JEP Colombia

La Fiscalía inició con la entrega de información a la JEP 

El ente acusador hizo entrega de tres de los 18 informes para que esta justicia inicie sus labores.

Fiscalía y JEP

La Fiscalía General de la Nación empezó con la entrega de información a la JEP para que esta justicia arranque con sus labores. 

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@JurisdiccPaz

30 de mayo 2018 , 11:42 a.m.

La Fiscalía General le entregó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tres de los 18 informes que serán el punto de partida para el trabajo de esta justicia.

Patricia Linares, presidenta de la JEP, aseguró que hoy empieza esta entrega que será periódica pero rápida, y a la que se suman los informes de la jurisdicción, los de organizaciones de víctimas y organizaciones de derechos humanos, los del Centro de Memoria Histórica, los de la Contraloría, Procuraduría, y Sociedad Civil.

"Son esenciales y vitales para dar comienzo a una labor que le corresponde a la sala de reconocimiento, verdad y reaponsabilidad, que es la puerta de entrada a la Jurisdicción. Esa Sala ha venido trabajando de forma muy intensa. En cuatro meses ya contamos con un reglamento y la ley de procedimiento está ad portas de salir del Congreso", dijo Linares.

Linares aseguró que con el Fiscal siempre han trabajado de manera armónica, entendiendo que la JEP es esencial para el cumplimiento del acuerdo.

"Esta seguirá siendo una relación armónica, de colaboración, como lo ordena la Constitución y como debe ser para personas que quieren apostarle a la reconciliación", dijo Linares.

Al entregar los tres documentos, El Fiscal General Néstor Humberto Martínez aseguró que hoy es un día muy importante porque "comienza la Fiscalía a cumplir el mandato de proveer de insumos a la JEP para que desarrolle su función y cerrar las responsabilidades jurídicas de los oprobiosos crímenes que ocurrieron en el conflicto".

Martínez dijo que en dos años, más de 200 funcionarios "nos dimos a la tarea de revisar expediente por expediente, carpeta por carpeta, y todos los elementos materiales probatorios".

Aseguró que el primer informe es un inventario de procesos del conflicto armado en la Fiscalía, el segundo; un informe relacionado con las retenciones ilegales de las Farc, y tercero, "el oprobioso crimen contra la democracia, que fue el exterminio de la UP".

Inventario del Conflicto

Martínez dijo que en el inventario del conflicto armado el acuerdo establece que la Fiscalía no puede hacer la calificación jurídica de los hechos jurídicos, pues lo debe hacer la JEP.

"Hay una limitación en la descripción de los hechos, no se hacen individualizaciones de responsabilidad penales y cuando hay duda el indubio es pro JEP. Hay voluntad política de entregarles a ustedes el mayor nivel de información. Y en aquellos casos donde no está clara cuál es la competencia, igual se lo presentamos", dijo Martínez.

El Fiscal señaló que el inventario del conflicto armado tiene tres fuentes: los sistemas de información del sistema penal acusatorio, el inventario de Justicia y Paz, y la base de datos Sagitario sobre extinción de dominio.

Hemos abordado todas las fuentes para entregar este inventario

Aseguró que en el inventario hay 223.282 casos, delitos, que involucran a 196.768 víctimas y dan lugar a 280.471 indiciados, "casi una población tan grande como Girardot", dijo.

En esos casos, frente a las Farc, hay 51.000 casos, 20.000 activos y 31.000 inactivos. Hay 64.000 indiciados y 55.000 víctimas.

En relación con la Fuerza Pública, dijo que hay 13.500 casos de los cuales más de 5.000 están activos.

En Justicia y Paz se da cuenta de 73.434 hechos confesados por los postulados y 574.823 víctimas de los paramilitares. En materia de extinción del dominio, el Fiscal aseguró que los bienes del inventario son superiores a los entregados por las Farc.

Secuestros

El segundo informe de la Fiscalía hace referencia a la retención ilegal de personas. El informe cuenta el primer caso de Harold Éder, toma de Inzá (Cauca), lo sucedido en la década de los 90, la ley 002 de las Farc sobre secuestros.

En este delito la Fiscalía documentó 8.163 víctimas, más de 8.000 investigaciones y 614 condenados.

Martínez dijo que esas retenciones ilegales son "uno de los hechos más crueles e inhumanos. La retención ilegal y extorsiva fue recurrente durante años y fue para financiar su expansión militar y negociar su capacidad política. Afectó a hombres y mujeres, ricos y pobres, campesinos e industriales", dijo.

El informe habla de secuestros por varios lustros y según el Fiscal "contribuirá para hacer justicia y recrear hasta qué punto ese delito se convirtió en uno de los peores símbolos de la degradación del conflicto y de la crueldad de la guerra".

Martínez dijo que fue un delito transversal en la historia de las Farc por una política de sus conferencias guerrilleras. En total hay 662 investigaciones atribuibles a las Farc, y más de 8.000 seres humanos privados de su libertad, con 4.414 procesados.

El 82 por ciento de los casos se dieron en los años 1994 al 2005. La denuncia más antigua es de 1977, aunque hay registros históricos que vienen desde los 60.

El Fiscal dijo que el nivel de subregistro es muy alto. "Hay 8.000 casos de secuestrados pero ONG hablan de 40.000", señaló.

Martínez dice que el subregistro se daba porque las víctimas no concurrían al Estado.

El 74 por ciento de las denuncias que están en el informe se denunciaron entre 6 y 20 años después de ocurridos los hechos

El 23 por ciento de víctimas fueron mujeres, el 77 por ciento (5.933), hombres.

Los departamentos más afectados fueron Antioquia, con el 30 por ciento, Meta con el 12.4 por ciento, Bolívar con 5.3 por ciento, y otros.

"Nunca podremos saber qué tanto financió este delito al grupo guerrillero pero informes de la Fiscalía y que se recrean en Contabilidad, la hoja en excel de las Farc, establecen que cuando menos se trató de un recaudo de 3 billones 600 mil millones de pesos, y 1.3 billones de dólares de los Estados Unidos", dijo el Fiscal.

Esto significa que los secuestros y extorsiones habrían ascendido a 6 billones de pesos, dinero que hizo parte de la financiación de las Farc.

El Fiscal dice que el estudio habla de las motivaciones de los secuestros y el 56 por ciento era secuestro extorsivo, con fines económicos. El 36 por ciento tenía propósitos de control social y territorial, el 6 por ciento secuestros políticos, y el 1.8 por ciento fueron secuestros que tenían por motivación el canje.

Martínez dijo que la población más afectada fue el campesino colombiano (24 por ciento), el 18 por ciento eran grandes y medianos propietarios del sector rural, el 13 por ciento eran comerciantes, 12 por ciento funcionarios en cargos públicos, 8 por ciento de la Fuerza Pública, el 7 por ciento de multinacionales, el 5 por ciento profesionales, y el 0.3 por ciento miembros de organizaciones comunales.

Entre 1994 al 2002 fue un periodo de incremento inusitado del delito, "además que tenía fines políticos para presionar un intercambio humanitario y hacerlos ver como agentes políticos con secuestros masivos, pescas milagrosas. Un último periodo del 2003 al 2007 busca el control social": aseguró el Fiscal, quien dijo que el informe contiene las formas de retención, cautiverio, cómo las cartillas militares que ilustraban cómo las víctimas debían estar en cautiverio.

Esas 6.162 investigaciones llevaron a condenar a 614 personas. "Es un nivel muy bajo, y muestra el nivel de impunidad de este delito que está asociado al problema de recaudo de la prueba por la oportunidad para conocer la ocurrencia de los hechos", dijo Martínez.

Victimización a miembros de la UP

El tercer informe está relacionado con el exterminio de la UP y da cuenta los asesinatos de casos como Jaime Pardo Leal, José Antequera, Bernardo Jaramillo Ossa, y Manuel Cepeda Vargas.

"Este informe da cuenta de un vergonzoso episodio en la vida democrática de Colombia por una alianza de Autodefensas con miembros del Estado", dijo el Fiscal.


Según Martínez, la judicialización no ha alcanzado la importancia que demandaban esos crímenes. "Se debe conocer la verdad y superar las bajas tazas de condena y recuperar la consciencia colectiva, la necesidad de fortalecer el pluralismo democrático e impedir que esto se repita", dijo.

El informe da cuenta de la victimización entre 1984 y el 2016, en la que participaron las Auc y agentes del Estado.

"Hay 863 procesos en los cuales se registran 1.620 víctimas de la UP y hay 267 agentes del Estado vinculados por su presunta responsabilidad. El homicidio fue la modalidad delictiva más empleada, en el 66 por ciento", dijo Martínez.

El primer caso es de 1984 y los asesinatos se incrementaron desde 1987. Los hechos se dieron en 27 departamentos, y el 60 por ciento en Antioquia y Meta, y en menos caso en Santander.

El informe está organizado por regiones, el gran Urabá y Antioquia, en segundo lugar los llanos y el tercero en el noreste Antioqueño.

Dijo que 267 casos están en instrucción. Hay 264 sentencias, 211 que vinculan a 374 personas, como agentes del DAS, Ejército y Policía.

"Esas investigaciones seguirán en la Fiscalía, que tiene una deuda histórica. Seguiremos avanzando hasta que no se pierda la competencia por parte de la Fiscalía. Esas son las reglas.

Justicia
@Justicia
Justicia@eltiempo.com

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