Qué debe hacerse con el Inpec: Opinión - Investigación - Justicia - ELTIEMPO.COM
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Cambio de Guardia / Opinión

Más temprano que tarde, el Gobierno tendrá que sopesar si es necesario liquidar el Instituto.

Guardianes del Inpec

El Inpec tiene una fuerza de casi 13.000 guardias.

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Luis Lizarazo / Archivo EL TIEMPO

Por: Jhon Torres
03 de febrero 2019 , 08:57 p.m.

Los colombianos estamos ya graduados de quejarnos de que los delincuentes no vayan a la cárcel. Pero la mayoría –no todos– de los que allí terminan tienen que pagar penas que superan por mucho las de los códigos. Allá impera lo que la Corte Constitucional llamó en 1998 un “estado de cosas inconstitucional”, sin que hasta ahora ningún gobierno haya podido cambiarlo.

Sí es cierto que los grandes capos y los peces gordos de la corrupción suelen mandar desde sus celdas. Pero hasta ellos tienen que pagar para aceitar un inhumano aparato en el que la violación de derechos humanos básicos, los privilegios ilegales y el miedo son la norma.

La semana pasada, César Ceballos, director de La Modelo, pasó de este al otro lado de las rejas como cabeza de una red de vacunas ilegales, que por supuesto indigna, pero que no sorprende a nadie que haya puesto un pie en una cárcel o sea cercano a las 119.125 personas que están hoy presas. El mismo capítulo de corrupción extorsiva vestida con el camuflado azul del Inpec ya se había visto en septiembre pasado; esa vez con el mayor Luis Perdomo, entonces director de La Picota, como protagonista, y con un extraditable como víctima.

Por supuesto, nadie dice que esos dos personajes, que llegaron a ser directores de cárcel y que según la Fiscalía eran más peligrosos que sus custodiados, representen a los casi 13.000 guardias del Inpec. Pero hay tales problemas y falta de control en el sistema penitenciario que el cuerpo encargado de vigilar las cárceles terminó siendo funcional a ese macabro ‘estado de cosas’ del que habló la Corte.

De las 133 cárceles y penitenciarías del orden nacional, 111 fueron construidas entre 1611 y 1990 y albergan al 51 por ciento de los internos en condiciones de infraestructura menos que precarias.

De las 133 cárceles y penitenciarías del orden nacional, 111 fueron construidas entre 1611 y 1990 y albergan al 51 por ciento de los internos en condiciones de infraestructura menos que precarias

En todo el sistema carcelario hay casi 120.000 personas amontonadas en penales hechos para no más de 80.000, y ellas representan un mercado literalmente amarrado, tanto para funcionarios sin hígado como para los ‘caciques’ que mandan en los patios. Con ese nivel de hacinamiento, claro que es un negocio cobrar dos mil pesos diarios o más por el derecho a la ducha o a un colchón, o sacarle $ 3 millones al mes al que no quiera ir a templar a los pabellones más peligrosos.

Seis de cada diez cárceles, dice un informe del Minjusticia, tienen graves problemas para ofrecer educación y cursos de formación técnica. Así, claro que hay que pagar por un cupo en los programas de estudio o trabajo que sirven para rebajar pena. Y como no hay abogados ni trabajadores sociales suficientes, es normal que las boletas de libertad se embolaten semanas o meses. Por supuesto, hasta que se pague.

Ese panorama se agrava aún más porque el Inpec, a pesar de ser un cuerpo armado del Estado, tiene 83 sindicatos cuyos efectos no solo se sienten en la planta de guardia, que se reduce hasta un 37 por ciento por cuenta de permisos y otras gabelas, sino porque el fuero sindical se ha convertido en un efectivo blindaje para uniformados investigados.

Más temprano que tarde, el Gobierno tendrá que sopesar si no se nos pasó hace rato la hora de liquidar el Instituto, como ocurrió con el DAS. Pero esa es la mitad de la tarea porque cárceles y presos vamos a seguir teniendo y no nos puede pasar lo de 1992, cuando nos vendieron el Inpec como la solución para el caos que imperaba en la Dirección General de Prisiones, y pasamos de Guatemala a Guatepeor.

JHON TORRES
EDITOR DE EL TIEMPO
TWITTER: @JhonTorresET

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