Latinoamérica

Tres expresidentes detenidos: lucha de Guatemala contra la corrupción

Resultados de la investigación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.

Iván Velásquez, integrante de la Cicig

Iván Velásquez, titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Foto:

Esteban Biba / EFE

20 de febrero 2018 , 06:08 p.m.

Para los guatemaltecos, el panorama político, económico y social de su país sigue siendo crítico, pero eso sí, mucho más alentador que años atrás.  

Las más recientes revelaciones, entre las que se conoció la captura del expresidente Álvaro Colom (2008-2012), junto con nueve de sus más altos funcionarios, reflejan el resultado no solo de la presión popular a raíz de las masivas protestas del 2015, sino la exitosa investigación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), liderada por el magistrado colombiano Iván Velásquez.

Con la captura de Colom, que según la Cicig y el Ministerio Público orquestó un proceso fraudulento para sustraer del erario público 35 millones de dólares al querer impulsar un nuevo modelo de transporte, son ya tres los exgobernantes de este país que han sido detenidos por corrupción, además de otros tres señalados (incluyendo al actual mandatario, Jimmy Morales) y otros tres más acusados de crímenes de lesa humanidad.

Colom fue procesado por peculado y fraude, mientras que Otto Pérez Molina está en prisión por varios casos y Alfonso Portillo purgó prisión en EE. UU. por lavado.

Para Hugo Maúl, director del área económica del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), lo que está sucediendo es que las cifras de corrupción estructural e institucional llegaron a niveles alarmantes. “Pensábamos que la norma corrupta del actuar del funcionario eran los actos en solitario, pero vemos ahora que ese es el ‘modus operandi’ de verdaderas estructuras criminales producidas dentro del aparato público, gracias al financiamiento de campañas políticas con dinero provenientes del crimen organizado y de la misma corrupción a costa del dinero público”, afirmó para EL TIEMPO.

La Cicig, que fue creada en el 2006 por un acuerdo entre la ONU y el Gobierno del país, es un ente independiente que, por primera vez, investiga a fondo los delitos, especialmente, los de ‘cuello blanco’. “Yo creo que si hubiera una comisión con tal independencia en cualquier país, se descubrirían cosas como las que se están conociendo”, afirmó a este diario Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana, capítulo de Transparencia Internacional en Guatemala.

Yo creo que si hubiera una comisión con tal independencia en cualquier país, se descubrirían cosas como las que se están conociendo

Y es que este comité se ha metido con los pesos pesados de la política. Pérez Molina, por ejemplo, fue acusado en 2015 de ser uno de los cabecillas de una red denominada ‘La Línea’, dedicada al cobro de sobornos a empresarios para la evasión de impuestos en el sistema nacional de aduanas.

Para Velásquez, el Partido Patriota (PP), fundado por Molina, era una agrupación de naturaleza mafiosa diseñada para alcanzar el poder a través de las elecciones y, más que gobernar, hacer negocios ilegales.

Pero ahora la lupa está puesta sobre Morales, con quien la pelea se casó de frente. En septiembre del 2017, el presidente declaró ‘persona non grata’ a Velásquez y y todo el mundo lo interpretó como un mecanismo de defensa por el antejuicio que el Ministerio Público presentó en su contra, a raíz de la investigación sobre el origen del dinero recibido durante su campaña electoral por el partido Frente de Convergencia Nacional, que lo llevó al poder y del cual era secretario general.

Cuando Morales asumió el poder, en 2016, este expresó su apoyo a la Cicig. Pero a partir de que su hijo y su hermano también fueron vinculados a un caso de corrupción, su postura cambió radicalmente.

"Ahora bien, lo que ha sucedido con el presidente (Morales) es que ha venido quedando aislado de la mayor parte de grupos que en el país defienden la batalla contra la corrupción, defienden la lucha contra la impunidad. Al parecer, en ese aislamiento, grupos más duros, radicales, ideológicos, de derecha, han tenido la oportunidad de estar mucho más cerca de él y ahora se dice que los principales asesores y la gente que quien él más oye son personas quienes defienden los intereses de quienes ya están esperando un juicio y ahí es donde todo esto se suma", agrega Maúl.

Aun así, la Corte Constitucional, en una sorpresiva decisión, obligó al mandatario a suspender la expulsión del colombiano y, en contra del mandatario, aplaudió su trabajo. “Lo que está pasando se debe a que él (Morales) ya casi se ve muy cerca de la cárcel como sus antecesores. Porque efectivamente se lo está investigando por financiamiento ilícito, vinculando a su hijo y a su hermano, quienes, al parecer, facturaban servicios al Estado que no prestaban. El alcance de estas investigaciones lo perseguirá durante su mandato o incluso después de entregar el poder”, explicó Marroquín.

Y agrega: “Por esa es la razón de que haya tantos grupos de gente poderosa tratando de abortar estas investigaciones, porque en países como los nuestros, donde ha reinado la impunidad históricamente, conocer que hay una comisión que investiga a todos por igual es muy incomodo para las élites”.

En la calle reina el optimismo. “Desde una visión más esperanzadora, se espera que este momento sea de reflexión para la sociedad. Todos los sectores deben sentarse a decidir una agenda de país que permita no solo consolidar el sistema democrático, sino también atender los problemas estructurales del país”. Es la visión de José Carlos Sanabria, analista político de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies).

"En el actual panorama de Guatemala se destaca por acciones de reformas legales, pero también por pasar de una ciudadanía o democracia electoral a una democracia plena, donde exista un mayor compromiso de los ciudadanos no solo en participar políticamente sino en espacios de control y vigilancia", agrega Sanabria

Ahora, en mayo, viene una prueba de fuego, pues el Ejecutivo tendrá que designar a un nuevo fiscal, después de que la actual titular del Ministerio Público, Thelma Aldana, anunció que no se presentará a un segundo mandato tras haber sido uno de los grandes apoyos de Velásquez. “Ese es uno de los puntos más problemáticos de todo. La decisión del cambio del fiscal general corresponde al Presidente y se puede correr el riesgo de elegir a alguien que no tenga el mismo ímpetu que la fiscal Aldana”, explicó Maúl.

Así las cosas, Guatemala está en el momento justo en el que debe definir un escenario donde las fuerzas que apoyan este cambio logren establecerse plenamente con un nuevo gobierno y ser ejemplo de la eliminacIón de la corrupción para el mundo, o donde el actual presidente, con todos los sectores poderosos del país, pueda sacar a la Cicig y seguir el contaminado y sucio panorama que ha marcado su historia.

La mayoría de la población está satisfecha con lo que está pasando. Todo el mundo sabia que había mucha corrupción en todos los gobiernos, pero la impunidad estaba garantizada con la escasa o no actuación de las instituciones de investigación criminal y de justicia. Y, por los menos, experimentar un periodo de la historia donde sí funciona eso, donde los poderoso tienen que rendir cuentas, yo creo que para la mayoría de la población es una sensación de mucha satisfacción, puntualiza el analista Marroquín.

ANDRÉS RUIZ
Redacción Internacional
En Twitter: @ruizandress

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