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Investigación

Los peros de la Fiscalía frente a ‘Superprocuraduría’ anticorrupción

El contralor Edgardo Maya, el fiscal Néstor H. Martínez y el procurador Fernando Carrillo, los tres líderes de la lucha anticorrupción, en el foro de EL TIEMPO.

El contralor Edgardo Maya, el fiscal Néstor H. Martínez y el procurador Fernando Carrillo, los tres líderes de la lucha anticorrupción, en el foro de EL TIEMPO.

Foto:Claudia Rubio / EL TIEMPO

Fiscal Néstor Humberto Martínez advierte de riesgo de ‘desarreglos institucionales’. 

Jhon Torres
El proyecto “para promover la probidad administrativa y combatir la corrupción” radicado el martes pasado por el presidente Iván Duque y el procurador Fernando Carrillo no tiene el camino despejado.

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Este miércoles, en la cumbre anticorrupción que se llevó a cabo en la Casa de Nariño, el fiscal Néstor Humberto Martínez expresó sus reservas sobre la efectividad, e incluso, sobre la constitucionalidad de algunas de las herramientas planteadas en el proyecto.
La iniciativa fortalece el papel de la Procuraduría en la lucha contra ese flagelo delictivo y le entrega facultades extraordinarias en los procesos para prevenir y sancionar a los corruptos.
Entre esas facultades están la utilización de agentes encubiertos para detectar los bienes de redes dedicadas al saqueo de lo público, así como la de extinguir el dominio de bienes presumiblemente obtenidos de esas actividades.
La Fiscalía, que expresó en la reunión de este miércoles en Palacio su disposición a trabajar en conjunto con las demás instituciones en contra de los corruptos, considera sin embargo que normas como la referida a la extinción de dominio podrían conducir a “desarreglos institucionales” que terminarían, por el contrario, afectando la efectividad de esa lucha.
La posición del jefe del ente acusador es que buena parte de las herramientas planteadas ya existen y están en pleno funcionamiento, mientras que otras van en contra de la jurisprudencia e incluso de normas constitucionales.
Procuraduría podría extinguir dominio y poner sanción penal a empresasPresidente y Procurador radican proyecto para combatir la corrupciónDos excongresistas tendrán que explicar nexo con red de corrupciónCon tutela intentan tumbar la consulta anticorrupción
El proyecto –que no fue consultado con el Consejo de Política Criminal– da a la Procuraduría, previa autorización de un juez, la facultad de practicar allanamientos y registros, interceptar comunicaciones y realizar seguimientos y vigilancia de personas.
También le permite hacer búsquedas selectivas en bases de datos privadas y recuperar información privada dejada al navegar por Internet. Altas fuentes de la Fiscalía aseguraron que esos procedimientos ya los están realizando los fiscales en decenas de investigaciones sobre corrupción, lo que podría dar pie a una duplicidad de funciones. En ese sentido, recordaron que el Programa ‘Bolsillos de Cristal’ ha permitido la judicialización de decenas de funcionarios y particulares involucrados en desfalcos y manejos ilegales de lo público.
En el Congreso, de hecho, ya está en curso un proyecto de la Fiscalía que reforma la extinción de dominio para hacerla más efectiva.

Dientes contra el saqueo

Además de las superfacultades investigativas para la Procuraduría, la iniciativa establece por primera vez sanciones efectivas contra las empresas que mueven la corrupción oficial, entre ellas la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
También hace más expeditos los mecanismos para levantar el velo empresarial, figura que en investigaciones puntuales, como la del cartel de la contratación en Bogotá, ha beneficiado a los responsables del saqueo de la plata de todos los colombianos.
Al respecto, el presidente Duque destacó como “un gran logro para Colombia” que se establezca “la sanción penal a las personas jurídicas, porque eso permite también sancionar de manera ejemplar a las empresas, a los dueños y a los gestores que han estado detrás de prácticas corruptas”.
De la misma manera, destacó la necesidad de que el Ministerio Público pueda “estar siempre detrás de las conductas indeseables, perseguirlas y sancionarlas”, como efecto de aumentar a 20 años el periodo de prescripción de las investigaciones disciplinarias.
“Este proyecto busca la muerte política de los corruptos en el sector público y la comercial de las empresas que pagan por hacerle trampa al Estado”, dijo por su lado el procurador Carrillo al radicar la iniciativa legal en el Senado. Según Carrillo, la iniciativa no solo mantiene vivas sino que profundiza las intenciones depuradoras de la consulta anticorrupción del pasado domingo, que no alcanzó el umbral de votos necesarios a pesar de que fue apoyada por 11, 6 millones de colombianos.

Cinco claves del proyecto

1. Extinción de dominio desde la Procuraduría: El proyecto plantea la posibilidad de que la Procuraduría extinga el dominio de los bienes de personas que hayan adquirido esas propiedades con plata proveniente de hechos de corrupción. En estos casos, dice el proyecto, “la Procuraduría tendrá la misma calidad y las mismas facultades que la Fiscalía”.
2. Responsabilidad penal de las personas jurídicas: La iniciativa plantea la posibilidad de que las personas jurídicas (empresas) puedan ser condenadas penalmente por delitos contra la administración pública, el medioambiente y la financiación del terrorismo. Podrán recibir desde multas hasta la cancelación de la personería jurídica.
3. Duras sanciones para quien desvíe el anticipo: Se plantean medidas drásticas para los contratistas que no usen el anticipo pagado por las obras o desvíen el dinero en otros usos. En esos casos se podrá caducar el contrato o inhabilitar por 20 años para contratar con el Estado. También tendrán que pagar una multa de hasta el doble del anticipo.
4. Se puede levantar el velo corporativo para investigar: En la iniciativa se contempla el levantamiento del velo corporativo ante hechos de corrupción. La Procuraduría, la Contraloría o la entidad afectada podrán solicitar a la Supersociedades “la desestimación de la personalidad jurídica de las sociedades sometidas a su supervisión”.
5. Se castiga la declaración de renta inexacta: El proyecto castiga la declaración inexacta de bienes y rentas, lo que para un funcionario público será considerado una falta gravísima. También quedarían inhabilitados para contratar quienes sean encontrados responsables disciplinariamente en temas de contratación pública.
JUSTICIA
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Jhon Torres
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