EEUU y Canadá

‘Inhabilitar abogados de DD. HH. a la JEP es absurdo’: José M. Vivanco

El director de HRW para las Américas dio a conocer su posición sobre el fallo de la Corte.

Jose Miguel Vivianco

Según Vivanco, denuncias tienen respaldo de testigos y documentos oficiales.

Foto:

Juan Manuel Vargas / EL TIEMPO

21 de noviembre 2017 , 08:32 a.m.

Aunque no sin destacar algunos apartes de la sentencia de la Corte que declaró exequible la Jurisdicción Especial de Paz, entre ellos haber puesto límites a la participación política de las Farc, la organización estadounidense Human Rights Watch (HRW) se fue lanza en listre contra la decisión de los togados catalogándola de decepcionante y parroquial.

En entrevista exclusiva con EL TIEMPO, José Miguel Vivanco, dice que en muchos frentes se optó por "pasar de agache" y critica, entre otras cosas, que el sometimiento a la JEP de civiles, según la Corte, deba ser voluntario mientras es obligatorio para militares y guerrilleros.

En la entrevista, Vivanco también se refiere a su permanente disputa con el expresidente Álvaro Uribe y pone en entredicho tanto al ministro de Defensa Luis Carlos Villegas, así como al vicepresidente Óscar Naranjo por defender el ascenso de militares implicados en falsos positivos.

¿Cómo evalúan ustedes la decisión de la Corte Constitucional que esta semana declaró exequible la JEP aunque con algunas modificaciones?

Todavía no conocemos el texto completo de la sentencia, pero el comunicado da la impresión de que se trata de una sentencia parroquial. La Corte, en lugar de examinar principios centrales del derecho internacional relevantes a la temática —como el principio de responsabilidad de mando—, se ocupó de discusiones bizantinas, como si los juristas extranjeros pueden participar de los debates entre magistrados o sobre cuándo puede intervenir la Procuraduría General de la Nación ante la JEP.

Por otro lado, hay un punto que parece claramente dogmático: la Corte dice que la JEP es voluntaria para funcionarios civiles y los llamados “terceros”, pero es obligatoria para miembros de las Farc y la Fuerza Pública. Para la Corte, esta decisión supuestamente busca proteger el principio central del derecho internacional del “juez natural” que establece que los gobiernos no pueden modificar la asignación de los jueces para perjudicar a los imputados. Pero ¿por qué la competencia forzosa de la JEP violaría este principio cuando se aplica a funcionarios civiles (como un ministro de Defensa o un político), pero no cuando se aplica a miembros de la Fuerza Pública?

La distinción parece arbitraria y sin dudas le da un respaldo –intencionado o no—a los esfuerzos de congresistas de Cambio Radical por procurar impunidad para los civiles que podrían ser investigados por financiamiento del paramilitarismo.

¿Entonces no tuvo nada de bueno el fallo?

Bueno, algo positivo del fallo es la decisión sobre participación política de las Farc. Primero, porque la sentencia establece que no podrán participar en política los exguerrilleros que no confiesen sus crímenes. El acuerdo de paz establecía que no había restricciones a la participación en política para nadie, lo cual era un verdadero disparate. Y segundo, porque la Corte aclara que la JEP “podrá” establecer restricciones a la participación en política durante el cumplimiento de las sanciones. Esta es una limitación central porque, sin ella, las Farc podían usar su participación en política para evadir sus sanciones y burlarse de las víctimas. Pero hubiera sido mucho mejor que la Corte, en lugar de pasarle esta “papa caliente” a la JEP y dejar esta situación en incertidumbre, estableciera de forma categórica que la participación en política es incompatible con las sanciones.

¿Y qué opina de la posición de la Corte frente a las sanciones, otro tema que ha sido muy polémico?

Otra gran decepción. En lugar de definir en qué deberían consistir las sanciones restaurativas para que no sean una broma, la Corte hace básicamente “copy paste” del amicus de la Fiscal Fatou Bensouda, de la Corte Penal Internacional. Veremos si el Congreso se atreve a ir más lejos con la Ley Estatutaria de la JEP.

Ustedes han insistido que de mantenerse el concepto de responsabilidad de mando que se pactó en lo acuerdos, Colombia quedaría expuesta a acciones de la CPI pues no está a la altura de los estándares internacionales ¿Cómo quedan las cosas ahora que la Corte ha avalado esa misma definición?

La Corte no le dedica ni una palabra a este tema, lo cual me parece ciertamente sorprendente y decepcionante. Este tema ya ha acumulado quejas de organismos internacionales: la propia Fiscal de la Corte Penal Internacional, el Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, la CIDH, el departamento de Estado de EE. UU. Creo que la Corte se equivoca al pasar de agache en este asunto y elude su responsabilidad de garantizar que la JEP sea un sistema de justicia mínimamente creíble.

Ustedes en el pasado han dado mucho valor a las decisiones de la Corte Constitucional colombiana, que consideran una institución muy seria ¿Por qué ahora la cuestionan?

Es cierto, la Corte de Colombia tiene un récord muy valioso de protección de los derechos humanos y en el pasado ha desempeñado un rol fundamental para garantizar justicia para víctimas del conflicto armado; por ejemplo, con la Ley de Justicia y Paz, o el Marco Jurídico para la Paz. Pero con esta decisión francamente le ha quitado el cuerpo a la jeringa y no ha estado a la altura de su récord histórico.

¿Cree que, tras la sentencia de la Corte, todavía hay espacio para que se corrija lo que ustedes hoy cuestionan?

Todavía faltan definirse muchos aspectos clave tanto en el Congreso como en la Corte Constitucional. El proyecto legislativo más inmediato es la Ley Estatutaria de la JEP que, como señalé en una carta reciente, está plagada de defectos que el Congreso debería solucionar con urgencia, como, por ejemplo, los vacíos en el régimen de sanciones. Los congresistas deben entender que estos problemas no se van a arreglar solos. En lugar de desaparecerse de las sesiones, deberían dar el debate y ojalá introducir modificaciones para fortalecer la JEP. Les guste o no, la JEP es una realidad.

Lamentablemente, parece que estamos yendo en la dirección contraria. El miércoles por la noche el Senado aprobó una proposición que inhabilita como jueces de la JEP a abogados de derechos humanos. Me parece una inhabilidad absurda que nada tiene que ver con un régimen destinado a evitar conflictos de intereses o problemas de imparcialidad. Para colmo, esta proposición parece convalidar los reiterados ataques y calumnias —en especial del uribismo— contra defensores de derechos humanos, que los acusan de tener un sesgo o ser cómplices de las guerrillas. Espero que la Cámara revierta este disparate.

El vicepresidente Oscar Naranjo defendió esta semana el ascenso de oficiales investigados por 'falsos positivos' en respuesta a un informe de ustedes en el que pedían que se bloquearan esas promociones. Según argumentó Naranjo, en Colombia se presume la inocencia. ¿Qué opina?

En este punto, el Vicepresidente se equivocó: el principio de presunción de inocencia se aplica en el proceso penal o disciplinario. Nada tiene que ver con la decisión política del gobierno de ascender a determinados oficiales a los rangos más altos del escalafón militar.

Además, francamente hubiera esperado que el Vicepresidente Naranjo, quien toda la vida ha estado comprometido con la causa de los derechos humanos, tomara distancia de la burda movida del ministerio de Defensa, en cabeza del ministro Luis Carlos Villegas. El Ministerio de Defensa no sólo quiere ascender a 5 oficiales contra quienes hay muy sólidas evidencias de que estarían involucrados en falsos positivos –lo cual ya de por sí es un escándalo para cualquier persona decente– sino que además maquilló, dibujó, las hojas de vida para disimularlo.

Creo que los senadores deberían pedirle al ministro Villegas una explicación. Hay una directiva del Senado que obliga al ministerio de Defensa a presentar las hojas de vida de los candidatos para garantizar la "transparencia" del proceso. Y el Senado es el encargado de aprobar estos ascensos. Si lo hace con las hojas de vida que presentó el Ministerio de Defensa, no tendrá información completa que le permita tomar una decisión seria sobre este asunto.

Creo que los senadores deberían pedirle al ministro Villegas una explicación

¿Si ese estándar se aplicara siempre entonces todo persona sobre la que pesa una acusación debería dimitir o no ser promovida aunque no se haya probado nada en su contra?

A ver, aquí no estamos hablando de acusaciones o especulaciones. Estamos ante evidencias verdaderamente graves basadas en documentos oficiales. Déjeme darle un ejemplo. El General Francisco Javier Cruz Ricci está bajo investigación por dos homicidios cometidos en julio de 2004 en Putumayo. No sólo hay un testimonio de un subordinado que lo implica directamente, sino que además el General firmó toda la documentación de la operación en la que asesinaron a estos dos civiles inocentes.
En estos casos por supuesto que los ascensos deben ser frenados hasta tanto la justicia tome una determinación.

El expresidente Álvaro Uribe volvió a acusarlo esta semana de estar al servicio del terrorismo. ¿Por que no explica su nueva pelea con el hoy senador del Centro Democrático?

Esto ya es muy aburrido. Cada vez que alguien lo critica o incluso lo menciona al pasar, Uribe responde con calumnias, en lugar de argumentos. Esa es la patética rutina del Expresidente. Creo que podemos dejar esto para Twitter y discutir aquí temas más sustantivos, ¿le parece?

Bueno, le propongo otro tema: hace poco enviaron una carta a la Ocde diciendo que, palabras más palabras menos, Colombia no merecía entrar al grupo mientras los niños wayú siguen muriendo de hambre. Esas son palabras mayores.

Nosotros no nos oponemos a que Colombia ingrese a la Ocde. Nuestra carta apunta a darle a conocer la situación a la Ocde porque uno de los dos comités que aún debe evaluar al país –y al parecer esta discusión se ha postergado hasta marzo— tiene a cargo determinar si el Gobierno ha implementado medidas eficaces para apoyar a grupos vulnerables y combatir la pobreza. Creemos que la Ocde no puede abordar ese debate sin conocer y examinar la crisis humanitaria en La Guajira, que se sigue cobrando la vida de decenas de niños, a pesar de los anuncios del gobierno.

Pero el gobierno dice que ya se han tomado medidas para corregir la situación…

Nosotros hicimos un análisis detallado de las medidas tomadas por el Gobierno y encontramos que la respuesta es claramente insuficiente. Nuestro equipo viajó dos veces a La Guajira, en agosto de 2016 y junio de 2017. La segunda vez llevamos un informe de 400 páginas que obtuvimos del Gobierno sobre las medidas que había tomado para enfrentar la crisis, y recorrimos todo el departamento examinando muchas de las acciones una por una. ¿Qué encontramos? Médicos que no tenían medicamentos, pozos de agua que no funcionaban o sólo daban agua salada, programas de salud donde la comida para los niños no alcanza y a veces llega en mal estado.

Y todas estas fallas se reflejan en las cifras. Según datos oficiales, entre enero de 2016 y agosto de este año, murieron en promedio un niño indígena por semana de desnutrición en La Guajira.

SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal EL TIEMPO 
Washington
Twitter: @sergom68

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