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Investigación

Brazaletes del Inpec dejaron de funcionar hasta por 100 días

Este es el Centro de Reclusión Virtual del Inpec (Cervi), desde donde se monitorean a las casi 5.000 personas con brazaletes.

Este es el Centro de Reclusión Virtual del Inpec (Cervi), desde donde se monitorean a las casi 5.000 personas con brazaletes.

Foto:Cortesía Inpec

En visita al Inpec, Contraloría halló que 1.429 brazaletes no reportaban ubicación de delincuentes.

Milena Sarralde
Los casos de personas que, pese a ser vigiladas con un dispositivo electrónico fueron sorprendidas fuera de la zona en la que debían permanecer o cometiendo nuevos delitos, no son las únicas alertas por el mal uso de los brazaletes controlados por el Inpec.

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EL TIEMPO conoció una irregularidad detectada por la Contraloría y sobre la que se busca establecer si hubo algún detrimento patrimonial en el contrato de brazaletes y dispositivos electrónicos del 2018.
Todo comenzó el año pasado cuando la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), a través de la Operación de Bolsa Mercantil de Colombia, adjudicó un contrato por 16.830 millones de pesos para la operación del servicio ininterrumpido de vigilancia electrónica sobre quienes resulten privados de su libertad por la comisión de delitos.
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El elegido fue la Unión Temporal Tecnología Avanzada 2018 (UTTA) que debía proveer 5.300 brazaletes con un costo diario de 29.025 pesos. Esta operación inició el 28 de mayo del 2018 y terminó el 20 de diciembre del mismo año.
El 11 de diciembre del año pasado la Contraloría hizo un visita sorpresa al Centro de Reclusión Virtual del Inpec (Cervi) y encontró que por lo menos 1.429 dispositivos que aparecían activos en el sotware de control Chronos, no mostraban su ubicación en tiempo real, es decir, no servían.
Ante esta irregularidad, con la ayuda de la guardia del Inpec, la Contraloría hizo varias llamadas telefónicas a quienes portaban algunos de los dispositivos. Todas las llamadas fueron respondidas, y los portadores de los brazaletes “indicaron que el dispositivo presentaba fallas técnicas” como la falta de batería, recalentamiento, entre otros daños por los que se encontraban apagados. El software, desde el que el Inpec monitorea estos aparatos, no mostraba las fallas.
La Contraloría volvió ocho días después al Cervi y encontró que 1.361 dispositivos seguían dañados. Sólo ese 19 de diciembre se pagaron 25 millones por brazaletes que no arrojaban ninguna ubicación lo que, en principio, podría implicar un daño patrimonial.
Lo más grave es que la Contraloría detectó que había por lo menos 138 dispositivos de vigilancia que dejaron de servir entre 91 y 115 días (casi 4 meses); 230 no reportaron su ubicación por hasta tres meses; 252 hasta por dos meses; y 639 hasta por un mes. Ese hallazgo es grave ya que esto significa que en ese tiempo no hubo ningún tipo de vigilancia sobre los beneficiarios de esos brazaletes.

La capacidad del Inpec ha sido insuficiente para hacer seguimiento a las causas que han llevado a estos dispositivos a perder su comunicación

Así, por lo menos el 30 por ciento de los vigilados estuvo por varios días y hasta por meses sin ninguna vigilancia, a pesar de que la población beneficiaria de estos dispositivos en un 60 por ciento de los casos tienen condenas por delitos que afectan la seguridad ciudadana como el hurto, homicidios, porte de armas, y tráfico o porte de drogas. 
Estas deficiencias se suman a los pocos funcionarios que tiene el Inpec para monitorear los brazaletes y verificar que sus portadores cumplan con las restricciones de movilidad que les imponen los jueces para mantener esos beneficios.  Precisamente, la Contraloría asegura que la capacidad del Inpec “ha sido insuficiente para hacer seguimiento a las causas que han llevado a estos dispositivos a perder su comunicación”.
El lío de los brazaletes, dice la Contraloría, tiene su génesis en la misma planeación del contrato de los brazaletes, pues se adjudicó pese a que el Cervi del Inpec no tenía la capacidad para atender todas las novedades que surgieran en el monitoreo de esos dispositivos, identificar sus causas y trasladar los casos al contratista UTTA para que arreglara los aparatos dañados. Esto, con el fin de que no se generara ningún cobro por dispositivos cuyas fallas técnicas pueden ser atribuibles a esta empresa.  
"Por tanto, la contratación de 5.300 dispositivos sin tener la capacidad operativa y de gestión para atender las novedades e identificar y corregir las situaciones que se pudieran producir en el desarrollo del contrato de vigilancia electrónica, representa una inversión ineficiente, ineficaz y antieconómica", dice el órgano de control fiscal. 
MILENA SARRALDE DUQUE
REDACCIÓN JUSTICIA
@MSarralde
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