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Investigación

Los engaños de Otto Bula para obtener 3.500 hectáreas de campesinos

La Fiscalía le imputó los cargos de cohecho y enriquecimiento ilícito al excongresista Otto Bula.

La Fiscalía le imputó los cargos de cohecho y enriquecimiento ilícito al excongresista Otto Bula.

Foto:EL TIEMPO

Unidad de Tierras hizo balance a nivel nacional. Hallaron parceleros muertos y papeles sin firmas.

Campesinos analfabetas asesinados, dueños engañados, familias desplazadas y falsedad documental.
Así se resume el historial de más de 3.650 hectáreas de tierras en los Montes de María y el Urabá antioqueño que fueron negociadas en medio del conflicto por el exsenador Otto Bula y por sus empresas agropecuarias.
La información acaba de ser consolidada por la Unidad de Restitución de Tierras (URT), en cabeza de Ricardo Sabogal, que reveló además que sobre esas propiedades pesan 145 solicitudes de restitución.
Uno de los casos más representativos es el del predio Barcelona, de 1.600 hectáreas y 40 parcelas.
La propiedad está ubicada en San Jacinto, (Bolívar), en los Montes de María, que cuenta con más de 17.000 víctimas y 1.105 reclamaciones de tierras.
La información disponible señala que Bula habría comprado 20 terrenos a bajo costo y englobado 652 hectáreas, violando la ley de reforma agraria.
Según la Procuraduría, en ese terreno Otto Bula –protagonista del pago de sobornos de la multinacional Odebrecht– aprovechó el miedo, el analfabetismo y la precariedad de los pobladores para hacer contratos de promesa y compraventa que “parecen ilegales porque podrían violar el régimen jurídico de protección de los bienes de las personas desplazadas o en riesgo”. En efecto, la región gozaba de protección especial.
Además, en los folios de matrícula de la finca Barcelona se identificaron irregularidades en las autorizaciones de venta del comité municipal, permisos de venta sin firmas de los dueños y hasta errores en los nombres.
La Unidad de Tierras tiene también tres casos relacionados con el exsenador Bula en Ovejas, Sucre, que ya están en manos de jueces de restitución.
Se trata de los predios Oso Negro, Puerto Rico y La Florida, que totalizan 300 hectáreas.
Los campesinos que demandaron fueron desplazados e incluso, en una de las parcelas asesinaron a varios miembros de una familia. En el 2008, el exsenador Bula suscribió una promesa de compraventa a través de su empresa Agropecuaria Montes de María.
En San Jacinto, Bolívar, la URT también le dio información a la Procuraduría sobre el predio Cuba, que tiene 1.200 hectáreas y 80 solicitudes.

La Unidad de Tierras tiene también tres casos relacionados con el exsenador Bula en Ovejas, Sucre, que ya están en manos de jueces de restitución

La Unidad le hace además seguimiento al caso de la finca Borrachera, en El Carmen de Bolívar, donde 11 parcelas terminaron en mano de la sociedad Agropecuaria Montes de María, empresa creada en por Bula. En este caso, una sentencia de 2016 afirmó que Bula y sus socios aprovecharon “la situación de violencia” para comprar con el “ánimo de concentrar masivamente la tierra”.
En otra sentencia de 2016, el Tribunal Superior de Cartagena le envió copias compulsadasa a la Fiscalía para que investigue el despojo de la vereda Morrocoy, en El Salado, uno de los pueblos más golpeados de los Montes de María por la violencia paramilitar.

Llamado del Procurador

Ahí, la empresa de Bula adquirió 350 hectáreas que eran de 12 parceleros. Según uno de los campesinos, el exsenador solo le entregó 14 millones de pesos por la tierra, cuando el precio acordado era de 23 millones, pues, según dijo, “si no vendía, los compradores de todas maneras tomarían posesión del predio”.
La Unidad de Tierras también registra 10 casos ligados a la Agropecuaria Montes de María en Turbo, Antioquia, alrededor de una propiedad de 200 hectáreas.
La información ya le fue entregada a la Procuraduría, que ayer le pidió a la Fiscalía investigar posibles “procesos de despojos masivos de tierras de las víctimas del conflicto, en los que pudo participar Bula”.

Fiscal responde a críticas de Robledo

El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, afirmó que en su despacho no está ninguna de las 15 investigaciones del caso Odebrecht y que esos procesos los llevan cinco fiscales que “actúan de manera autónoma e independiente”.
Ante los cuestionamientos del senador Jorge E. Robledo sobre el supuesto impedimento del Fiscal para conocer las investigaciones, el funcionario indicó que “los impedimentos de cualquier funcionario judicial, en aras de la garantía de imparcialidad, se surten respecto de asuntos bajo su directo conocimiento”.
Añadió que será la justicia la que determine si prosperan las recusaciones presentadas por Robledo.
UNIDAD INVESTIGATIVA
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