Conpes y Confis, y Acuerdo Distrital y Confis, han sido soportados en una certificación de factibilidad expedida por la Financiera de Desarrollo Nacional para el componente férreo, y otra certificación de estudios de factibilidad para el componente troncales alimentadoras del metro, expedida por el IDU. Vale recordar que, para financiar y aprobar el presupuesto de proyectos de infraestructura de transporte masivo, los estudios de factibilidad son requisitos de obligatorio cumplimiento tanto para la Nación como para el Distrito, de acuerdo con la Ley 310 de 1996.
Harán parte sustancial del debate citado para el 12 de septiembre las irregularidades encontradas en el proceso de ejecución de los contratos de consultorías encargadas de la elaboración de los estudios de factibilidad. Por ejemplo, el acta de inicio del contrato de la Av. 68 se firma el 8 de noviembre de 2017 (contrato de duración de 10 meses para su ejecución) con fecha de vencimiento 7 de septiembre de 2018. No obstante, en la certificación de factibilidad del 14 de junio de 2018 aparece reseñado que los estudios fueron aprobados por interventoría en el mes de marzo, pero que no han sido aprobados por la supervisión del IDU.

La ciudadanía debe estar atenta al debate del próximo 12 de septiembre en el Concejo, como que es en el bolsillo de todos donde van a meter la mano para pagar los despilfarros billonarios.

Aun así, en respuesta a un derecho de petición, firmada por la directora del IDU, informa ella que hacia el mes de julio de este año, el estudio lleva apenas un avance del 1 % en relación con el producto de diseño de costo y presupuesto, y que el producto de diseño de estructura tan solo va en el 18 %, lo que hace irregular que en el mes de junio de 2018 certificaran la factibilidad de la troncal para tramitar Conpes. Un contrato de 10 meses dividido en tres: un mes para recolección de información, tres más para mostrar factibilidad y seis meses para adelantar estudios de ingenierías de detalles de troncales de más de 20 km. De ese ‘rigor’ son los estudios del IDU para financiar obras billonarias.
En resumen, el IDU aplica el mismo ‘modus operandi’ que condujo en el pasado reciente a los grandes escándalos de corrupción en la ciudad (cartel de la contratación en Bogotá) con pérdidas para el arca distrital por más de dos billones de pesos y el desastre ocasionado a la infraestructura de transporte (troncales de la 26, 10.ª y puente de la 92), símbolos de obras sin estudios de rigor que cayeron en corrupción. Y ni hablemos de la troncal de la Caracas, que, por carecer de esos estudios, se hunde cada nada y obliga a reparaciones constantes que al día de hoy sobrepasan los cien mil millones de pesos.
La ciudadanía debe estar atenta al debate del próximo 12 de septiembre en el Concejo, como que es en el bolsillo de todos y de cada uno donde van a meter la mano para pagar los despilfarros billonarios.
ENRIQUE SANTOS MOLANO
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