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SIP insiste ante CIDH para que se reactive caso de Guillermo Cano

En 31 años solo han sido condenadas dos personas. Procesos no han tenido grandes avances.

Guillermo Cano

El director de ‘El Espectador’ Guillermo Cano fue asesinado el 17 de diciembre de 1986. Su caso fue presentado ante la CIDH en 1997.

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El Espectador

23 de febrero 2018 , 10:36 p.m.

Aunque ha pasado un año desde que se denunció que el expediente por el asesinato del director de El Espectador Guillermo Cano estuvo más de una década inactivo en el Sistema Interamericano de Justicia, el caso en Colombia se mantiene sin mayores avances, mientras que el tránsito de la Comisión a la Corte Interamericana tampoco se ha hecho efectivo. 

En el 2001, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que el Estado colombiano incumplió su obligación de garantizar la vida del destacado periodista y su deber de investigar y sancionar a los responsables del crimen. El paso que seguía era que Colombia fuera llamada a responder ante la Comisión, pero, inexplicablemente, las notificaciones nunca se dieron y el proceso se ha mantenido en la misma situación.

El diciembre del 2016, al cumplirse 30 años del asesinato ordenado por Pablo Escobar, la Fundación para la Libertad de Prensa reveló que el caso no pasó a juicio e instó a la CIDH para que avanzara en el proceso. Y más de un año después, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), representante de la familia ante la CIDH, asegura que no ha sido notificada de ninguna decisión al respecto.

Ricardo Trotti, director ejecutivo de la SIP, destacó que frente a la impunidad que ha rodeado el proceso, la Sociedad reiteradamente ha pedido al Sistema Interamericano y a la justicia colombiana que sigan adelante con las investigaciones.

Trotti afirma, además, que pese a que la Fiscalía declaró hace casi ocho años el crimen como de lesa humanidad, ha habido muy pocas gestiones del poder judicial para identificar a todos los responsables e involucrados.

El ente investigador argumentó que el de Cano fue un crimen que hizo parte “de un plan sistemático y generalizado que llevaron adelante grupos del narcotráfico en contra de los periodistas, líderes y dirigentes políticos partidarios de la extradición de nacionales a Estados Unidos”.

La familia de Cano ha insistido en que el expediente tenía nombres y pruebas que podrían aclarar quiénes, aparte de las cabezas visibles del cartel de Medellín, estuvieron relacionados con el crimen. Sin embargo, esas personas no han sido citadas por la Fiscalía.

El magnicidio ocurrió el 17 de diciembre de 1986, cuando Guillermo Cano se había convertido desde las páginas de su periódico en uno de los más acérrimos críticos del poder de Pablo Escobar y sus fichas políticas. Dos años antes, en 1984, el cartel de Medellín había asesinado al ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, y menos de dos años después de Cano moriría también a manos de sicarios Luis Carlos Galán, el dirigente político que encarnaba la lucha contra el narcotráfico.

El sicario que mató a Cano, Álvaro García Saldarriaga, fue asesinado en Palmira poco después del crimen. Así se perdió información valiosa sobre los autores intelectuales del asesinato.

Castor Emilio Montoya, su cómplice, fue condenado en 1996, pero nunca fue capturado. Montoya y Luis Carlos Molina Yepes, quien pagó desde su cuenta la moto que usaron los sicarios, fueron los únicos sentenciados. Molina quedó libre en el 2004, tras pagar siete años de una condena de 16 y después de una fuga de las instalaciones del DAS. Aunque había otras cinco personas procesadas, en 1996 el Tribunal Superior de Bogotá revocó una sentencia de primera instancia y los absolvió, ratificando únicamente el fallo contra Molina.

Después de esa decisión, la SIP llevó el caso a la Comisión Interamericana argumentando la impunidad campeante en el proceso. Pese a que el Estado contestó que ya se habían emitido condenas por el crimen y que se estaba fortaleciendo la protección de los periodistas con normas como el decreto 1592 de 2000, la CIDH redactó un informe en el que destacaba que en los 10 años posteriores al homicidio, el proceso había estado rodeado de actos violentos, corrupción e impunidad. Además pidió reparación para la familia Cano Busquets.

“No ha habido esclarecimiento de los hechos. En el 2010 se declara el crimen como de lesa humanidad, pero eso nunca se tradujo en intensificar los esfuerzos de investigación –afirmó Pedro Vaca, el director de la Flip– (...). Después de esta fecha no conocemos de ningún avance significativo, no se ha terminado de esclarecer el episodio en que fueron atacados representantes judiciales de la familia. Son temas que no están esclarecidos”.

Casos de periodistas ante la CIDH

La Sociedad Interamericana de Prensa es peticionaria ante la Comisión de Derechos Humanos en el caso de 29 periodistas asesinados, ocho de ellos colombianos. De acuerdo con Ricardo Trotti, el más avanzado es el del periodista huilense Nelson Carvajal, que ya está en juicio en la Corte IDH y del que podría ser emitida una sentencia en los próximos meses.

El proceso del editor de opinión de El País, de Cali, Gerardo Bedoya, asesinado en marzo de 1997, está en trámite de conciliación. La SIP representa, además, ante la CIDH a las familias de Carlos Lajud Catalán, Hernando Rangel, Julio Daniel Chaparro, Jorge Enrique Torres Navas y Jairo Elías Márquez.

El órgano internacional estudia también otros casos de periodistas colombianos, como el asesinato de Jaime Garzón, el secuestro de Jineth Bedoya y el espionaje contra Hollman Morris.

JUSTICIA
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