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Venezuela

Gobierno debe presionar liberación de colombianos en Venezuela: HRW

José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch.

José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch.

Foto:Juan José Horta / EFE

Según la organización, 60 ciudadanos arrestados de manera arbitraria siguen detenidos.

Diana Rincón
La ONG estadounidense Human Rights Watch acusó este miércoles al Gobierno colombiano de no hacer los esfuerzos suficientes para lograr la liberación de 60 nacionales y un venezolano que fueron arrestados de manera arbitraria y con motivaciones políticas en el vecino país.
En una carta dirigida al presidente Juan Manuel Santos, HRW alega que si bien se han enviado "algunas notas diplomáticas", la Cancillería se ha referido a este tema muy esporádicamente y sin darle prioridad. En dos de los casos, afirman, ni siquiera los han hecho públicos.
"Lamentamos profundamente que, a pesar de la gravedad de la situación Su Excelencia no parece haber priorizado adoptar medidas para lograr la liberación de sus connacionales y del ciudadano venezolano Lorent Saleh", dice en la carta José Miguel Vivanco, director para las Américas en esta institución.
En la misiva HRW reconoce las fuertes críticas de Santos ante la degradación de los derechos humanos y la democracia en Venezuela y destaca las declaraciones de este martes durante la visita del Secretario de Estado Rex Tillerson cuando se refirió al régimen de Nicolás Maduro como una "dictadura al garete".
Pero acto seguido le reclama acciones urgentes en el caso de las detenciones arbitrarias.
"Precisamente debido al acelerado deterioro de las garantías fundamentales en Venezuela, es crucial que su Gobierno adopte con urgencia medidas concretas carta para garantizar que estas personas sean liberadas lo antes posible. Nuestra experiencia en Venezuela nos permite concluir que, sin una firme presión de la comunidad internacional liderada por el gobierno especialmente afectado, que en este caso es el colombiano, la posibilidad de que estas personas sean liberadas es ínfima o incluso nula", dice la carta.
Según HRW, los casos a los que se refieren son separados y sucedieron en momentos diferentes.
El primero fue la detención en el 2016 de un grupo de 61 colombianos a los que se les sindicó de paramilitares.
Estos fueron arrestados cerca del palacio presidencial en Caracas como parte de una serie de redadas que el gobierno venezolano denominó 'Operación Liberación del Pueblo' y cuyo supuesto objetivo es detener la criminalidad. Pero, según HRW y la organización de derechos humanos venezolana Provea, las operaciones han terminado en abusos generalizados y detenciones arbitrarias sin prueba alguna.
Del grupo de 61 ya hay uno que murió y otro que fue liberado por razones humanitarias. Desde noviembre del año pasado, un juez venezolano ordenó su liberación inmediata pero estos aún permanecen bajo arresto.
Otros de los casos que eleva HRW es el de Juan Pedro Lares, hijo del alcalde del municipio de Campo Elías, en Mérida, Omar Lares.
El 30 de julio pasado autoridades del vecino país irrumpieron en la casa de Lares, quien es de oposición, para intentar detener al alcalde. Aunque este y la mayoría de sus familiares lograron escapar, los oficiales arrestaron a su hijo de 23 años, Juan Pedro, que es ciudadano colombiano.
Según HRW, durante su detención, Lares fue obligado a colocarse junto a varias armas y un escudo policial, mientras otras personas le tomaban fotografías, en una maniobra presuntamente orientada a incriminarlo con pruebas falsas.
El tercer caso que mencionan es el de Lorent Saleh, un líder estudiantil venezolano que fue deportado de Colombia en el 2014. Según la Cancillería, la expulsión se justificó pues al parecer Saleh participaba en proselitismo político, una conducta que el derecho colombiano prohíbe a los ciudadanos extranjeros, no contaba con permiso legal para permanecer y tenía varios procesos penales pendientes en su país.
Efectivamente, existía una causa penal contra Saleh en Venezuela por difundir información crítica del chavismo. Algo que para HRW es un claro arresto con motivaciones políticas.
A lo largo de estos tres años Saleh ha sido torturado en prisiones venezolanas y no ha sido siquiera llevado ante un juez. En el 2015, la CIDH adoptó medidas cautelares en favor de Saleh, ordenando al gobierno venezolano proteger su vida e integridad corporal.
La crítica de HRW es que el Gobierno colombiano puede haber violado su obligación jurídica internacional de no enviar personas a países donde podrían ser torturadas.
Algo que debió saber pues conocía de la oposición de Saleh al gobierno y del récord del régimen de Maduro contra quienes lo rechazan.
HRW, por tanto, le hace al Gobierno una serie de recomendaciones que, dice, son necesarias para lograr la liberación de los detenidos:
Entre ellas, iniciar una campaña internacional denunciando la detención arbitraria de los 60 colombianos y los abusos sufridos por Saleh al igual que apoyar la solicitud de la familia Lares para que CIDH dicte medidas cautelares a su favor y sumarse al pedido de la familia para que el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria emita una decisión sobre su caso.
También le piden trasmitir la información de todos los casos a los organismos internacionales de DD. HH. para que tomen medidas y denunciar las detenciones arbitrarias en las reuniones multilaterales en las cuales se aborde la crisis en Venezuela, incluidas las reuniones del Grupo de Lima.
Así mismo, HRW solicita apoyar las iniciativas internacionales que se adelantan para llevar ante la justicia a los funcionarios venezolanos responsables de estos y otros abusos y considerar sanciones como el congelamiento de bienes y visas.
SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO
Washington
Twitter: @sergom68
Diana Rincón
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