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Procurador pide tumbar inhabilidades para magistrados de la JEP

En concepto enviado a Corte, dijo que incompatibilidades en la ley estatuaria son discriminatorias.

Fernando Carrillo, procurador general de la Nación

La Procuraduría citó a juicio disciplinario a tres gerentes de la Triple A de Barranquilla.

Foto:

César Melgarejo / EL TIEMPO

05 de julio 2018 , 09:08 p.m.

En un concepto de 306 páginas, el procurador general Fernando Carrillo le pidió a la Corte Constitucional avalar la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pero con algunos condicionamientos claves.

Uno de los más importantes tiene que ver con las inhabilidades que el Congreso estableció para que no puedan ser magistrados de la JEP quienes hayan sido abogados de víctimas, representado a terceros en demandas contra el Estado por violaciones de derechos humanos o en demandas internacionales.

La Procuraduría considera inconstitucionales esas inhabilidades porque se aprobaron después de que los magistrados de la JEP fueron elegidos.

Asimismo, porque parten de la base de “considerar que las personas que ejercen su profesión en derechos humanos tienen una marcada carga ideológica que los hace inaptos para administrar justicia transicional”, lo que a juicio de la Procuraduría viola los derechos al trabajo y la libertad de escoger profesión, pues se trata de una actividad lícita.

esos impedimentos constituyen un estigma sobre los defensores de derechos humanos

Carrillo dijo además que esos impedimentos “constituyen un estigma sobre los defensores de derechos humanos y un criterio discriminatorio claramente prohibido por la Constitución”.

La Procuraduría pidió que en caso de que un magistrado haya representado a una de las partes en un proceso de la JEP, se apliquen los impedimentos y recusaciones que cumplan la finalidad de buscar imparcialidad.

Para Carrillo, es claro que “la regulación por parte del legislador de una inhabilidad exige el respeto de los principios y valores de la Constitución y, en todo caso, las restricciones deben ser razonables y proporcionadas”.

Al revisar otras normas de la ley estatutaria, el Procuador pidió que la Corte establezca que cuando un exguerrillero incumple los compromisos del sistema, no se envíe de forma automática su caso a la justicia ordinaria,

“Por ejemplo, la no contribución inmediata de un sujeto a la verdad plena no puede ser razón para la pérdida automática de todos los beneficios”, dice la Procuraduría.
Sin embargo, asegura Carrillo, cuando haya reincidencia en el uso de armas o renuencia a comparecer, estos casos deben implicar la exclusión de plano de la JEP.

El Ministerio Público se mostró de acuerdo con que la ley estatuaria prohibiera la participación en política de exguerrilleros a quienes se les impongan sanciones alternativas (cárcel de 8 años por reconocimiento tardío de la verdad) y ordinarias (cárcel de 20 años por no reconocer la verdad y ser culpable).

A su juicio, esto resulta constitucional porque “al implicar la privación de la libertad, y por ende la restricción del derecho al libre tránsito, esto resulta incompatible con el desempeño de cargos de elección popular”.

Pero también se mostró de acuerdo con que en el caso de las sanciones propias (las que implican sólo una restricción de la movilidad) la JEP sea quien determine si esa medida, que podría ser prestar servicio social, es o no incompatible con el ejercicio político.

La Procuraduría también pidió tumbar la norma de la ley que impide renunciar a la investigación delitos no amnistiables. Dice que se debe permitir esa renuncia en “aquellos casos en los cuales los vinculados no sean máximos responsables”, es decir, personas que no jugaron un rol esencial en el delito.

El Procurador pidió que se cambie la parte de la ley estatutaria que permite que la JEP revise las condenas de la Corte Suprema de Justicia, y le solicitó a la Corte mantener la norma que estableció que las conductas relacionadas con cultivos de uso ilícito son conexas al delito político.

Aval a la priorización de casos

La Procuraduría se mostró de acuerdo con que la JEP no se ocupe de todos los delitos cometidos en el marco del conflicto armado, sino que seleccione algunos hechos, basándose en criterios de priorización.

Así, el Procurador avaló tener en cuenta, al priorizar los casos, la gravedad de los hechos (no solo sistemáticos, sino que afectaron de forma grave los derechos fundamentales), la representatividad (crímenes que muestren un modus operandi o patrones sobre cómo operaba el conflicto) y la vulnerabilidad (frente a grupos especialmente golpeados).

La Procuraduría también dijo que se debe avalar el enfoque de priorización según máximos responsables, entendiendo que no solo son quienes tenían una posición jerárquica en las Farc, sino una participación activa. También se pueden priorizar casos según la disponibilidad probatoria de los procesos.

JUSTICIA
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