Investigación

Así se derrocha la plata que debería ser para agua potable

Contraloría detectó elefantes blancos por 150.000 millones y cuestiona otros 23 proyectos de aguas.

planta de tratamiento de aguas

La Contraloría evidenció irregularidades en proyectos por 36.000 millones de pesos para construir plantas de tratamiento de agua y alcantarillado.

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FOTO: Contraloría General

24 de julio 2018 , 03:47 p.m.

Una de las paradojas de Colombia es ser uno de los países con más riqueza hídrica –el sexto en todo el mundo, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)– y, a su vez, tener pueblos enteros en donde no hay acceso al agua potable.

La explicación a esa situación no es un misterio. El sector de saneamiento y agua potable es, hace décadas, uno de los principales blancos del saqueo de funcionarios y contratistas corruptos, y siente también los efectos de las decisiones erradas de los malos administradores.

Aunque el país tiene 37 páramos que podrían abastecer de forma suficiente a las regiones, el desmedro, la corrupción y la falta de políticas públicas inciden en que solo 5 departamentos tengan agua de calidad. De hecho, en el 47 por ciento del país hay un riesgo medio de contaminación, según los últimos resultados del Índice de Riesgo de Calidad del Agua.

Aunque entre el 2012 y el 2016 el país invirtió dineros de regalías por 1,8 billones de pesos en 920 proyectos de agua y saneamiento básico, según la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios), de los 1.122 municipios solo 541 (el 48,2 por ciento) tienen plantas de tratamiento de aguas residuales. La situación es más crítica según la Asociación Colombiana de Ingeniería, que asegura que apenas el 31 por ciento de ciudades tienen sistemas de tratamiento eficiente.

Una de las venas rotas del sector son las obras inconclusas. Entre el 2015 y el 2017 la Contraloría detectó que el 46 por ciento de elefantes blancos en todo el territorio nacional, obras avaluadas en 150.070 millones de pesos, corresponden a plantas de tratamiento y alcantarillado que se quedaron a medio hacer, o que fueron terminadas pero no llevan agua apta para el consumo de la gente.

Es el caso, por ejemplo, de una planta de tratamiento de aguas en Villavicencio, cuyo contrato se firmó en el 2011. Aunque debía quedar lista en 12 meses, los contratistas la abandonaron hace dos años y está en ruinas.

También está el caso de Recetor (Casanare), en donde se construyó una planta de tratamiento porque se esperaba trasladar hasta esta zona un pueblo afectado por inestabilidad en su suelo. Pero el traslado no se hizo porque, tras terminar el acueducto que costó 2.138 millones de pesos, se dieron cuenta de que el nuevo terreno también tenía problemas.

En Arauca, uno de los departamentos con más elefantes blancos en las últimas décadas, se perdió la inversión de 10.824 millones de pesos en una planta que nunca fue puesta al servicio. Pasó igual con el sistema de alcantarillado en el corregimiento de Puerto Jordán, en Tame, que valió 2.300 millones de pesos y está abandonado.

La aparente corrupción con la plata del agua también llevó a la Contraloría a abrir un proceso de responsabilidad fiscal contra el exgobernador del Meta, Alan Jara, por pagar 12.293 millones de pesos para un sistema de saneamiento básico que nunca entró en funcionamiento.

Proyectos no son efectivos

Un estudio de la Contraloría conocido por EL TIEMPO se dio a la tarea de establecer qué tan eficientes son los millonarios recursos del Sistema General de Regalías que se invierten en aguas.

El informe parte de la base de que el país debe aumentar el número de población con acceso al agua potable, por lo que “se requiere incrementar las inversiones en esquemas sostenibles y generar estrategias de intervención”.

La conclusión de la Contraloría es que “si bien es cierto que ha habido avances y que hoy se ofrecen algunas ventajas frente a situaciones anteriores, muchos de los modelos actuales (proyectos de agua) resultan insostenibles”.

De una muestra de 23 proyectos distribuidos en 7 departamentos, obras que cuestan 39.000 millones de pesos, se encontró que en su mayoría no sirven para llevar agua potable a las comunidades de sus zonas.

Así, la Contraloría aseguró que el 65 por ciento de proyectos de agua no cumplen el objetivo para el que fueron aprobados. Esto se da porque la infraestructura está subutilizada, los laboratorios para el monitoreo de agua no se están usando, faltan insumos para que las plantas de tratamiento puedan funcionar o porque falta capacitar al personal. También hay infraestructura mal construida o literalmente abandonada.

Por ejemplo, en Ovejas (Sucre) se construyó un sistema de suministro de agua en el corregimiento Canutal por $ 190 millones y no está en uso porque la fuente de abastecimiento del líquido no es apta para el consumo.

Además, el 87 por ciento de proyectos no son sostenibles económicamente, y la mitad de obras no cumplen con los requisitos técnicos: un 67 por ciento tienen los predios para ser construidos, pero no la titularidad, y un 50 por ciento no cumplen con las licencias ambientales de captación de aguas.

Otro problema de los proyectos es que el 53 por ciento no aplica pruebas para determinar el Índice de Riesgo de Calidad del Agua, y en los que sí lo hacen se encontró que el 66 por ciento entrega a la gente agua inviable sanitariamente.

Otro caso es el de Fredonia, en Antioquia. Allí se pagó un suministro de agua para los habitantes de la vereda La Garrucha por 447 millones de pesos, pero la planta no está en operación porque se robaron parte de sus elementos.

Contralor

 Edgardo Maya Villazón, contralor.

Foto:

César Alandete / Archivo EL TIEMPO

'El inventario de elefantes blancos es vergonzoso’

En entrevista con EL TIEMPO el contralor general, Edgardo Maya Villazón, afirmó que la mala administración ha facilitado la corrupción que se refleja en elefantes blancos.

¿La corrupción y las malas administraciones son responsables de que el país sea pobre en agua potable?

El agua es una de las grandes riquezas de nuestro país, pero la mala administración favorece la corrupción. Normalmente esta situación se debe a una mala planeación, la irregular ejecución de los recursos y a las debilidades en las interventorías para garantizar que los proyectos cumplan con el fin para el cual se aprobaron.

Colombia es un país con mucho potencial hídrico; sin embargo, es desalentador ver que a pesar de que los recursos de regalías están llegando a más entes territoriales, hay muchos municipios o departamentos que no cuentan con agua potable y muchos menos alcantarillado, debido a que los territorios con mayores necesidades en esta materia no priorizan las inversiones.

¿Por qué las obras de regalías no han sido eficientes para llevar agua de calidad?

Se evidenció que esos proyectos no realizan pruebas para determinar la calidad del agua; así mismo, no se estructuran proyectos con plan de sostenibilidad, no garantizan el mantenimiento, o la seguridad física y mecánica de la infraestructura, por causas asociadas a debilidad administrativa, institucional y de recaudo tarifario. Los acueductos son operados por asociaciones comunales y empresas de servicios públicos que no tienen la capacidad para hacer este trabajo.

Hay casos en los cuales se intenta realizar la potabilización del agua con procedimientos peligrosos para la salud, pues los operarios mezclan químicos como el cloro que debe ser dosificado en ciertas cantidades de litros de agua, y el yodo. En algunos entes territoriales existen laboratorios y no se utilizan, porque no tienen el personal. Esto hace pensar seriamente que hay riesgos para la salud en algunas comunidades que no tienen idea de la calidad del agua que toman.

Los acueductos son los mayores elefantes blancos en el país ¿Falta más control?

Claro que falta más control, pero, además de esto, es necesaria una verdadera planeación al diseñar y formular los proyectos que se presentan a los Ocad y ponerle más seriedad y compromiso, siendo más exigentes en los requisitos para aprobar los proyectos y garantizar su funcionamiento. La Contraloría encuentra en las auditorías plantas de tratamiento construidas que no cumplen con su finalidad.

Mire este ejemplo: en Córdoba se aprobó un proyecto para la construcción de un acueducto que llevaría agua potable a tres poblaciones: Canaletes, Los Córdobas y Puerto Escondido. El agua solo llegó a Canaletes, pero contaminada y con un color rojizo, a las demás poblaciones no llegó; sin embargo, los habitantes de Canaletes están felices con el solo hecho de que les llegue agua aunque no sea potable. Esto la Contraloría no lo ve con buenos ojos, ya que el fin primordial por el cual el proyecto fue aprobado, es para llevar a la comunidad agua apta para el consumo humano. El inventario de elefantes blancos en este sector y otros es vergonzoso.

JUSTICIA
En Twitter: @MSarralde

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