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Latinoamérica

Oposición venezolana espera ganar mayoría de gobernaciones

El chavista Héctor Rodríguez logró reunir una multitud en Petare, en el cierre de su campaña para las elecciones de mañana.

El chavista Héctor Rodríguez logró reunir una multitud en Petare, en el cierre de su campaña para las elecciones de mañana.

Foto:Federico Parra /AFP

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CNE ha cambiado reglas de juego para, según la MUD, favorecer al oficialismo en comicios.

Nicolás Cortés Mejía
El gobierno y la oposición de Venezuela volverán a medir fuerzas este domingo en las elecciones de gobernadores, tras una campaña marcada por las denuncias de la oposición de supuestas trampas de la autoridad electoral para favorecer al oficialismo.

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Esto, en un país golpeado por cuatro meses de violentas protestas y hundido en una severa crisis económica y política, sin visos de solución.
Unos 18 millones de venezolanos están llamados a escoger, para un periodo de cuatro años, a las máximas autoridades de 23 estados, en unos comicios que según la ley estaban programadas para diciembre de 2016, pero que fueron fijados para octubre por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que no incluyó en la convocatoria la renovación de los legisladores regionales pese a que fueron elegidos en 2012 junto a los gobernadores y su mandato está también vencido.
De fondo está la frustración de miles de venezolanos que exigieron en las calles comicios generales, con la expectativa de sacar al presidente Nicolás Maduro del poder.
Pero el gobierno no salió ileso de las marchas y de la cuestionada elección de una Asamblea Nacional Constituyente que –totalmente oficialista– aumentó su poder, señalaron los directores de Datanálisis y Delphos, Luis Vicente León y Félix Seijas. Más aislado internacionalmente –incluso con sanciones de Estados Unidos– y acusado de “antidemocrático” –opinaron–, se vio presionado a convocar finalmente estas elecciones regionales.

Todo el que salga a votar está respaldando la constituyente

Buscando legitimidad en Venezuela y en el exterior, Maduro presenta estos comicios como la validación de su constituyente, desconocida tanto por la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) como por varios países de América y Europa.
“Todo el que salga a votar está respaldando la constituyente”, aseguró.
Más aún, advirtió que los gobernadores electos deben subordinarse a ese órgano so pena de ser destituidos: “Es un requisito sine qua non, ineludible, para asumir sus cargos”. Aunque la oposición arrasó en las parlamentarias de 2015, su poder fue anulado por la justicia –acusada de oficialista–, por lo que algo similar puede ocurrir esta vez a los gobernadores ante la constituyente.
Los opositores, muchos molestos con los dirigentes de la MUD por participar en estos comicios tras las protestas, se debaten entonces entre si votar para no dejar el camino libre al gobierno o abstenerse para no legitimarlo.
El oficialismo tiene 20 gobernaciones de 23. Con una impopularidad del 80 por ciento de Maduro, las encuestas Datanális y Delphos dan a la oposición de 11 a 18 estados, según sea la abstención, que tradicionalmente se ha ubicado entre 30 y 40 por ciento.
A contrarreloj, la oposición multiplicó sus llamados a votar contra el gobierno para –dice– sacar al país de una de las peores crisis de su historia.
Varios han sido los obstáculos para la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que acude a las urnas con varios de sus líderes presos, en arresto domiciliario, inhabilitados o fuera del país para evitar ser detenidos.
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Tras prohibirle la autoridad electoral concurrir unida bajo las siglas de la MUD en algunos estados, los dirigentes antichavistas decidieron inscribirse por sus respectivos partidos ante el temor de que se invalidara días antes de la votación la participación de la coalición en todo el territorio. Una vez elegidos sus candidatos únicos en elecciones primarias, la MUD solicitó eliminar a los perdedores para evitar confusiones y mantener únicamente en la papeleta al aspirante elegido, algo que rechazó el CNE.
El Tribunal Supremo le dio la razón a la MUD al establecer que el CNE podía cambiar las boletas hasta diez días antes de los comicios. Pero la sentencia ya no podría hacerse efectiva, al haber sido emitida justo diez días antes de las elecciones, y por lo tanto fuera de plazo.
Otra de las tretas señaladas desde la oposición y la sociedad civil es la reubicación de los centros de votación en los que debían votar más de medio millón de electores, que conocieron el cambio a menos de 72 horas de la apertura de los colegios. Según muchos analistas, es una forma de reducir la participación para compensar la supuesta impopularidad del presidente Nicolás Maduro y el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSVU), bajo cuyo gobierno Venezuela ha alcanzado niveles sin precedentes de inflación, pobreza, escasez y delincuencia.
Esta decisión ha sido criticada también por el único de los cinco rectores del CNE no alineado con el oficialismo, Luis Emilio Rondón, quien ha denunciado a la televisión pública VTV por su cobertura de la campaña. El canal transmitió de forma casi ininterrumpida propaganda de los candidatos del PSUV, mientras que los opositores no aparecieron más que en las cuñas en las que se les llama “traidores a la patria” y se les acusa de promover el terrorismo.
La oposición sí ha podido contratar espacios en algunas cadenas privadas, algo que ha llevado a Maduro a pedir una investigación para averiguar “de dónde salen los recursos para tantos anuncios de televisión”.

Ortega y la CPI

La exfiscal general de Venezuela,  Luisa Ortega, anunció este viernes que tiene listo un expediente que presentará ante la Corte Penal Internacional para denunciar al Estado venezolano por violaciones de los derechos humanos.
Ese escrito estará acompañado de “un conjunto de experticias cuyo número no revelaré ahora, pero que pasan por protocolos de autopsia, donde se evidencia la ejecución de las personas, disparos de arriba hacia abajo, lo que significa que estaban quizás de rodillas”, detalló.
Ortega hizo estas declaraciones al término de una reunión en Ginebra con el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein.
Luisa Ortega denunciará a Venezuela ante la Corte Penal Internacional
AFP y EFE
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