Opinión

Doble instancia para congresistas

En la propia Corte habrá una Sala de Instrucción y Acusación y otra de Juzgamiento.

31 de enero 2018 , 12:00 a.m.

Una reforma constitucional y una ley sancionadas a comienzos de este año finalmente regularon el tema de la doble instancia, tanto en materia penal como electoral, ante la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.

En los procesos penales para congresistas, desde que, afortunadamente, la Constitución de 1991 cambió la inmunidad por fuero –antes solo se podía detener a un parlamentario después de un trámite ante el Congreso, pero aplicando las normas ordinarias de competencia–, solo podía investigarlos y sancionarlos, en única instancia, la Corte Suprema de Justicia. En apariencia era una garantía, en cuanto quedaban en manos de los nueve magistrados del más alto tribunal de justicia de la nación, no de cualquier juez, que podría ser influenciable.

Pero comenzaron a presentarse fisuras. Cuando, en el 2005, se estableció el sistema penal acusatorio para completar la separación de las funciones de acusación y juzgamiento se incurrió en la omisión de dejar para los parlamentarios el sistema inquisitivo puro. En relación con ellos, y hasta esta reforma, el mismo juez que inicia la investigación dicta la medida de aseguramiento, profiere la resolución de acusación y dicta sentencia definitiva.

Con este acto legislativo se enmienda ese primer error, pues se establece –también para los llamados aforados: congresistas, ministros y gobernadores, entre otros– el sistema acusatorio.

Con este acto legislativo se enmienda ese primer error, pues se establece –también para los llamados aforados: congresistas, ministros y gobernadores, entre otros– el sistema acusatorio. Así, en la propia Corte habrá una Sala de Instrucción y Acusación y otra de Juzgamiento.

Además, por la misma vía se corrigió la otra falencia, pues se crearon las dos instancias, lo cual se venía reclamando de tiempo atrás por muchas razones, incluidos los compromisos internacionales del país, que obligan a observar el principio de que todo procesado tiene derecho a dos instancias.

Se crearon, entonces, la Sala Especial de Instrucción, integrada por seis magistrados, y la Especial de Primera Instancia, formada por tres magistrados. Estos ostentan la misma categoría de los demás altos magistrados, pero solo tienen competencia en relación con los aforados y, por tanto, no tramitan, entre otros, recursos de casación. No forman parte de la Sala Plena de Casación ni participan en funciones electorales, lo que les ayuda mucho.

Faltó, sí, una norma clara que regule la transición. Hoy, los aforados están en una especie de ‘limbo jurídico’. Si bien la Corte ha señalado el mes de abril como probable fecha de entrada en vigor del nuevo sistema, la verdad es que eso no será tan fácil dado lo engorrosos que pueden ser el nombramiento y la posesión de los nuevos magistrados y toda la logística pertinente. El presidente de la Corte, José Luis Barceló, está haciendo todo para agilizar la transición.

Mientras tanto, puede haber defensores que comiencen a pedir la aplicación inmediata del nuevo sistema (de doble instancia), al amparo del principio de retroactividad de la norma más favorable. Como ya lo han señalado algunos analistas, pueden afectarse actuales procesos en reconocidos casos de corrupción.

Más precisa quedó la regulación de la doble instancia en materia de pérdida de investidura. Esta figura ha sido eficaz, pero, en cierta forma, un poco rígida por falta de gradualidad en la aplicación de las sanciones y también por la inexistencia de la doble instancia.

Válida la reiteración del principio non bis in idem, en virtud del cual a un procesado no pueden aplicársele dos sanciones por los mismos hechos. Hoy, la curul de un parlamentario puede ser afectada por el Consejo Electoral, el Consejo de Estado y hasta por la Procuraduría.

Se crean para la primera instancia las salas de Decisión de Pérdida de Investidura. Con la nueva reglamentación, la Sala Plena será la segunda instancia. Se establecen, por lo demás, perentorios términos de días para fallar en primera y en segunda instancia.

Y estableció, ahí sí, un claro sistema de transición en el artículo 23, que ordena enviar todos los procesos en el estado en que se encuentren, siempre que no se haya realizado la audiencia pública.

ALFONSO GÓMEZ MÉNDEZ

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