Latinoamérica

Arremetida contra la misión anticorrupción desata crisis en Guatemala

La comunidad internacional intenta detener al presidente en su cruzada por acabar con la Cicig.

Guatemala

Ciudadanos opositores al presidente Jimmy Morales han protestado para defender la Cicig.

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EFE

Por: DIANA HERNÁNDEZ
13 de enero 2019 , 09:00 a.m.

Una grave crisis política se desencadenó esta semana en Guatemala,después de que el presidente Jimmy Morales anunció el pasado lunes la expulsión de la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig) de la ONU, que investiga al mandatario por presunta corrupción.

Su decisión unilateral para terminar el acuerdo –que en pocas horas fue anulada por la Corte Constitucional– generó el rechazo de los ciudadanos, que no vieron con buenos ojos el ultimátum de 24 horas para la salida de los funcionarios de la Comisión.

Incluso, miembros de la comunidad internacional, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Unión Europea (UE) y la misma ONU exigieron al presidente mantener a la Cicig en el país hasta que termine su mandato, en septiembre próximo.

Morales había argumentado que la Cicig (creada en el 2007 a petición de Guatemala y hoy liderada por el exmagistrado colombiano Iván Velásquez, que tiene prohibida la entrada a ese país centroamericano) violó las leyes locales e internacionales y se excedió en sus funciones. Pero la hostilidad del presidente contra la Comisión ya había salido a flote en 2016, cuando su hijo y su hermano fueron acusados de evasión fiscal y lavado de dinero, y se empeoró en el 2017 cuando él mismo fue señalado de corrupción en las finanzas de su partido cuando ganó las elecciones del 2015.

El viernes pasado, Velásquez negó las acusaciones en contra de la Cicig y recordó –en una carta escrita al secretario general de la ONU, António Guterres– que la Comisión “ha apoyado más de 100 casos ante tribunales nacionales (la gran mayoría de alto impacto), ha identificado más de 60 estructuras criminales complejas, ha obtenido más de 300 sentencias condenatorias y ha promovido más de 34 reformas legales”. De hecho, entre los acusados por la Cicig está el expresidente Otto Pérez Molina, que tuvo que renunciar en 2015 tras ser señalado de ser la cabeza de una red de fraude aduanera.

Según analistas y expertos, han sido precisamente las investigaciones en contra de las redes más grandes de fraude las que han provocado la reacción feroz de funcionarios y empresarios involucrados en tramas de corrupción.

En palabras de Carmen Ibarra, directora del Movimiento Pro Justicia en Guatemala, hay “una buena parte del poder empresarial, detrás de la presidencia, que no muestra la cara, pero que está dispuesto a seguir con las redes que los investigadores han empezado a desmantelar. Se habla de un poder económico que quiere tener sometido a todo el país (...) La prueba más clara de que no quieren que se revelen nuevos casos es que de manera atropellada dan por finalizado el convenio con la ONU solo unos meses después de que anunciaron la fecha de finalización del mandato, este 3 de septiembre”.

El problema, advierte, es que la arremetida del Ejecutivo en contra de la Cicig amenaza con deteriorar el ya frágil Estado de derecho en el país. La Cicig “fue el primer objetivo, pero ahora buscan disminuir las capacidades del Ministerio Público y de ponerle un freno a la Corte de Constitucionalidad. No es solo una pelea contra la Cicig, es una pelea contra el funcionamiento de cualquier sistema de justicia independiente en el país”, afirmó.

No es solo una pelea contra la Cicig, es una pelea contra el funcionamiento de cualquier sistema de justicia independiente en el país

A esta turbulencia política desatada por el cierre de la Cicig se suma el proceso electoral de este año, en el que los guatemaltecos deberán acudir a las urnas en junio para elegir al sucesor de Morales en la presidencia.

Pero las tensiones en torno al futuro de la Cicig han provocado un desinterés en la población por los comicios generales, comentó a la AFP Karina Flores, de la Red de Mujeres por la Democracia. Aunque reconoce que la campaña no ha arrancado oficialmente, Flores considera que, si la situación se agudiza, “definitivamente el caso de la Cicig va a invisibilizar el proceso electoral”.

Por su parte, el periodista guatemalteco Luis Ángel Sas le dijo a este diario que “los partidos políticos empiezan a mostrarse ya distantes del presidente”. “Básicamente, él ya es un cadáver político, (...) Empieza una estrategia política para llegar al poder tras el cierre de la Cicig, porque esta ya no va más”.

“Los partidos políticos empiezan a mostrarse ya distantes del presidente (...) Empieza una estrategia política para llegar al poder tras el cierre de la Cicig, porque esta ya no va más”.

Sas explicó que con la pérdida de funciones y respaldo, las acciones de la Comisión son cada vez más débiles y, pese a la orden judicial de mantenerla activa, su futuro en Guatemala es incierto y poco viable.

En este contexto, se presentan dos escenarios. El primero, según explicó Sas, es que Morales “no haga caso a lo resuelto por la Corte”, mandando un mal mensaje a la comunidad internacional y generando un choque de poderes. El segundo es que el mandatario acate la decisión de la Corte Constitucional, mantenga el acuerdo con la Cicig, pero trate de neutralizar su acción, por ejemplo impidiendo el regreso de sus funcionarios, lo que dejaría al organismo prácticamente sin funciones. “Solo hay dos caminos: uno es cortarle la cabeza a la Cicig y el otro es dejarla en coma, que es como está ahora”, concluyó Sas.

Solo hay dos caminos: uno es cortarle la cabeza a la Cicig y el otro es dejarla en coma, que es como está ahora

Entre tanto, el ambiente entre los ciudadanos se tensiona cada vez más. Grupos opositores y movimientos indígenas convocaron más de 20 manifestaciones para mostrar su “rechazo total a la gestión y al gobierno” de Morales, y para evitar un rompimiento constitucional, según declaró Daniel Pascual, coordinador del Comité de Unidad Campesina (CUC).

De acuerdo con los analistas, los pueblos indígenas tienen un gran peso en la opinión pública del país y sus protestas pueden “bloquear y paralizar el país” si lo consideran necesario. “Si la situación no se resuelve, ellos van un paso más allá, no solo piden que se respete lo que las cortes digan, sino también piden la renuncia del presidente”, añade el periodista.

DIANA LUCÍA HERNÁNDEZ
Redacción Internacional
​- @dianaluher

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