Procesos judiciales en contra del hacker Andrés Sepúlveda - Investigación - Justicia - ELTIEMPO.COM
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Los cuatro capítulos que siguen abiertos en caso del hacker Sepúlveda

Este lunes está programado el inicio del juicio contra Luis Alfonso Hoyos Aristizábal.

El caso del 'hacker' Andrés Sepúlveda, en blanco y negro

Andrés Sepúlveda fue condenado a 10 años de cárcel.

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Archivo / EL TIEMPO

07 de mayo 2018 , 09:44 a.m.

Cuatro años después de la captura de Andrés Fernando Sepúlveda y de que estallara el escándalo por el intento de afectar el proceso de paz, están pendientes por resolverse varias líneas de la investigación.

El ente acusador mantiene abierto un proceso en el que aparece David Zuluaga, hijo del entonces candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, quien actuaba como gerente de la campaña uribista y fue escuchado en interrogatorio en Estados Unidos en febrero del 2015. David Zuluaga fue indagado por los pagos hechos al hacker Sepúlveda y su hermano Luis Carlos Sepúlveda, que incluso no fueron reportados en la campaña y por los que la Fiscalía compulsó copias al Consejo Nacional Electoral.

En enero del año pasado, la Fiscalía cerró la investigación contra Óscar Iván Zuluaga, quien apareció en videos reunido con el hacker; pero mantuvo abierto el proceso contra su hijo David y el asesor espiritual de la campaña uribista Luis Alfonso Hoyos Aristizábal.

“Hemos dado todas las explicaciones del caso, se respondieron todas las dudas de la Fiscalía y se demostró que David Zuluaga no cometió delitos. A pesar de esto la Fiscalía mantiene abierto el proceso cuando tiene los elementos de juicio para cerrarlo”, señalaron voceros de la defensa de David Zuluaga, quien permanece en Estados Unidos.

El segundo capítulo que sigue abierto es el de Luis Alfonso Hoyos Aritizábal, quien también está en el exterior y a quien en agosto del 2015 la Fiscalía le imputó los cargos de espionaje, concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer, acceso abusivo a sistema informático, uso de software malicioso y violación de datos personales agravada.

Se logró establecer que Sepúlveda, en los primeros días del 2014 en Bogotá, se reunió al parecer con el asesor de la campaña con el fin de concertarse para lograr la terminación o el desprestigio del proceso de paz mediante la obtención de información secreta o privilegiada, información recaudada mediante la realización de variadas actividades delictivas”, se lee en documentos de la Fiscalía.

Luego de casi dos años de dilaciones, aplazamientos y presentación de nulidades y otros recursos judiciales, finalmente el juicio contra Hoyos Aristizábal se iniciará formalmente este lunes en los juzgados de Paloquemao de Bogotá.

El 6 de mayo del 2014, Sepúlveda Ardila fue capturado y señalado de liderar una oficina de interceptaciones ilegales que tendría como uno de sus objetivos ‘sabotear’ el proceso de paz que se adelantaba con las Farc. El hacker, quien fue condenado a 10 años de cárcel, intentó recibir los beneficios de la Justicia Especial para la Paz, aspiración que le fue negada por un juez de Bogotá y podría empezar a pedir su libertad condicional a más tardar en dos años.

Otros de los capturados por las actividades ilegales desplegadas desde la oficina de Sepúlveda Ardila ya están libres o están a punto de recuperar su libertad. Es el caso del ecuatoriano Daniel Bajaña Barragán, quien hizo un preacuerdo con la Fiscalía y fue condenado a 3 años y 4 meses de prisión. El extranjero, señalado de hacer seguimientos electrónicos ilegales al exvicepresidente Francisco Santos, lleva más de dos años libre y se declaró insolvente para pagar la multa impuesta por el juzgado que lo sentenció.

El exagente de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Wilson Leonardo Torres Wilches, que está libre desde febrero del año pasado; Luis Humberto Moreno Montes, agente de inteligencia de la Central de Inteligencia Técnica del Ejército (Citec); el patrullero de la Policía de Bogotá, David Ignacio Parra Amín; y el teniente Michael Andrés Usme Charry, señalados de entregar información confidencial, fueron condenados a penas de menos de siete años de cárcel.

A la misma investigación fueron vinculados el cabo Carlos Alberto Betancur Sánchez y el mayor de la Policía Javier Humberto Gaitán González, a quienes se les imputaron cargos por cohecho, peculado y falsedad. El hacker español Rafael Revert se convirtió en testigo de la Fiscalía y no fue procesado.

Los cabos del Ejército Betancur Sánchez y Moreno Montes, quienes hacían parte de la operación Andrómeda, cuya fachada funcionaba en un local del sector de galerías de Bogotá, fueron llamados en enero por la Procuraduría a imputación de cargos disciplinarios por la entrega de información a Sepúlveda Ardila.

Ellos habrían entregado una base de datos del Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado y habrían ofrecido la venta de cien correos electrónicos que pertenecían a personas que se encontraban en la mesa de negociación de La Habana y software para el monitoreo de teléfonos celulares.

Fuentes cercanas al caso señalaron que el tercer capítulo sobre el que poco se pudo avanzar fue hasta qué punto estuvieron conectadas las operaciones encubiertas de ‘Andrómeda’ y las actividades ilegales del hacker Sepúlveda.

La Fiscalía cerró en febrero del año pasado la investigación contra el almirante Álvaro Echandía, exdirector de la Agencia Nacional de Inteligencia (DNI), por una supuesta infiltración a la campaña de Óscar Iván Zuluaga.

En la investigación hay un expediente en la Corte Suprema de Justicia en la que se indaga si el expresidente Álvaro Uribe Vélez estaba enterado de las actividades del hacker. En ese proceso se ha registrado un fuerte enfrentamiento entre el almirante Echandía y el exdirector del CTI de la Fiscalía, Julían Quintana, sobre el origen de la investigación.

Quintana aseguró que fue Echandía quien entregó la información del caso y luego le pidió que no mencionara el papel del organismo en el caso. Incluso, señaló que días antes de una citación en la Corte el almirante le insinuó que podrían nombrarlo en un cargo estatal. Echandía negó los señalamientos de Quintana.

En este último capítulo del caso hacker, que sigue en el despacho del magistrado José Luis Barcelo, ya fue escuchado en versión libre el senador Uribe Vélez.
El abogado Jaime Granados, que representa al expresidente le dijo a EL TIEMPO que hay elementos suficientes para cerrar esa investigación y procesar a “quienes realmente estuvieron detrás de esas acciones ilegales”.

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