Opinión

El fiscal Martínez hace bien su trabajo

Ha mostrado resultados tangibles en la lucha contra la corrupción y la criminalidad organizada.

09 de octubre 2018 , 11:30 p.m.

Episodios recientes sobre sonados casos penales han vuelto a poner en la agenda pública la naturaleza y el alcance de las funciones de la Fiscalía y hasta las de su actual titular, Néstor Humberto Martínez.

La creación de la Fiscalía General de la Nación, en reemplazo de la antigua Dirección de Instrucción Criminal, sin ‘dientes’ para combatir la delincuencia organizada, fue uno de los aciertos de la Constitución de 1991. Sin embargo, la figura como tal no era tan nueva en la historia judicial del país.

Desde 1952 había sido propuesta en la llamada Asamblea Nacional Constituyente designada por Laureano Gómez. En la reforma Turbay de 1979, declarada inconstitucional por vicios de trámite en 1981, se había creado la Fiscalía General de la Nación para dirigir la política criminal del país y como titular de la acción penal. En el proyecto de reforma impulsado por Virgilio Barco, que este retiró para no ceder a la presión de los narcos de quitarles la extradición de encima –como luego fue aceptado–, se mantenía igual.

Con esos antecedentes fue como se introdujo en la Constituyente de 1991. Si bien inicialmente el esquema era de una fiscalía con sistema acusatorio puro, por lo que el fiscal era designado por el presidente, finalmente se optó por un sistema mixto en el que el fiscal investigaba tanto lo favorable como lo desfavorable, con facultad para privar de la libertad y hacer allanamientos, a la vez que se integraba al Poder Judicial.

La reforma de 2005, que introdujo el mal llamado sistema penal acusatorio –cuya paternidad ahora nadie reclama–, nos llevó a un híbrido: el fiscal ya no tiene funciones judiciales propiamente dichas, pues se limita a investigar y pedir autorización al juez para capturas y allanamientos. Sin embargo, sigue formando parte de la Rama Judicial.

Es un sistema con dos ministerios públicos y sin jurado de conciencia. Salvo excepciones como el rápido esclarecimiento y la condena del atroz asesinato de la niña Samboní, en términos generales, los procesos penales se demoran tanto o más que antes.

Tal vez por eso vuelven a aparecer toda clase de propuestas en relación con la Fiscalía, empezando por la elección del fiscal. En sentido estricto, ahora que la Fiscalía no cumple funciones judiciales, pierde sentido mantenerla en el Poder Judicial.

La fórmula actual tenía plena justificación en el esquema inicial de la Constitución de 1991. Hoy no sería descabellado que se llegara a su designación por el Presidente, tal como lo propusieron en campaña Juan Manuel Santos e Iván Duque. Hay que decir que hoy, nadie puede ser fiscal si no pasa por la cabeza del presidente. Se podría pensar en una fórmula intermedia en que la Corte –con perentorios términos– hiciera una lista de juristas y que de esta nombrara el presidente.

Al fiscal Néstor Humberto Martínez se lo ha cuestionado de manera injusta por algunas de sus decisiones, sin tener en cuenta que, a diferencia de lo que antes ocurría, hoy no puede capturar, privar de la libertad a nadie ni hacer allanamientos sin autorización expresa de un juez independiente. Las críticas que se hacen por esas decisiones deberían dirigirse entonces a los jueces que las avalaron.

Esas críticas tienen menos solidez si, como suele ocurrir en estos casos, vienen de personas afectadas directa o indirectamente por sus decisiones, no siempre populares. Como dice el Fiscal en su entrevista con Yamid Amat: “En estos cargos, al día se pierde un amigo y se ganan dos enemigos”.

No puede hacer carrera la idea de someter al Fiscal General a una moción de censura, pues se afectaría gravemente su independencia si, como se ha visto en varias de sus investigaciones, puede afectar a congresistas, en ocasiones de mucho peso político.

Solo al final de su mandato se podrá analizar en su integridad la gestión del Fiscal, que hasta ahora muestra resultados tangibles en la lucha contra la corrupción y la criminalidad organizada. Salvo el caso del cambio de la designación en la forma señalada, por ahora convendría dejar los santos quietos.

ALFONSO GÓMEZ MÉNDEZ

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