Latinoamérica

'Cerca de 500 presos políticos tendría el Gobierno de Nicaragua': ONG

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) denunció la alarmante cifra este miércoles.

Protestas en Nicaragua

Las manifestaciones contra el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, comenzaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social.

Foto:

Oswaldo Rivas. Reuters

10 de octubre 2018 , 05:55 p.m.

Gonzalo Carrión, asesor legal del Centro Nicaraguense de Derechos Humanos (Cenidh), denunció este miércoles un aumento de los "presos políticos" en las últimas semanas en Nicaragua, en el marco de la crisis que vive el país desde el pasado 18 de abril que iniciaron las protestas en contra del presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.

"Fácilmente se pudiera estar llegando a las 500 personas privadas de libertad (...) que son presos políticos", dijo a los periodistas el asesor legal del Cenidh.

La ONG indicó en un informe presentado a mediados de septiembre pasado que había al menos 309 "presos políticos" en las cárceles de Nicaragua por "pensar diferente al Gobierno".

Según dijo este miércoles Carrión, la Policía Nacional no realiza arrestos sino "secuestros", porque las personas son detenidas por "hombres de civil encapuchados, sin identificación, no llevan orden de captura, no tienen orden de allanamiento", y los procedimientos se "hacen en la madrugada, fuera de horas legalmente establecidas".

Manifestaciones en Nicaragua

Las organizaciones humanitarias locales cifran en 512 los muertos desde que comenzó la crisis el 18 de abril pasado.

Foto:

Jorge Torres / EFE

El Gobierno de Daniel Ortega registra 201 presos por "actos vandálicos y terrorismo" y muchos de ellos se enfrentan a diversos procesos judiciales acusados principalmente de terrorismo.

Tanto la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), como la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) ha responsabilizado al Gobierno de "más de 300 muertos", además de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos.

Las organizaciones humanitarias locales cifran en 512 los muertos desde que comenzó la crisis el 18 de abril pasado, mientras el Gobierno admite 199, niega las acusaciones de abusos en su contra y denuncia un intento de golpe de Estado.

Las manifestaciones contra el mandatario y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, iniciaron por unas fallidas reformas de la seguridad social y pasaron a ser una exigencia de su renuncia.

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Con información de Efe

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