Opinión

¿Quién teme a la justicia universal?

La incansable lucha por una justicia penal internacional se ha nutrido de diversos convenios.

14 de abril 2019 , 02:03 a.m.

El pasado 5 de abril coincidieron dos hechos de primera magnitud relacionados con la justicia internacional, y concretamente con su Corte Penal. En La Haya culminó la marcha que, procedente de distintos países europeos, entregaba en la sede de la CPI una petición de ayuda a Colombia en el combate al asesinato de líderes sociales y en apoyo a la Jurisdicción Especial para la Paz y su implementación.

En Washington, el presidente Trump retiraba el visado de entrada a Estados Unidos a la fiscal de la CPI, la gambiana Fatou Bensouda, y anunciaba sanciones a quienes la apoyaran en cualquier intervención que tuviera que ver con ciudadanos estadounidenses.

La aspiración a una justicia penal internacional es una lucha de largo aliento de la humanidad y se ha ido nutriendo de diversos convenios, como el de Ginebra contra ‘Malos tratos o penas crueles inhumanas o degradantes’, en vigor desde 1987, o el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Desc), de 1976.

El arranque de la aplicación de la justicia más allá de las fronteras nacionales se sitúa en los juicios de Núremberg. Entre 1945 y 1946, las potencias aliadas, que habían ganado la Segunda Guerra Mundial, llevaron al banquillo de los acusados, con las debidas garantías procesales, a los 24 principales dirigentes supervivientes del nazismo, por “crímenes contra la humanidad y genocidio”. La mayor parte fueron condenados.

Siguiendo este precedente, y sobre todo para desarrollar la idea de justicia universal, expertos de Naciones Unidas y plenipotenciarios de diversos Estados promovieron en 1998, en Roma, una conferencia diplomática para crear un organismo judicial internacional de carácter permanente. Así se dio origen a la Corte Penal Internacional, de la cual forman parte 123 Estados y que actúa subsidiariamente, cuando un Estado no persigue, y condena crímenes contra la humanidad o de guerra.

Colombia permanecería fuera de la actuación penal de la CPI si se aplica sin restricciones la justicia especial para la paz y se deja trabajar a esta sobre todos los factores del conflicto, incluidos los ‘falsos positivos’, que están en la mira de esta jurisdicción internacional.

El problema fue que las grandes potencias del mundo no firmaron el Acuerdo de Roma, con lo que la Corte se ha visto muy limitada en su actuación hasta ahora. De la indiferencia y el desdén de Rusia pasamos a la abierta hostilidad de Estados Unidos, con gestos como los citados al inicio. Tanto el secretario de Estado Pompeo como el presidente Trump han recordado estos días que no se puede perseguir a ningún ciudadano estadounidense por la justicia internacional, y que los países que apoyen acciones de la CPI en este sentido serán severamente sancionados. De hecho, EE. UU. tiene lista una fuerza de comando especial capaz de invadir cualquier lugar para devolver a su casa a un norteamericano si se encuentra perseguido o detenido en otro país. Mientras, desde 2016, la Corte investiga crímenes de guerra de Estados Unidos en Afganistán, que sí es miembro del Tratado de Roma, y en otros lugares.

Como señala el jurista español Baltasar Garzón, uno de los pioneros en estas materias: “El gobierno de Trump quiere evitar que sus pecados salgan a la luz y tener que responder por crímenes terribles”.

P. S.: Un amable lector me hace llegar una crítica parcial a la columna pasada (‘La marea verde que llega’). Sostiene que la descripción que se hace del avance del ambientalismo en el mundo se refiere a las luchas desde los entornos democráticos y de libertad de acción que suceden en el norte, pero omite que en el sur, estas luchas son muchas veces causa de atentados y muerte. Cita el informe de Global Witness: en 2017, al menos 207 activistas medioambientales fueron asesinados en 22 países; y, sin salir de Colombia, señala que algunos de los líderes sociales muertos en los últimos años lo fueron por su defensa de la causa ambiental. Tiene razón.

ANTONIO ALBIÑANA

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