Opinión

No son los economistas, sino el despotismo tecnocrático

Se ha operado un acuerdo implícito de tecnocracia desde el centro y clientelismo en las regiones.

07 de diciembre 2018 , 07:17 p.m.

La ciencia económica se diferencia de las ciencias básicas en que sus fundamentos no pueden ser objeto de experimentos controlados en un laboratorio, pues se trata de una ciencia social que intenta interpretar el comportamiento de los individuos y de los fenómenos sociales, tratando de formular sobre ellos leyes y teorías que describan un enfoque funcional que se asimile a esa realidad.

Cuando la economía como disciplina profesional apenas despuntaba, el país fue testigo de un pensamiento económico creativo que dio respuestas innovadoras a crisis como la cambiaria, en la que el FMI pretendía imponer sus conocidas medidas restrictivas para otorgar financiamiento, y la respuesta fue no aceptar ese enfoque sino la creación de un sistema cambiario y de comercio exterior, mediante el decreto ley 444 de 1967, el cual le permitió al país tener una estabilidad cambiaria durante tres décadas.

Gracias a esa pléyade de estadistas, el país creó y fortaleció una organización institucional con base en impuestos específicos, que les ha prestado grandes servicios a las regiones y al bienestar comunitario, como han sido el Fondo Nacional del Café; el Sena, institución paradigmática que ha contribuido en gran medida a proveer el recurso humano calificado que han requerido los sectores empresariales y de servicios; Coldeportes, creado con el diez por ciento de la tarifa de los espectáculos públicos, gracias a lo cual se obtuvieron tres medallas en los Juegos Olímpicos de Múnich; el ICBF, como centro gestor y ejecutor de la política de apoyo a la infancia y la adolescencia; el Banco Central Hipotecario, que bajo la dirección de Mario Calderón Rivera dejó inmensa huella del desarrollo urbano en las principales ciudades del país, como por ejemplo las ocho etapas del barrio Niza de Bogotá.

Pero lo que el país no ha conocido suficientemente es la toma del poder por una élite de economistas con formación anglosajona y fuertes vinculaciones con la banca multilateral internacional, llegando a afirmar uno de ellos que, a partir de la Constitución de 1991, se había operado un acuerdo implícito entre una tecnocracia sofisticada que oficiaba desde el nivel central y los políticos tradicionales que manejaban los gobiernos territoriales; es decir, tecnocracia desde el centro y clientelismo en las regiones.

Ese manejo tecnocrático desde el nivel central se ha realizado mediante una estrategia sutil, consistente en que, mientras unos participan directamente del gobierno de turno, los otros se quedan a la sombra realizando consultorías que sus colegas, y a veces socios, les proveen desde el ámbito del gobierno; en el siguiente periodo los roles se intercambian, no importa el signo político de quien haya ganado las elecciones.

Entre los muchos desafueros con los que esta sociedad de tecnócratas ha oficiado desde las posiciones claves del manejo económico, tenemos el accionar excluyente de las comisiones de regulación de los servicios básicos esenciales, con periodo fijo, especialmente del manejo tarifario sin la intervención ni de los ministros del ramo ni de los usuarios. Como costeño, siempre me ha intrigado saber cómo fue el paso que se dio de una asociación de empresas de energía de la costa Atlántica, que operaban bajo el paraguas de una organización llamada Corelca, a una sola empresa, Electricaribe, en una región territorialmente tan extensa y de desarrollo desigual. ¿Hubo algún estudio de factibilidad o se hizo a la usanza de los estímulos que los socios interesados han mostrado en su ineficiente y corrupto accionar?

Entidades concebidas como de fomento y apoyo a las necesidades específicas de ciertos sectores claves fueron convertidas por dichos tecnócratas en entidades financieras, como ha sido el caso del Fondo Nacional del Ahorro, el Icetex y Colpensiones, y, por ello, ahora, con motivo del paro nacional universitario, se ha denunciado que el Icetex tiene un acumulado de $ 948.000 millones de utilidades de los dos últimos años. Se trata de una plusvalía o extracción ilegítima de recursos del cliente, o sea, del usuario estudiante.

El caso más aberrante fue el del sistema Upac (unidad de poder adquisitivo constante), el cual funcionó, en una primera etapa, con la variable de referencia del índice de precios al consumidor (IPC), desde su creación en 1972, pero que después de la Constitución de 1991 sufrió numerosos embates de los tecnócratas, que cada vez reducían la participación del IPC (la verdadera variable de mercado) en el cálculo del valor de la Upac, hasta llegar a hacerlo depender totalmente de la variable DTF (depósitos a término fijo), que es una variable controlada de un mercado oligopólico.

Esa medida ocasionó que a miles de hogares colombianos que habían adquirido sus préstamos con base en unas determinadas reglas se les multiplicaron sus deudas hipotecarias, con lo que fueron esquilmados de manera legal, pero moralmente ilegítima, con el resultado de que muchos perdieron la vivienda pues la deuda acumulada, después de muchos abonos, resultó superior al valor real de mercado de la vivienda en cuestión.

Esa crisis casi ocasiona una eclosión social, la cual se atenuó con base en un fallo de la Corte Constitucional que reconoció los abusos cometidos y obligó a los prestamistas a recalcular las deudas, ampliando los plazos y ajustando a la baja la usurera tasa de interés aplicada. Si se hubiera mantenido la fórmula inicial de la Upac dependiente del IPC, hoy sería posible pagar los créditos hipotecarios a un IPC más tres puntos, es decir, cerca del 8 por ciento.

- Economista consultor.

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