Cifras de desplazamiento forzado en 2017 en Colombia - Servicios - Justicia - ELTIEMPO.COM
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Violencia deja 54.000 desplazados en 2017

La mayoría de víctimas están en Chocó y Nariño. Bandas criminales y Eln siguen forzando la huida.

Al Eln lo sindican de desplazamiento masivo

El Defensor del Pueblo adelantó una reunión para evaluar si existen condiciones de seguridad que permitan el retorno de los indígenas.

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Archivo / EL TIEMPO

18 de diciembre 2017 , 08:42 p.m.

Aunque los estragos del conflicto armado vienen cayendo en todo el país como efecto de los acuerdos de paz con las Farc y la consecuente desmovilización de esa guerrilla, el desplazamiento forzado sigue siendo una dramática realidad para miles de colombianos.

Según el Registro Único de la Unidad de Víctimas, en lo corrido del año, 54.684 personas han sido desplazadas. Los registros oficiales señalan que el departamento con mayor éxodo es Chocó (9.684 víctimas), seguido por Nariño (7.776) y Antioquia (6.982).

Aunque las cifras muestran, en relación con el 2016, una disminución de un 41 por ciento en la generalidad del fenómeno, se ha dado también un incremento en los casos de desplazamientos masivos (que involucran a 10 familias o más).

Según la Oficina Coordinadora de Asuntos Humanitarios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), hasta octubre unas 13.096 personas fueron afectadas por desplazamientos masivos, un 32 por ciento más que el año pasado. “De continuar esa tendencia, el 2017 podría terminar con una cifra de desplazados en eventos masivos igual o superior a la del 2015, cuando había un actor armado más que formaba parte del conflicto colombiano y antes del cese del fuego bilateral entre las Farc”, asegura esa entidad.

La ONU también reportó que los municipios afectados por desplazamientos crecieron en un 40 por ciento al pasar de 20 a 28 en el último año. El 68 por ciento está en la región Pacífica.

Precisamente, según esta organización, los últimos cuatro eventos se han dado en Chocó y Nariño, afectando a 2.255 personas, especialmente a líderes sociales.

Su investigación da cuenta de que el 45 por ciento de los éxodos masivos se dan por enfrentamientos entre grupos armados, seguidos por acciones y amenazas de actores desconocidos y por bandas criminales.

Chocó es un departamento que tras el desmonte de las Farc como actor armado ilegal ha sido objeto de una violenta disputa territorial entre el Eln y la banda del ‘clan Úsuga’. De hecho, al menos 1.200 miembros de comunidades indígenas han sido desplazados por las amenazas de la guerrilla de ‘Gabino’, que incluso asesinó a un gobernador embera y tiene desaparecido a otro líder de esas comunidades no obstante el cese bilateral de hostilidades decretado por las negociaciones de Quito.

La Defensoría del Pueblo, por su lado, reporta 42 eventos de desplazamientos masivos este año. Según Ingrid Rusinque, delegada para esos asuntos, no menos de 11.000 personas tuvieron que dejar sus hogares, especialmente afrocolombianos e indígenas.

La Defensoría señala que uno de cada tres eventos en el Chocó (de un total de 19) se registró en la zona de Riosucio y el bajo Atrato. “En estos territorios y en todo el andén del Pacífico, la situación es insostenible –dice Rusinque– (...) Cuando las Farc dejaron estas zonas fueron copadas tanto por grupos armados ilegales como por bandas ligadas a las economías ilícitas del narcotráfico y minería ilegal”.

Corte regaña al Gobierno

Por la grave situación que afrontan los pueblos indígenas, la Corte Constitucional acaba de emitir un documento en el que raja las políticas oficiales para atender el desplazamiento, sobre todo en la protección de comunidades indígenas y afrodescendientes. Y en otra decisión, la Corte se refirió a la situación de violencia de la costa Pacífica, específicamente en Nariño, donde, aseguró, se han registrado 18 casos de desplazamientos masivos.

Estos hechos se suman al homicidio de 7 personas del Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera (Tumaco), el 5 de octubre, y el desplazamiento de toda su junta de gobierno, así como al homicidio de José Jaír Cortés Godoy, vocal de esa comunidad, el 17 de octubre.

El alto tribunal dice que en esta región hay un “bloque institucional” que ha mantenido un desorden a la hora de proteger a las comunidades. Por eso le ordenó al presidente Juan Manuel Santos crear una comisión de primer nivel que en los próximos dos meses ponga en marcha un plan urgente “para garantizar la protección de las comunidades afros y los pueblos awá y eperara-siapidaara del Pacífico nariñense”.

A pesar de la gravedad de las cifras, estas están lejos de las de los 90 y la década pasada, cuando en un solo año se llegaron a registrar casi 800.000 desplazados.

REDACCIÓN JUSTICIA
EL TIEMPO
Twitter: @JusticiaET

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