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Renegar de la justicia especial

Autor del artículo llama la atención sobre abogados que atacan viabilidad de justicia transicional.

Magistrados de la JEP

Los acuerdos entre el Gobierno y las Farc son criticados por algunos abogados, por considerar que la justicia transicional daría lugar a nuevos ciclos de criminalidad.

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Mauricio Dueñas / EFE

21 de junio 2018 , 08:10 p.m.

Hay abogados que quisieran reducir la política a puras fórmulas jurídicas. Lo mejor sería renegar de ellos.

Escudriñando un poco, uno puede traer a colación más de una cita de la obra de Edmund Burke en las que este pensador y político británico del siglo XVIII reniega de los abogados. Lo que motivó sus invectivas fue la reducción de un conflicto político –la rebelión de trece colonias en Estados Unidos– a un asunto puramente jurídico.

Una primera ocasión en la que Burke vituperó sutilmente a los abogados fue en 1775, en una sesión en el Parlamento en la cual afirmó que la paz con esas colonias era preferible a la guerra civil. Luego, en 1777, con ocasión de una discusión acerca del intercambio de prisioneros entre los rebeldes y las tropas de la Corona, afirmó que los legisladores debían seguir las máximas de la razón y la equidad, y el sentido común de la humanidad, en vez de las construcciones artificiales de la justicia, en las cuales eran diestros los abogados.

Como lo hiciera Burke, también hoy yo reniego de los abogados, y por la misma razón. Entre nosotros hay bastantes juristas que juzgan la realidad política sin ninguna consideración histórica o sociológica, apegados a consideraciones abstractas que revelan palmariamente su incomprensión de cuál es la base histórica y social del imperio del derecho. Este imperio tiene su cimiento más firme en el consenso más amplio de la sociedad pues de él es de donde surge la fuerza para reducir a todos los infractores.

Lo que le pone fin a la violencia es el desarme de todos los grupos armados que operan al margen del Estado o en su contra

En nuestras actuales circunstancias, hemos de construir ese consenso mediante acuerdos y compromisos de diversa índole. Por una parte, se trata de lograr compromisos que conviertan a los antiguos enemigos en meros oponentes, dentro de un marco de reglas comúnmente aceptadas. Por otra, se trata también de lograr compromisos entre principios distintos, como la paz y la justicia.

Desafortunadamente, un buen número de abogados se han dedicado a publicar columnas de opinión y a agitar banderas electorales que dan al traste con los compromisos logrados hasta ahora. Seguir sus consejos le puede resultar bastante costoso a esta sociedad.

Una tesis cara a los abogados que se han metido en política, ya sea como políticos o como opinadores, es afirmar que hay un vínculo causal entre impunidad y violencia.
El supuesto no probado de esta tesis es que el castigo penal de los crímenes del pasado es el principal disuasorio de los crímenes del futuro. Por tanto, tal es la tesis, las amnistías o la laxitud de la justicia transicional darían lugar a nuevos ciclos de criminalidad. Se entiende entonces que esos abogados critiquen con ahínco los acuerdos de paz suscritos entre el Gobierno y las Farc.

Esta tesis es históricamente falsa. Lo que le pone fin a la violencia es el desarme de todos los grupos armados que operan al margen del Estado o en su contra. Ese desarme se puede obtener de diversos modos: uno es mediante su aniquilación física; otro, mediante acuerdos y políticas de sometimiento. La escogencia de uno u otro camino depende de la fuerza relativa del Estado, esto es, de su capacidad para imponerse sobre esos grupos, así como de la tolerancia de la sociedad hacia desenlaces más o menos cruentos.

En este orden de ideas, si el Estado cuenta con los medios para aplastar a los grupos armados, podrá entonces desplegar contra ellos una feroz y efectiva guerra sin cuartel. Si esos medios no le alcanzan, lo más racional, por ser lo menos cruento, es obligarlos a negociar, como se hizo con las Farc y como hace ahora con el Eln, así como implementar una política colectiva de sometimiento, como podría hacerse con las llamadas Autodefensas Gaitanistas e, incluso, con las mismas disidencias de las Farc.

Si nos embriagáramos con su elocuencia, podríamos arrancar un ojo por cada ojo arrancado, pero no lograríamos con ello que ningún tuerto alcanzara mejor vista

Con un claro sentido histórico, el Estado colombiano podría concentrar sus recursos en desarmar a todas las organizaciones violentas, objetivo alcanzable con una sabia administración del garrote y la zanahoria. Una política de este tipo implicaría continuar el camino iniciado con las Farc, esto es, cumplir lo acordado; mantener las negociaciones con el Eln en medio de la confrontación, a menos que esta guerrilla acepte un cese del fuego y un cese de las hostilidades, dándoles cabal aplicación a las reglas del Derecho Internacional Humanitario; y poner en primer lugar en la agenda legislativa un modelo de sometimiento colectivo para todas las organizaciones al margen del Estado dispuestas a cesar definitivamente sus acciones violentas.

Esa política implicaría, desde luego, reforzar la acción de la Fiscalía y de la Fuerza Pública contra la criminalidad organizada, así como desarticular las redes de corrupción que enlodan la administración de justicia.

Los abogados metidos en la política, sin embargo, quieren poner en el primer lugar de la agenda legislativa otra cosa: su deseo nada sublimado de vindicta y su errónea interpretación de la relación entre la impunidad y la violencia. Su principal propuesta es reformar los mecanismos de justicia transicional. Los más radicales quisieran acabarlos de un solo tajo.

Aferrados al principio de retribución, estos abogados confunden nuestro sentido de la justicia. Si nos embriagáramos con su elocuencia, podríamos arrancar un ojo por cada ojo arrancado, pero no lograríamos con ello que ningún tuerto alcanzara mejor vista. Ojalá tuviéramos por sabido que la política retributiva no alivia la pérdida, solo gratifica el resentimiento. No es ella el medio para construir una sociedad justa basada en el imperio del derecho.

Esta crítica a la política retributiva no es un alegato contra el castigo; es un llamado a redefinir la función de este último. De una manera que algunos pueden encontrar desconcertante, Simone Weil afirmó que el castigo es una de las necesidades del alma. Su lógica es, sin embargo, bastante clara. Puesto que todo crimen pone a su autor por fuera de la cadena de obligaciones que forman una buena sociedad, el castigo es el medio para reintegrarlo a ella. Hay, sin duda, criminales que no son reintegrables y deben permanecer apartados. Empero, hay muchos más redimibles por medio del castigo, uno que no implica vestirlos a rayas y ponerlos entre rejas.

Quisiera dedicar estas últimas líneas a los ataques que algunos abogados metidos en política le han dirigido a la Comisión de la Verdad. Encuentro infundada su sospecha de que esa institución vaya a ser usada como un instrumento vindicativo. El procedimiento de selección de sus integrantes fue suficientemente transparente e imparcial. Por tanto, es puro prejuicio creer que actuarán a favor o en contra de este o de aquel grupo. Antes bien, procurar la reconciliación es uno de los propósitos centrales de esa institución. La verdad en este caso, entendida como recuento de lo que sucedió, resuena con el más básico sentido común de recapitular los errores del pasado para no repetirlos.

Al cumplir esta tarea, la Comisión de la Verdad ayudará a reconciliarnos con nosotros mismos por la vía de reconciliarnos con nuestro pasado y con la incertidumbre de nuestro futuro.

JUAN G. GÓMEZ ALBARELLO
ESPECIAL PARA EL TIEMPO
PROFESOR ASISTENTE DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y RELACIONES INTERNACIONALES UNIVERSIDAD NACIONAL

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