Opinión

Hora de la Corte Constitucional

Es muy diciente que otra vez la extradición esté en el centro de la agenda pública.

20 de junio 2018 , 12:00 a.m.

En medio de las dificultades surgidas para implementar los acuerdos de La Habana (ALH) hasta ahora presentados al Congreso, y en buena parte por haber dejado su aprobación para un año electoral, más se acrecienta el crucial papel de la Corte Constitucional (CC), muchas de cuyas decisiones influirán en la normativa que tendrá el nuevo gobierno para afrontar los problemas propios de la consolidación de la paz.

Antes que nada, debería fallar la colisión planteada por el fiscal Néstor Humberto Martínez sobre el trámite de la extradición del exguerrillero Santrich solicitada por Estados Unidos. Un fallo, además, de evidente urgencia para que, en cuanto a las reformas introducidas por el Congreso sobre quién tiene la última palabra en la aplicación de los ALH, delimite las facultades de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Un tema que en apariencia no entraña mayor complejidad, como establecer si las conductas que motivan el pedido de extradición se dieron antes o después de los acuerdos, no ameritaría largo tiempo para decidir. En todo caso, es muy diciente que, como ha ocurrido en el pasado, otra vez la extradición esté en el centro de la agenda pública.

Ante la discusión, reducida a establecer si la solicitud de extradición debe tramitarse por la vía ordinaria –concepto de la Sala Penal de la Corte y resolución ejecutiva del Presidente– o por la justicia transicional acordada a través de la JEP, corresponde a la CC definir muy pronto el asunto para poner fin a la incertidumbre, máxime cuando los magistrados de la nueva jurisdicción, en discutible decisión, resolvieron suspender los términos para entrar a pronunciarse antes de saber qué dirá la Corte en cuanto a la citada colisión de competencias.

Es muy diciente que, como ha ocurrido en el pasado, otra vez la extradición esté en el centro de la agenda pública.

Otro asunto de excepcional importancia es la decisión, varios meses esperada, relativa a la ley estatutaria sobre funcionamiento de la JEP. Hay muchos asuntos pendientes de lo que salga de esa decisión, incluida la posesión de algunos magistrados designados a comienzos de año pero que, ante las dudas sobre si existen o no inhabilidades o incompatibilidades, optaron por una prudente espera.

Esta sería la ocasión, también, para que la CC señalara derroteros acerca de la interpretación de numerosas disposiciones sobre justicia transicional, de donde podría salir una especie de ‘cuerpo de doctrina’ obligatorio para el Congreso, el Gobierno e, incluso, para los desmovilizados de las extinguidas Farc.

Pero algo hace aún más urgente esa decisión: como en el Congreso está empantanado el llamado Código de Procedimiento (CP) aplicable por la JEP, ello ha implicado que se expidan hasta normas reglamentarias, no todas de ortodoxia jurídica, naturalmente. Es más, los magistrados pueden aplicar el artículo 48 de la Ley 153 de 1887, conforme al cual “los jueces o magistrados que rehusaren juzgar pretextando silencio, oscuridad o insuficiencia de la ley incurrirán en responsabilidad por denegación de justicia”.

Para evitar que la JEP por vía de reglamentos internos tenga que seguir llenando ‘vacíos’, la jurisdicción constitucional podría, en el fallo, dar pautas sobre cuál debe ser el procedimiento aplicable. Y, como es sabido, hay aún normas expedidas en desarrollo del fast track sometidas a revisión definitiva por la CC y así mismo necesarias para la pronta implementación de los ALH.

Como muchas de las orientaciones doctrinarias estarán en la parte motiva, sería bueno que se aprovechara esta coyuntura para suprimir la perniciosa práctica de notificación a través de comunicados de prensa, lo cual implica que la decisión integral solo se conozca apenas días e, incluso, meses después.

En la interesante entrevista con María Isabel Rueda, en este diario, el presidente de la CC, Alejandro Linares, reconoce que, por ejemplo, la decisión sobre el acto legislativo que dio nacimiento a la JEP todavía no se conoce en su integridad. Aquí convendría un retorno al pasado, cuando las decisiones solo se notificaban una vez firmadas por todos los magistrados, incluidos quienes salvaban voto.

ALFONSO GÓMEZ MÉNDEZ

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