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Inpec trata de tapar la ‘vena rota’ de permisos sindicales

Desde el 2015, los guardias dejaron de trabajar el equivalente a 310 años.

Guardias del Inpec

El Congreso aprobó recientemente una ley para incrementar en 2..800 la planta de personal del Inpec.

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Óscar Bernal / Archivo EL TIEMPO

23 de mayo 2018 , 07:38 p.m.

Una resolución de 16 artículos firmada el pasado 11 de mayo por el brigadier general Jorge Luis Ramírez, director del Inpec, por primera vez toca una de las gabelas más polémicas de los guardianes afiliados a los 78 sindicatos de la entidad: los permisos para no ir a trabajar por supuestas actividades relacionadas con esas organizaciones de trabajadores.

En los últimos tres años, según cifras de la Contraloría, funcionarios de ese organismo dejaron de trabajar más de 113.000 días, el equivalente a 310 años.


El documento del Inpec señala que los permisos sindicales solo se otorgarán de manera temporal y transitoria, “porque el directivo sindical debe cumplir normal y habitualmente las funciones propias de su empleo”, y que no habrá ningún permiso de carácter permanente, como sí sucede hoy.

También precisa que cada organización sindical tendrá derecho a dos días de permiso remunerado anual por cada uno de sus afiliados y que deberá distribuirlos entre sus directivos, tal cual sucede en otros sindicatos. Según las alertas elevadas por la Contraloría, el año pasado hubo funcionarios que no trabajaron hasta por 150 días, amparados en esos permisos.

De hecho, guardianes afiliados a varios sindicatos tuvieron permisos por cada uno de ellos; algo que la norma recientemente expedida prohibió de tajo. “Los directivos sindicales inscritos que ostenten esa condición en varias organizaciones sindicales tendrán derecho a permiso sindical solo por una de ellas”, dice el artículo 11.

Según un informe de la Contraloría, en el 2015 los permisos sindicales superaron los 39.000 días; es decir 110 años. Un año después fueron 40.079 (112 años) no trabajados por los guardianes, y en el 2017, 31.397 (88 años).

En los 78 sindicatos están 8.640 miembros del Inpec, que equivalen al 70 por ciento del total de guardianes de la institución (12.400). De los afiliados, 3.650 son aforados: es decir, tienen una protección especial, por ejemplo con respecto a investigaciones disciplinarias por ser directivos de las organizaciones. Ese blindaje jurídico, de hecho, es una de las explicaciones de la multiplicación de sindicatos en el Inpec.

La Resolución 001381, que deroga dos documentos equivalentes del año 2011, afirma que cuando se compruebe que los funcionarios usaron el tiempo de permiso en actividades diferentes a su actividad sindical la información será remitida a autoridades disciplinarias y judiciales.

Con el propósito de evitar que los permisos sigan siendo una vena rota del sistema, la norma establece que serán concedidos por el director general del Instituto o su delegado, luego de que los requisitos sean verificados por parte de la oficina de talento humano y que, en todo caso, podrá ser negado “cuando afecte el funcionamiento y servicios que debe prestar la entidad”.

Las auditorías de la Contraloría dieron cuenta de que los permisos son una de las principales razones de la inoperancia del Instituto, pues la limitación de personal afecta tanto la seguridad de los presos dentro de los centros carcelarios como su traslado a audiencias y citas médicas; además de dejar sin custodia a quienes están en detención domiciliaria.

“Esta falta de disponibilidad de funcionarios para cumplir las actividades por las cuales se encuentran vinculados al Inpec afecta también la integridad de las pocas unidades que deben velar por la seguridad de cientos de internos”, dijo la Contraloría en uno de sus informes.

Según estadísticas del Consejo Superior de la Judicatura, el año pasado 27.853 diligencias judiciales no se hicieron porque los detenidos no fueron remitidos por el Inpec a los estrados y por cuenta de ello quedaron libres por vencimiento de términos decenas de homicidas, ladrones, extorsionistas y todo tipo de delincuentes.

Llamados para acabar con el Instituto

Los escándalos del Inpec han llevado incluso a que su continuidad sea uno de los temas de debate en medio de las campañas electorales a la presidencia. De cara a la contienda, hace un par de semanas los alcaldes de las 32 ciudades capitales del país entregaron un documento con 12 propuestas técnicas a los candidatos, entre las que estaba acabar con el Inpec.

Esa posibilidad, sin embargo, no está siendo evaluada en este momento por el Gobierno, pues de hecho acaba de ser aprobada en el Congreso una ley que permite la ampliación de la planta de personal de algunas instituciones del Estado, entre las que se encuentra el instituto penitenciario. Con esta norma ingresarán 2.800 trabajadores al Inpec.

JUSTICIA
justicia@eltiempo.com

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