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Corrupto el juez

La sentencia del juez Moro no es una decisión jurídica, sino política. Se trata de aniquilar a Lula

Un juez de primera instancia de la 13 Corte Federal de Curitiba (Brasil), Sergio Moro, acaba de dictar un fallo por el cual condena al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) “a nueve años y medio de prisión, seis de ellos por corrupción pasiva y tres y medio por lavado de dinero”, según reza la sentencia.
A su turno el procurador del Ministerio Público Federal, un joven fanático evangélico, Deltan Dallagnol, no tuvo inconveniente, en una entrevista mediática, en señalar al expresidente como “el comandante máximo de la red de corrupción y lavado de dinero que salió a flote durante la operación lava jato (lavado rápido)”, que estuvo adelantada por el juez Moro. El fanático procurador evangélico ha hecho su afirmación sin que nada de lo que dijo le conste. Como hacía otro procurador en Colombia, también fanático religioso.
¿Cuáles son los cargos con que un juez de primera instancia condena al expresidente Lula a nueve años y seis meses de prisión, y un procurador delegado lo sindica de ser el comandante en jefe de la corrupción?
Se sospecha que durante su mandato, el presidente Lula y su esposa (fallecida hace unos meses) tuvieron la intención de comprar un apartamento en el Condominio Solaris en Guarujá. Que el Condominio estaba entonces en preventa en planos y que la primera dama pagó una primera cuota para separar uno de los apartamentos. La sospecha de que los constructores del Condominio, la empresa OAS, les habían adjudicado el apartamento al Presidente Lula y a su mujer, para agradecerles “los favores recibidos”, originó la acusación de corrupción pasiva y lavado de dinero, cuya investigación fue asumida por el juez Moro. La pesquisa de Moro tuvo los dos efectos que buscaba la oligarquía de Brasil, de la cual el juez Moro es un servidor cumplido y eficiente, “un héroe”. El primero, el golpe de estado judicial contra la presidenta Constitucional del Brasil, Dilma Rousseff, en mayo de 2016. Y el segundo, la condenada recién dictada contra el expresidente Lula por el mismo Moro.

En uno de los actos de corrupción judicial que la historia exhibirá como ejemplo de lo que no puede ni debe ser la justicia

En uno de los actos de corrupción judicial que la historia exhibirá como ejemplo de lo que no puede ni debe ser la justicia, el juez Moro condenó al expresidente Lula da Silva sin tener contra él la menor prueba de su presunta o efectiva participación en actos de corrupción pasiva o activa, ni tampoco de lavado de dinero. En algún momento le preguntaron a Moro qué pruebas sólidas tenía contra el expresidente Lula, y respondió con una cachaza inverosímil que pruebas no tenía ninguna, pero que “estaba lleno de convicciones” acerca de la culpabilidad del expresidente. ¿No sabe un juez, por moro que sea, que para condenar en derecho las convicciones no pueden sustituir las pruebas? Lo sabe, claro, pero parte del ser corrupto de jueces como Moro está en que no les importa lo que prescriba el derecho, sino lo que les convenga a sus amos, a los que están interesados en impedir que Lula y el partido de los trabajadores ganen las elecciones del 2018 y retornen al gobierno.
Los cargos concretos contra Lula son los de haberse beneficiado con un lujoso apartamento en un “balneario decadente”, como lo denomina el periodista y escritor brasileño Eric Nepomuceno. Pero, pásmense los lectores, Lula y su esposa no solamente deshicieron la compra del apartamento, que habían hecho sobre planos, sino que tampoco lo aceptaron cuando el condominio estuvo terminado. Hoy el apartamento está desocupado y en las escrituras aparece muy claro que el propietario del inmueble es la firma constructora OAS. Lula da Silva sigue habitando el mismo apartamento modesto en que vivía antes de ser presidente. En cuanto al lavado de dinero, los investigadores buscaron minuciosamente en todos los paraísos fiscales y cuentas off-shore, y no hallaron ninguna que perteneciera al expresidente Lula, a su esposa, a cualquiera de sus allegados o a miembros del partido de los Trabajadores, mientras que sí encontraron lo que no buscaban: varias de esas cuentas off-shore registradas a nombre de muchos de los diputados y otros pájaros que participaron en el golpe contra Dilma Rousseff y en las acusaciones de corrupción contra Lula.
La sentencia del juez Moro no es una decisión jurídica, sino política. Se trata de aniquilar al expresidente, que triplica en las encuestas a todos sus rivales para la elección presidencial del 2018, dentro de catorce meses. Por el momento la condena no inhabilita a Lula para continuar con su candidatura, en tanto el Tribunal Supremo, ante el que han apelado los abogados del expresidente, no resuelva si ratifica el fallo de Moro o absuelve a Lula. Aunque se sabe que los tres miembros del tribunal no son devotos de Lula, es posible que no alcancen a emitir un fallo antes de las elecciones y que en consecuencia Lula pueda presentarse al debate electoral y ser elegido presidente.

Lula da Silva es víctima, o mejor, es culpable del mismo delito antiquísimo por el cual se condenó y crucificó a Jesucristo: trabajar en favor de los humildes

Sin embargo no debe dudarse de que el “lawfare”, o el empleo de la ley como herramienta de persecución política, será empleado sin piedad, como en toda guerra sucia, para tratar de impedir una victoria electoral de Lula y del Partido de los Trabajadores (PT). Agucemos el olfato. Aún si los jueces se apresuraran a inhabilitar a Lula, el PT tiene cuatro cinco posibles candidatos capaces de ganar las elecciones. Que no se apresure la ultraderecha a cantar victoria.
Lula da Silva es víctima, o mejor, es culpable del mismo delito antiquísimo por el cual se condenó y crucificó a Jesucristo: trabajar en favor de los humildes y de los desheredados. Los gobiernos petistas presididos por Lula Da Silva y Dilma Rousseff (2003-2016) consiguieron sacar de la pobreza a cuarenta millones de brasileños, consolidaron los derechos de los trabajadores e hicieron de Brasil la quinta economía del mundo. Por desgracia, los trabajadores brasileños se adocenaron con lo obtenido y reaccionaron demasiado tarde, cuando ya el golpe contra Dilma estaba consumado. Hoy, “por estar viendo telenovelas”, como dijo uno de sus líderes, han perdido, con sólo un año de gobierno neoliberal del golpista Temer, lo mucho que conquistaron en los doce años de Lula y Dilma.
Sea Lula el candidato, o no lo sea, el PT posee la fuerza electoral mayoritaria en Brasil y el candidato que escojan (si Lula es inhabilitado) derrotará sin problemas a los candidatos de la ultraderecha, de la derecha y de la falsa izquierda social demócrata. Los trabajadores del Brasil, al votar por un candidato de su partido distinto a Lula, estarán depositando su voto también por Lula, por lo mismo que ha expuesto la presidenta constitucional defenestrada, Dilma Rousseff, al protestar contra la infamia del juez Moro:
“La condena de Luiz Inácio Lula da Silva, sin pruebas, a nueve años y seis meses de prisión, es un escarnio. Una flagrante injusticia y un absurdo jurídico que avergüenza a Brasil. Lula es inocente y esa condena hiere profundamente la democracia.
“Sin pruebas, cumplen un camino pautado por sectores de las grandes empresas. Hace años, Lula, el presidente de la República más popular en la historia del país y uno de los más importantes estadistas del mundo en el siglo 21, viene sufriendo una persecución sin cuartel.
“Hoy, con indignación asistimos a la aprobación por el Senado del fin del Contrato de Trabajo. Una monumental pérdida para los trabajadores brasileños.
“Ahora, asistimos a esa ignominia que está siendo ejercida contra el ex presidente Lula con el objetivo de coartar sus derechos políticos.
“El país no puede aceptar más este paso en dirección de un estado de excepción. Las garras de los golpistas intentan rasgar la historia de un héroe del pueblo brasileño. No lo conseguirán.
“Lula es inocente. El pueblo brasileño sabrá democráticamente demostrarlo en 2018. Resistiremos”.
ENRIQUE SANTOS MOLANO
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