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Millonario ‘modelo matemático’ de Springer no ha servido a la Fiscalía

Ente acusador decidirá si imputa cargos a la politóloga y compulsa copias contra Montealegre.

Homenajes y condecoraciones polémicas en el país

En diciembre del 2015, el fiscal Eduardo Montealegre le entregó un reconocimiento a Natalia Springer por la aplicación de análisis cuantitativo para la investigación penal.

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Archivo particular / EL TIEMPO

15 de diciembre 2017 , 07:57 a.m.

Más de dos años después de que la politóloga Natalia Springer y el entonces fiscal general Eduardo Montealegre Lineth presentaran en Washington la que llamaron ‘macroinvestigación sobre crímenes del Eln’, el ente acusador se prepara a tomar decisiones por las posibles irregularidades en los millonarios contratos de los que fue beneficiaria la politóloga.

Fuentes de la Fiscalía señalaron que el caso está en el despacho de un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia que inició investigación por el escándalo de la entrega de tres contratos a la firma Springer Von Schwarzenberg Consulting Services S. A. S. por cerca de cuatro mil millones de pesos.

Lo que se está definiendo, en esencia, son dos asuntos: primero, si la Fiscalía llama a imputación de cargos a Springer. Y segundo, si hay elementos de juicio que comprometan al exfiscal Montealegre Lineth, lo que se reflejaría en una posible compulsa de copias en su contra ante la Comisión de Acusación. De hecho el director de la Red de Veedurías, Pablo Bustos, cuestionó que aunque hace más de año y medio presentó denuncia contra Montealegre ante la Comisión, “en el caso no ha pasado nada y los investigadores se han quedado cortos frente a la gravedad de las irregularidades”.

Altas fuentes de la Fiscalía señalaron que esa millonaria inversión hecha durante la administración del exfiscal Montealegre y que supuestamente iba a permitir la aplicación de un modelo matemático en las investigaciones por los más graves delitos cometidos en medio del conflicto no ha tenido aplicación alguna en esos procesos. Incluso, aseguran que en la macroimputación realizada contra los integrantes del Comando Central del Eln (Coce) por los atentados registrados contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas entre 2008 y 2016 finalmente no se utilizó el informe entregado por la firma de la politóloga.

En ese caso, para acusar a la cúpula del Eln el soporte fue el informe de un perito del CTI establecido en Bogotá que hizo recuento de todos los atentados contra el oleoducto y reconstruyó, con las evidencias disponibles en los archivos judiciales, los contextos para evidenciar el daño ambiental ocasionado por los atentados y su carácter sistemático.

Lo que se ha venido haciendo en los procesos es producto del trabajo de funcionarios del CTI

En octubre del 2015 Springer y Montealegre presentaron en Washington un informe de 42 páginas sobre los crímenes de lesa humanidad atribuidos al Eln enmarcados en los atentados contra la infraestructura petrolera. “Se responde con resultados, no con insultos. Hoy nos evaluaron grandes expertos en Washington y les fue bien a Colombia y a la justicia”, escribió en sus redes sociales la politóloga después de esa presentación.

Fuentes de la Fiscalía dicen que ese informe no sirvió para los propósitos para los que fue contratado. Esa información fue corroborada por fiscales de la antigua Dirección de Contexto y de Derechos humanos, que señalan que muchos de ellos ni siquiera conocieron el documento: “Ese informe no bajó a los encargados de las investigaciones y lo que se ha venido haciendo en los procesos es producto del trabajo de funcionarios del CTI”.

Entre los cuestionamientos que está evaluando el fiscal delegado ante la Corte está que el trabajo contratado con Springer bien pudo ser realizado por personal de la Fiscalía, tal como finalmente sucedió, y que mucha de la información que se presentó estaba disponible en medios abiertos, como archivos de prensa e internet. También se están revisando los informes del interventor del contrato, que debía evaluar tanto procedimientos como resultados.

En el proceso por celebración indebida de contratos, tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos fueron citados a declaración el exjefe de la Dirección de Análisis y Contexto de la Fiscalía Juan Pablo Hinestrosa; Marcela Yepes que era la directora Nacional de Apoyo a la Gestión y que firmó los contratos; el exvicefiscal Jorge Perdomo y el exjefe de la Dirección de Contexto Alejandro Ramelli quien salió del ente acusador por su abierto desacuerdo con el trabajo de Springer.

Ramelli dijo públicamente que con su equipo estudió los documentos entregados e hizo una lista de 18 puntos que debían aclararse, pero que nunca hubo respuesta. A pesar de esos cuestionamientos, la Fiscalía recibió los informes de la politóloga y los pagó. También afirmó que inicialmente fue designado como interventor del contrato, pero que tras sus reparos y por instrucciones del despacho de Montealegre se nombró para esa labor a otro funcionario que no tenía relación con los casos.

Durante su administración, Montealegre defendió a capa y espada el negocio. De hecho, en diciembre del 2015 concedió a Springer un polémico reconocimiento en el marco de los premios Low Murtra, que se entregan cada año a los funcionarios más destacados de la justicia. Ante las críticas, habló de “una cacería de brujas”, un “show mediático” y un “linchamiento” de medios. Además señaló que no ha habido violaciones a la ley al vincular asesores, que la Fiscalía tiene la autorización legal de hacer contratación directa y que “esa platica no se perdió”, porque se trataba de “inversiones para la paz”.

Los millonarios contratos logrados por Springer tienen en líos con la Procuraduría al exalcalde de Valledupar Freddy Miguel Socarrás, quien contrató, por 1.400 millones, la formación de cogestores en el marco de la construcción de una cultura de paz.

JUSTICIA
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