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En el país hay más de 17.000 cuerpos identificados que nadie reclama

Este es uno de los cuerpos hallados en un cementerio local del municipio de Mesetas, en el Meta.

Este es uno de los cuerpos hallados en un cementerio local del municipio de Mesetas, en el Meta.

Foto:Rodrigo Sepúlveda / EL TIEMPO

En 2017 identificaron plenamente los restos de 3.667 personas, pero a la fecha no tienen doliente.

El Instituto Nacional de Medicina Legal logró identificar el año pasado, en promedio, 10 cuerpos de personas al día; sin embargo, esos restos no fueron reclamados por sus familiares. En total, 3.667 restos no han encontrado dolientes y se conservan en los repositorios de las sedes de la entidad y en cementerios del país.
El 84 por ciento (3.108) de esos cuerpos corresponden a hombres, y la mayoría de ellos, 958 casos, están entre los 18 y los 30 años de edad. En la lista también hay 323 menores de edad.
En los últimos diez años, el número de cuerpos sin reclamar y que están a cargo de los cementerios, las fiscalías y Medicina Legal es casi cinco veces mayor: 17.745.
Carlos Eduardo Valdés, director del Instituto de Medicina Legal, explica que este drama se traduce en el miedo que sentían los colombianos en denunciar y buscar su ser querido desaparecido, ya sea porque era víctima o integrante de algún grupo ilegal. “Antes había miedo de denunciar, y probablemente la cifra de desaparecidos sea mayor que la que se tiene: 85.000. En el marco del conflicto armado que hemos vivido, la desaparición era una acción de guerra encaminada a intimidar y callar a las personas. Las familias a las cuales se les desaparecía una persona no podían ir a denunciarlo porque eran objeto de amenazas y de nuevas desapariciones”, indicó.
El trabajo que realiza el instituto está articulado con el proyecto ‘Búsqueda de personas no identificadas en cementerios’, del Ministerio del Interior, que desde el 2013 ha visitado 389 camposantos. En ese proceso, esta cartera ha logrado documentar 30.446 cuerpos recuperados, de los cuales 26.100 están en condición de no identificados y 4.346 como identificados no reclamados.
Durante las visitas a los cementerios, el ministerio realiza campañas para que los municipios o administradores de los camposantos adopten buenas prácticas de inhumación, conservación y custodia de los cuerpos. Se implementan políticas territoriales y acciones de apoyo para la localización de personas desaparecidas en el país.
“En los cementerios encontramos que algunos están debidamente rotulados y marcados en bóvedas, pero lastimosamente otros no. A los administradores y sepultureros les pedimos que no las reubiquen para que su trazabilidad no se pierda”, indica Jenny Martínez, líder del proyecto del Mininterior.
Según cifras de la Dirección de Derechos Humanos de esa cartera, en el departamento de Antioquia han llegado a 61 camposantos; en Cundinamarca, a 57, y en el Valle del Cauca, a 25.
La funcionaria explica que en terreno han encontrado que no todos los casos se dieron en el marco del conflicto armado, sino por otras circunstancias, y que esos identificados ni siquiera fueron denunciados.
Los casos de departamentos con más identificados no reclamados son Cundinamarca, con 1.403; Valle del Cauca, con 609; Risaralda, con 506; Antioquia, con 317; Caldas, con 315, y Huila, con 160. Las autoridades confían en que con los avances en el proceso de paz más personas se acerquen a buscar a su familiar desaparecido.

Un cuerpo sin doliente

En el bloque A del cementerio de Gigante, Huila, reposa el cuerpo de un recolector de café de 38 años de edad que murió en una pelea en la vereda El Rodeo. Recibió un disparo en la cabeza y, aunque en el momento de la muerte portaba una billetera con sus documentos, nadie de su familia lo ha reclamado.
“La gente se familiarizó mucho con el caso; se hizo una misa y se sepultó con su lápida. En el archivo hay imágenes de él para mostrarlas a sus familiares, si aparecen, y mostrar que fue sepultado dignamente”, dice Wilson Javier Clavijo, sepulturero y administrador del cementerio. En el cementerio de Gigante hay cerca de 3.000 cuerpos sepultados, de los cuales 44 están sin identificar.
Este camposanto antes era comunitario, pero ahora es administrado por la alcaldía. “Antes se llevaba un registro del cuerpo, pero cada uno construía su bóveda como quería, eso se logró controlar”, cuenta Clavijo, quien desde los 10 años empezó a hacer necropsias y dice que lleva más de 9.000 cuerpos arreglados. Desde hace más de 70 años, su familia, padre y abuelo se han dedicado al trabajo en cementerios y funerarias. “Es un trabajo que casi nadie lo hace, y por eso es más fácil conseguir trabajo. Es un tema muy humano y que me gusta”, dice Clavijo.

Familiares esperan cotejo para despedir a su ser querido

Gerardo Lucio Fernández, de 69 años, desapareció el pasado 27 de mayo del 2017, cuando fue a reclamar el pago de su pensión en el centro de Popayán.
Fernández vivía allí desde hace 30 años, mientras fue policía de la Dijín. Luego de su retiro se sostenía con su pensión. Las autoridades revisaron las cámaras del sector, y se evidenció que Fernández hizo el retiro de su dinero y después se dirigió a la zona de taxis, desde donde se perdió su rastro.
“A mi tío todo el mundo lo conocía, cuando pegamos los carteles de la desaparición no lo podían creer. Cómo es posible que esto pase en un sector donde todo el mundo lo conoce”, dijo Patricia Méndez, de 48 años, su sobrina.
En septiembre pasado, unos deportistas advirtieron a las autoridades que habían encontrado unos restos en una zona montañosa en el municipio de Coconuco, en Cauca. Fueron halladas la ropa que portaba Gerardo Lucio y una billetera con sus documentos.
Con estos indicios preliminares se solicitó al Instituto de Medicina Legal realizar el cotejo de ADN. Se tomaron muestras a dos hermanos y un hijo para confirmar su identidad. Pero en ese trámite llevan esperando cuatro meses, y no tienen el resultado.
“Estamos en un 90 por ciento seguros de que se trata de él, pero esperamos que se confirme. No hemos podido hacer el duelo”, dijo Patricia.

El laboratorio adonde llegan los restos recuperados

En una caja de cartón procedente de un cementerio del municipio de Mesetas, en el Meta, los investigadores del CTI entregaron al laboratorio de criminalística de la Fiscalía en Bogotá los restos de varias personas, cada uno individualizado en bolsas, que fueron recuperados en una exhumación el pasado 17 de septiembre.
Uno de ellos corresponde a una menor de edad con una posible identidad. “Es una menor, y hasta ahora se estaban formando los terceros molares, tiene tres cuartos de la raíz formada”, dijo la investigadora, quien agregó que el análisis de la dentadura es importante para determinar la edad.
Aunque tienen indicios de su nombre, los investigadores deben confirmar que sí se trata de ella. Si su identidad es plenamente confirmada, se ubicará a su familia para hacer la entrega.
Los cuerpos recuperados en los cementerios llegan a una bodega con varios estantes, y tienen un rotulo que indica fecha y lugar de investigación y el número de la noticia criminal. Tiene la información del acta de inspección del cadáver, una ficha biológica y otros anexos de la investigación.
El laboratorio de criminalística de Bogotá está ubicado en el segundo piso del edificio T de la Fiscalía. Funciona hace más de tres años, desde octubre del 2015. Cuenta con la más avanzada tecnología, y están próximos a lograr certificación internacional en alta calidad. Como este hay uno en Barranquilla, Cali, Bucaramanga, Pereira, y dos más en Medellín. Este trabajo se articula con el del Instituto de Medicina Legal, que también tiene laboratorios especializados en criminalística y genética para examinar otros cuerpos recuperados en cementerios.
El espacio es un enorme salón blanco con capacidad para examinar seis cuerpos al mismo tiempo; para ello, como en una sala de observación, se apuntan los nombres en un tablero. Para el ingreso se necesita seguir un protocolo, acompañado de batas y elementos de protección para cuidar la evidencia y evitar enfermedades.
“Es un trabajo muy instrumental, pero queda a disposición del perito cómo se guiará la información. Nuestro fin es conocer la historia de la persona, confirmar su nombre y brindar una orientación de su muerte”, cuenta Carolina Forero Montealegre, coordinadora del laboratorio y quien completa 22 años en la Fiscalía.
Forero agrega si bien algunas veces creen que van solo por un caso, pueden encontrarse más personas, cuando se trata de fosas mezcladas.
La funcionaria explica que los cuerpos deben estar a una temperatura promedio de 36 grados, para que no se altere el tejido óseo. En este lugar trabajan 22 especialistas, entre antropólogos y odontólogos, que dividen su trabajo por semanas en el laboratorio y en campo. Aunque cada uno analiza desde su pericia y profesión, los investigadores presentan un solo informe de cada cuerpo hallado.
Los restos son sometidos primero a una zona de limpieza para retirar la tierra y el barro, usando un filtro para evitar que cualquier muestra se pierda; luego pasan al área de secado y se revisa la temperatura. Después sigue el análisis de cada uno de los investigadores y el informe final.
Cuando el grupo de criminalística termina la fase de análisis, los restos se envían a la bodega de la carrera 30 –otra sede de la Fiscalía– el último viernes de cada mes. Allí hay un repositorio temporal, mientras se hacen los exámenes de genética y el cuerpo es plenamente identificado. Es un trabajo nada fácil y que exige cumplir ciertos protocolos; incluso, los investigadores tienen a mano libros de consulta sobre los procedimientos técnicos para la orientación de los casos.
ANGY ALVARADO RODRÍGUEZ
REDACTORA DE JUSTICIA
@angyalvarador
vivrod@eltiempo.com
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