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Investigación

Un árabe, pista para captura de señalada red de venta de identidades

La defensa de los señalados alegó que sus clientes podían responder ante las autoridades sin que se hiciera ‘show mediático’.

La defensa de los señalados alegó que sus clientes podían responder ante las autoridades sin que se hiciera ‘show mediático’.

Foto:Migración Colombia

Migración, ICE y Dijín adelantaron el operativo. Jueza dejó libres a tres de los seis capturados.

El teléfono celular de Azam Alrifai Alrifai, incautado en Estados Unidos por las autoridades migratorias, se convirtió en la punta de lanza de una indagación transnacional que permitió la captura de seis señalados integrantes de una red que presuntamente ayuda a extranjeros a conseguir papeles de colombianos.
Alrifai tenía en su poder un pasaporte colombiano, lo que levantó sospechas de agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), que de inmediato lo registraron.
Al desbloquear su celular, hallaron una lista y fotos de documentos de nueve ciudadanos de origen sirio, palestino, jordano y libanés, con un denominador común: todos, al igual que Alrifai, contaban con identificación colombiana, expedida en oficinas de pasaportes de las gobernaciones de Magdalena y de La Guajira.
Estos hechos –ocurridos en diciembre pasado– fueron notificados a Migración Colombia, que completa dos años rastreando a la red.
De hecho, en el 2016 hubo siete capturas, pero EL TIEMPO estableció que los registradores Boris Polo Padrón y Carlos Arturo González Torres quedaron en libertad por falta de pruebas.
Pero en la segunda fase del operativo, anticipada hace 15 días por EL TIEMPO, Migración inició una indagación, junto con la Dijín y la Fiscalía, para establecer la idoneidad de esas identificaciones y los métodos que se utilizaron para obtenerlas.

Los clientes

El primer hallazgo es que tramitaron registro civil, contraseña y pasaportes colombianos sin que ninguno registrara movimientos migratorios de ingreso a Colombia.
Además, Maxim Abbud Abbud, Elias Kallas Kallas, Ali Harnie Harnie, Haisam Hamie Atat, Lama Hamie, Amer al Refaee, Bachar Tuameh y Amahad al Hariri cuyos contactos fueron hallados en el celular de Alrifai tenían algunos números consecutivos de la tradicional cédula de holograma colombiana y pasaporte vino tinto, lo cual indica que hicieron el trámite el mismo día y ante los mismos funcionarios.
Con el apoyo de la Registraduría, se ordenó la inspección a registradurías y oficinas de pasaportes de Magdalena y La Guajira, y se estableció que los documentos se expidieron irregularmente y que no se tramitaron personalmente.
Las inconsistencias condujeron a los investigadores hasta Said José Sarquis Lissa, registrador de Pivijay, y Eduardo Noguera Dangón, registrador de Ciénaga.
También se requirió a Noralit María Barliza Freyle, coordinadora de la oficina de pasaportes de La Guajira, y a Kathleen Loraine Villalba Ruiz, de la oficina de pasaportes de Magdalena. Además, a dos exfuncionarios de estas dependencias, Rafael Ricardo Martínez Lubo y Olmides de Jesús Rincones Rodríguez.
Pero anoche, la jueza 63 de Control de Garantías dejó en libertad a los dos registradores y a la funcionaria de la Gobernación del Magdalena. Su defensa argumentó que la Fiscalía no demostró una inferencia razonable de autoría y participación y que sus defendidos son funcionarios con arraigo en la región, que no representan riesgo de fuga.
Sin embargo, fuentes de Migración aclararon que quedan vinculados al proceso y que ejercerán su defensa en libertad.

González y Polo, libres por falta de pruebas

El operativo contra registradores es la segunda fase de otro que arrancó en el 2016 y en el que fueron capturados Boris Polo Padrón y Carlos González Torres. EL TIEMPO hizo referencia a ese operativo el 16 de septiembre, cuando reveló que se estaba adelantando una nueva investigación. Pero aclara que Polo y González quedaron en libertad por falta de pruebas. En carta a este diario informaron que “el juez 12 de Control de Garantías de Cartagena, tras escuchar y valorar los elementos materiales probatorios, (...) no encontró que se reuniera la inferencia razonable de autoría o participación en las conductas por las que injustamente fuimos capturados, ordenando nuestra libertad inmediata e incondicional”.
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