Investigación

Procurador a Farc: pena alternativa está amarrada a entrega de bienes

Carrillo advirtió que las Farc deben dar información sobre fortunas ilegales en manos de terceros.

Fernando Carrillo, procurador general de la Nación

El procurador general, Fernando Carrillo.

Foto:

Cortesía Procuraduría

26 de febrero 2018 , 12:53 p.m.

En una carta enviada al presidente Juan Manuel Santos, el Procurador General Fernando Carrillo recordó que los beneficios jurídicos para las Farc dependen de la entrega de bienes y de la información que brinden sobre terceros que puedan tener ocultas sus fortunas ilegales. 

"Si las Farc han ocultado bienes, se verían abocadas a perder los beneficios del sistema", afirmó Carrillo. 

Carrillo dijo que el acuerdo de paz con las Farc estableció que esa exguerrilla se encargará de reparar materialmente a las víctimas con sus bienes y activos. Por ello el decreto de ley 903 de 2017 estableció que las Farc debían elaborar un inventario definitivo mientras duraban las zonas veredales transitorias. 

La Procuraduría llamó la atención sobre los procesos de extinción de dominio que sigue adelantando la Fiscalía sobre propiedades que no hicieron parte de ese inventario. 

Según Carrillo, la obligación de las Farc de aportar a la verdad plena "implica, entre otros, entregar información, cuando se conozca de ella, sobre los bienes adquiridos de manera ilegal y de quienes hayan prestado su nombre para adquirirlos, tenerlos, administrarlos y poseerlos en el marco y contexto del conflicto armado". 

El Procurador también hizo un llamado para que la Corte Constitucional evalúe y defina líneas que permitan establecer criterios en cuanto a las condiciones que deben cumplir las Farc en la entrega del inventario de sus bienes, y sobre qué sucede cuando aparecen bienes que no están incluidos en ese listado. 

La declaración del Procurador se da una semana después de que la Fiscalía anunció que incautó bienes por más de 650.000 millones de pesos que estaban en manos de familias que supuestamente fueron testaferros de las Farc. 

Se trata de los hermanos  Alirio, Uriel y Edna Yaneth Mora Urrea, a quienes la Fiscalía les imputó cargos la semana pasada porque aparecen como dueños de tres cadenas de supermercados en 23 municipios de Tolima, Cundinamarca y Meta, propiedades que habrían sido adquiridas con dineros ilegales de las Farc. 

Con esa fortuna, los hermanos consiguieron cadenas de negocios como Supercundi, Merkandrea y Mercafusa.

Ante esta información, Carrillo llamó la atención "sobre el riesgo que los incumplimientos en materia de reparación a las víctimas y el desconocimiento del régimen de condicionalidades puede significar para el sistema de tratamientos especiales previsto por el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición".

Esos incumplimientos, dijo, pueden generar desde la pérdida de sanciones alternativas, hasta la exclusión de ese sistema de justicia transicional.

El Procurador le pidió a la Corte que "precise las responsabilidades en la materia, de tal fomra que se definan los efectos que grupal e individualmente deben producirse, por la identificación de bienes no inventariados, considerando diferentes tipos de tipologías e hipótesis al respecto".

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