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EEUU

Trump y el Poder Judicial /Análisis

Donald Trump ofrece su primer discurso en una sesión conjunta del Congreso en la Cámara de Representantes.

Donald Trump ofrece su primer discurso en una sesión conjunta del Congreso en la Cámara de Representantes.

Foto:EFE

ANÁLISIS UNISABANA

Logo de la Universidad de La Sabana

Actualmente se vive una gran tensión entre la Casa Blanca y las cortes federales.

Salasm Salasm
Con más de la mitad de los primeros 100 días en la Casa Blanca cumplidos, el Presidente de los Estados Unidos ha demostrado estar dispuesto a imponer su estilo de gobierno de naturaleza empresarial, sin importar si para ello tiene que hacer polémicas acusaciones contra la administración de su antecesor –Barack Obama–, los medios de comunicación o, incluso, entrar en una confrontación directa con el Poder Judicial.

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Una consecuencia directa de ello es la caída en la opinión pública estadounidense de la imagen del ejecutivo, contribuyendo a la deconstrucción de la administración y con ello, preparando el entorno para un mayor protagonismo de los jueces.
Es precisamente ese fenómeno de tener jueces activistas dispuestos a actuar como contrapeso del Ejecutivo y del Legislativo, el que es preciso analizar debido a las consecuencias que puede tener en la realidad político-jurídica de los Estados Unidos.
Dos circunstancias enmarcan la relación del presidente Donald Trump con el poder judicial en los primeros días del ejercicio de su mandato; por un lado, la nominación de Neil Gorsuch para ocupar la silla en la Corte Suprema dejada por el Conservador Antonin Scalía; y por otro, la confrontación abierta que ha venido teniendo con las Cortes y jueces federales, como respuesta a las medidas adoptadas en materia migratoria.
Frente al primero, Trump propone el nombre de una persona que, teniendo todas las credenciales, le permite cumplirle a su partido y con ello garantizar el apoyo a sus iniciativas en el Legislativo.
Sin duda, uno de los puntos más importantes para el Partido Republicano es la elección del nuevo juez de la Corte Suprema, cargo que en los Estados Unidos es de carácter vitalicio. Después de construir una lista de 21 aspirantes, el 31 de enero de este año, Trump anunció a Neil Gorsuch como su nominado.
De una clara línea conservadora, Gorsuch tiene una hoja de vida que se espera le permitirá soportar la arremetida del sector más liberal del Partido Demócrata y ser confirmado por el Senado. Realizó su pregrado en la Universidad de Columbia, es abogado de la Universidad de Harvard y doctor por la Universidad de Oxford donde adelantó sus estudios bajo la dirección del reconocido filósofo del derecho John Finnis.
Desde 2006 se desempeña como juez de la Corte de Apelaciones del Décimo Circuito. Claro que en los temas ideológicos que le interesan al Partido Republicano mantendría las mayorías conservadoras en la Corte.
Adicionalmente, se pronostica que antes de terminar su primer mandato –si es que hay un segundo– el presidente Trump pueda nominar otro juez a la Corte Suprema, muy probablemente en reemplazo de la jueza de corriente liberal Ruth Bader Ginsburg, quien mañana cumplirá 84 años. De darse esta situación, los republicanos tendrían la oportunidad de modificar la balanza judicial a su favor con un tribunal mayoritariamente conservador.
Pero más allá del poder que el partido del Gobierno pueda alcanzar en la Corte Suprema con la elección de Gorsuch o con el eventual reemplazo de Ginsburg, lo cierto es que hoy se experimenta una gran tensión entre la Casa Blanca y las cortes federales, la cual ha tenido su primer 'round' en el marco de las políticas migratorias oficialistas.
Si bien la propuesta de construir un costoso muro en la frontera con México, que muy posiblemente no será terminado en los cuatro años de su presidencia –si es que llega a ser construido– ha generado una gran polémica, fue la Orden Ejecutiva 13769 firmada el 27 de enero de 2017 la que desató la indignación entre los estadounidenses y una contundente reacción del Poder Judicial.
La orden, que ahora busca ser reemplazada por otra de contenido similar, imponía un límite en el número de refugiados que podrían ser admitidos en los Estados Unidos (50.000) y suspendía el programa de admisión de refugiados por 120 días.
Pero su punto más controversial consistía en que, en aras de proteger al país del terrorismo, prohibía el ingreso de nacionales de Irán, Iraq, Libia, Somalia, Sudan, Siria y Yemen, países de mayoría musulmana, que generó que a esta medida se le conociera popularmente como “la prohibición musulmana” ('muslim ban').
El rechazó popular de la medida se materializó en más de 50 demandas que llegaron a los tribunales. El juez James L. Robart, a los dos días de su publicación, suspendió provisionalmente la aplicación de ciertas medidas de la Orden 13769, incluyendo la prohibición musulmana, recibiendo los aplausos de la opinión pública.
En una democracia centrada en la tridivisión de poderes como la estadounidense, cuando dos de estos comparten una misma postura e intereses políticos, el tercer poder ejerce un contrapeso más radical.
La combinación de un Ejecutivo desacreditado ante la opinión con un Poder Judicial con amplio apoyo popular hace prever el surgimiento del fenómeno de la judicialización de la política, que se traducirá en jueces y cortes cada vez más activistas en los asuntos políticos, actuando con menos autocontrol (el 'self-restraint' de Thayer, Holmes y Posner), quienes empezarán a injerir directamente en los asuntos propios del Ejecutivo y del Legislativo.
Carlos Arévalo
Jefe del Área de Derecho Internacional
Universidad de La Sabana
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