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Venezuela

‘Crímenes de lesa humanidad en Venezuela’: OEA

El presidente de Venezuela Nicolás Maduro criticó las declaraciones de su homólogo colombiano Juan Manuel Santos.

El presidente de Venezuela Nicolás Maduro criticó las declaraciones de su homólogo colombiano Juan Manuel Santos.

Foto:Archivo / Reuters

Informe asegura que hay base legal para denunciar a Maduro ante Corte Penal Internacional.

Un informe de expertos designados por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, dijo que el gobierno de Nicolás Maduro cometió delitos de lesa humanidad y hay base legal para denunciarlo en la Corte Penal Internacional (CPI).
En su informe, de 400 páginas, el panel aseguró que hay “fundamento suficiente” para concluir que se cometieron crímenes de lesa humanidad en Venezuela, dijo Santiago Cantón, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que forma parte del grupo de expertos, y aseguró que en Venezuela se han realizado 131 ejecuciones extrajudiciales, cometidas por las fuerzas de seguridad del Estado o los llamados ‘colectivos’, ciudadanos que se coordinan con las autoridades para reprimir manifestaciones.
El documento recoge denuncias de 8.000 homicidios, 12.000 personas detenidas arbitrariamente en los últimos dos años, 289 alegaciones de tortura y 192 casos de violencia sexual contra hombres y mujeres, que llegaron a sufrir “descargas eléctricas en sus genitales”.
Cantón denunció un “plan sistemático” del gobierno de Maduro para hacer “una clara persecución política presente en todos los crímenes de lesa humanidad”. 
La OEA como institución no tiene capacidad para enviar un caso a la CPI, en La Haya, pero sí puede hacerlo cualquiera de los 28 Estados miembros del organismo que han suscrito el Estatuto de Roma.
Si ningún país diera ese paso, y hasta ahora ninguno ha mostrado voluntad de hacerlo, Almagro podría enviar a título personal la información a la Corte Penal Internacional, como ya han hecho senadores de Colombia, Chile, Perú y Argentina, así como la exfiscal venezolana Luisa Ortega Díaz.
La diferencia radica en que si un Estado denuncia a los miembros del gobierno de Venezuela ante la CPI, la Oficina del Fiscal debe abrir una investigación de manera automática; mientras que si lo hace un individuo (en este caso Almagro), la Fiscalía debe recibir la autorización previa de un grupo de jueces.
Por su parte, la misión de Venezuela ante la OEA expresó “su profundo y categórico rechazo” al documento y lo tachó de una “grotesca farsa mediática”.
Efe
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