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Latinoamérica

'Kenjivideos' ponen al presidente de Perú al filo de la destitución

El presidente Kuczynski negó haber hecho consultorías para Odebrecht, pero el sábado reconoció haber prestado asesorías.

El presidente Kuczynski negó haber hecho consultorías para Odebrecht, pero el sábado reconoció haber prestado asesorías.

Foto:Mariana Bazo /Reuters

Videos de presunta compra de votos desatan tormenta política. Moción de vacancia se votará mañana.

Camila Granados
El Gobierno del presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, entró el martes en una crisis profunda y probablemente irresoluble después de que la oposición fujimorista publicó un vídeo que muestra a sus aliados políticos intentando comprar el voto de otros congresistas para evitar su destitución.
En una especie de "déjà vu", el Congreso peruano dominado por la oposición, liderada por Keiko Fujimori, hija del expresidente indultado Alberto Fujimori, decide este jueves si destituye al presidente Pedro Pablo Kuczynski, en medio de denuncias de intentos de "compra" de votos para favorecer al mandatario y llamados para que renuncie.
En una jornada vertiginosa, marcada por las revelaciones recogidas en las imágenes y las reacciones políticas, el país recordó el martes las épocas del final del Gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), donde la publicación de grabaciones que recogían la compra de diputados para que estos apoyaran al mandatario terminaron por acabar con su régimen.
En el video aparece el legislador Kenji Fujimori, hermano de Keiko, intentando convencer a un colega de apoyar a Kuczynski a cambio de obras públicas para su distrito.
Kenji Fujimori, hijo del expresidente Alberto Fujimori quien fue indultado pocos días después de que Kuczynski se salvó de ser destituido, hace tres meses.

Kenji Fujimori, hijo del expresidente Alberto Fujimori quien fue indultado pocos días después de que Kuczynski se salvó de ser destituido, hace tres meses.

Foto:EFE / Eduardo Cavero

En las grabaciones también aparecen el abogado de Kuczynski, Alberto Borea, y un funcionario llamado Fredy Aragón, aparentemente hablando en nombre o bajo pedido del mandatario.
Por segunda vez en tres meses, Kuczynski corre el riesgo de ser cesado por "incapacidad moral" y convertirse en el primer presidente en perder su puesto por el caso Odebrecht, compañía brasileña que admitió haber pagado decenas de millones de dólares en sobornos en varios países latinoamericanos para adjudicarse contratos de obras públicas.
Tras la difusión del video, algunos legisladores indecisos anunciaron su apoyo a la destitución, y otros llamaron al presidente a renunciar. "Lo que hemos visto en los videos propalados ayer es vergonzoso y afecta gravemente nuestra democracia. Ante esto apelo a la dignidad del Presidente de la República y le pido que renuncie", escribió en Twitter el legislador oficialista Salvador Heresi.
Las denuncias de intentos de compra habían arreciado en los últimos días a cargo de diputados del FP, algo que Kuczynski calificó el mismo martes como "cuentazos".
"Sentimos indignación, lo dijimos en ese entonces, fuimos duramente criticados, quizás porque no teníamos las pruebas como hoy las tenemos", afirmó Daniel Salaverry, portavoz del FP, al presentar los vídeos.
En diciembre, el sorpresivo apoyo de Kenji y otros fujimoristas permitió que el mandatario sobreviviera a la moción de destitución. "El gobierno no compra congresistas", respondió la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz, en una rueda de prensa. Kuczynski no ha comentado los videos.
Kenji fue aún más duro y denunció la "actitud delincuencial" del FP y de su hermana Keiko, por haber difundido un vídeo grabado de forma oculta y "tergiversando la información".
Al igual que Aráoz, dijo que la grabación recoge un encuentro habitual entre congresistas y funcionarios públicos para agilizar gestiones. "Lo que busca FP es cortarle la cabeza al presidente y al ver que en el primer intento de vacancia no se pudo, obviamente razonan con el hígado", dijo Kenji.

Perú en vilo

Los medios peruanos afirman este miércoles que 100 legisladores ahora apoyan la destitución, para la que se requieren 87 votos.
Si el Congreso aprueba la vacancia, o si el mandatario renuncia, corresponde que asuma el poder el primer vicepresidente de Perú, Martín Vizcarra, para que complete el actual periodo de gobierno, que culmina en julio de 2021.
La incertidumbre política, en tanto, muestra signos de estar afectando a la economía peruana. Kuczynski, un empresario y banquero de 79 años con experiencia y amigos en Wall Street, ha afirmado que nunca recibió un pago ilegal de la compañía brasileña.

Yo no creo que la destitución va a suceder, pero sería un 'golpe de Estado'

"Yo no creo que va a pasar (la destitución), pero sería un golpe de Estado", afirmó el presidente en una entrevista publicada el domingo.
La amenaza de destitución ha generado incertidumbre en el país que será anfitrión en abril de la Cumbre de las Américas, a la que asistirá el mandatario estadounidense Donald Trump y una treintena de gobernantes. Hasta el venezolano Nicolás Maduro ha dicho que acudirá a este cónclave, aunque Lima lo eliminó de la lista de invitados.
El presidente debe exponer sus descargos ante el Congreso el jueves. Luego habrá una exposición de su abogado, Alberto Borea, antes de que los legisladores inicien un debate que podría demorar varias horas para luego proceder a votar la moción.
 "Estamos viviendo un panorama complicado porque la economía está sintiendo el impacto de la inestabilidad política ligada al presidente", dijo  el economista Jorge González Izquierdo, quien explicó que la economía nacional está creciendo en los últimos meses por debajo de las previsiones.
Si ninguno de los dos vicepresidentes peruanos aceptara asumir el mando, lo debería hacer el presidente del Congreso, el fujimorista Luis Galarreta. Éste tendría que convocar a nuevas elecciones, escenario que ningún partido desea en momentos de desprestigio de los políticos por los escándalos de Odebrecht.
Un sondeo de la firma Ipsos reveló la semana pasada que el 58 % de los peruanos cree que Kuczynski debe ser destituido, contra un 37 % que estima que debe seguir hasta 2021. 
AFP y EFE
Camila Granados
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