Investigación

Las evidencias de la Fiscalía contra red de chuzadas ilegales

La organización que nació en Nariño había ampliado sus tentáculos a Bogotá, Medellín, Bucaramanga.

Audiencia chuzadas Cali

El coronel (r) Jorge Humberto Salinas Muñoz (espalda de camisa azul) y a su lado el coronel (r) Carlos Andrés Pérez, durante la audiencia de imputación de cargos ante un juez de Cali.

Foto:

Juan Bautista Díaz.

05 de agosto 2018 , 11:11 p.m.

La interceptación ilegal de las comunicaciones del fiscal delegado ante la Corte Suprema que tenía en su despacho el proceso contra el gobernador de Nariño, Camilo Romero, por supuestas irregularidades en la contratación, prendió las alarmas de la Fiscalía sobre la existencia de una sofisticada red dedicada a ofrecer el servicio de chuzadas de comunicaciones.

El rastro que siguieron los investigadores de la Fiscalía los llevó hasta Carlos Andrés Pérez, un coronel en retiro del Ejército que se desempeñó hasta junio como jefe de seguridad de la Alcaldía de Ipiales, Nariño, cuyo mandatario es Ricardo Romero, padre del gobernador del departamento.

Esa investigación se cruzó con un proceso que se venía adelantando por un caso de robo continuado de vehículos en la vía panamericana, en el cual uno de los investigados hizo referencia a ‘Mari’, de quien afirmó ser capaz de interceptar todo teléfono y de violar toda contraseña.

La mujer decidió colaborar con la Fiscalía y ofreció entregar información sobre sus víctimas y clientes.

Los investigadores que venían realizando pesquisas en los dos casos terminaron por encontrar nombre comunes hasta llegar a otros dos oficiales en retiro del Ejército y a ‘Mari’ la experta en informática que, según la Fiscalía, “logró crear una aplicación y un método para interceptar cualquier comunicación, incluso las que estaban encriptadas”.

Tal como lo anticipó EL TEMPO el sábado, la primera fase de la operación contra la red, que cobraba entre 750.000 pesos y diez millones por paquetes de interceptación de teléfonos, correos electrónicos, mensajes de WhatsApp, Telegram o Messenger permitió la captura de cuatro involucrados: tres exmilitares y una civil, que este domingo no aceptaron los cargos imputados.

Ahora, la Fiscalía va por los clientes de la red, cientos de personas que pagaron para obtener ilegalmente información. “Todos cometieron delitos. No hay justificación para violar la privacidad de las personas”, señalaron voceros de la Fiscalía.

En los allanamientos se encontraron carpetas con los listados de clientes en donde habría desde políticos en busca de información sobre procesos judiciales, agentes del Estado tras datos para sus procesos, empresarios y directivos de empresas en laboras de inteligencia contra sus empleados o la competencia y particulares que querían saber sobre la fidelidad de sus parejas. Se encontraron archivos con rótulos como Granga, Carreño, Cafateritos, Acacías, Servientrega y Guatibonza (ver recuadro).

Todos cometieron delitos. No hay justificación para violar la privacidad de las personas

Portaflio a empresas

“Tú me das el teléfono de un conductor, yo le puedo ‘craquear’ ese teléfono durante toda la ruta (…) al interior de la empresa, yo le digo este está implicado porque estos son los comentarios que mandaron por WhatsApp o por Telegram o por Messenger”, se escucha en las conversaciones en poder de los investigadores en que abiertamente le ofrecen sus servicios a un funcionario de una reconocida empresa de transporte.

En otro audio le hacen inteligencia a una persona para lograr información privilegiada: “Ayer entregué el primero de seis; tiene dos conversaciones, no vi nada raro, habla como si no tuviera nada definido como de un negocio; toca seguir escuchando a ver qué habla”.

Investigadores señalaron que la red que inicialmente prestaba sus servicios en Nariño, y había ampliado su portafolio ilegal de servicios a Bogotá, Medellín, Bucaramanga y Quito (Ecuador), había logrado acceder, entre otras, a bases de datos de la Fiscalía, el CTI, la Fuerza Aérea, el Gaula y la SijÍn de la Policía.

El negocio era tan exitoso que estaban buscando en el exterior tecnología de punta para poder hacer interceptaciones de equipos móviles que estuvieran en otro país. Incluso está documentado el viaje del coronel Pérez Cardona y el mayor Luis Mesías Quiroga a Ecuador para ofrecer sus servicios a autoridades de ese país y suministrarles información sobre blancos de interés para ellos ubicados en Colombia.

En una de las interceptaciones realizadas por la Fiscalía dan cuenta de sus movimientos en el exterior. “El coronel Pérez habla que lo de esos muchachos no se pudo en Colombia que por intermedio del amigo de la Fiscalía contactaron gente del otro lado del charco y esos días expidieron pasaportes para viajar y hablar con esa gente, pero toca pagar la hp coima y dice que intentó hablar con el director de la Cime (Central de Inteligencia Militar) y que no lo atendió”, afirmó el fiscal del caso al resumir una conversación del 12 de junio pasado.

En otro de los audios, el coronel Pérez Cardona le pregunta a la señalada hacker María Alicia Pinzón Montenegro “si tienen algo de los de acá”, a lo que ella responde “sí”. La Fiscalía señaló que en el audio de 1.º de noviembre del año pasado se estaban refiriendo a la existencia de investigaciones contra el alcalde de Ipiales y el gobernador de Nariño.

EL TIEMPO trató de comunicarse anoche con el gobernador Camilo Romero y de conocer su reacción sobre el tema, pero no se logró el contacto.

A los investigadores les llamó la atención una conversación en la que la hacker Pineda habla de demoras en uno de los trabajos por las elecciones presidenciales: “Ella le teme es ahorita a lo que pueda pasar en las elecciones. Mire lo que pasó en las elecciones pasadas; nos dejaron bloqueados por fuera, toca contar un mes después de elecciones”, señaló la Fiscalía tras indicar que no han logrado identificar la relación de la demora en la interceptación con el proceso electoral.

Las conversaciones que enredan al general Guatibonza

Como caso Guatibonza estaba marcada una carpeta hallada el sábado en los allanamientos de la Fiscalía contra los cuatro capturados vinculados a la señalada red de interceptación ilegal de comunicaciones desmantelada en Nariño.

Ese hallazgo y las conversaciones de varios de los capturados pondrán a dar explicaciones en la Fiscalía al general en retiro de la policía Humberto Guatibonza, quien desde hace días venía sonando para ocupar un importante cargo en el nuevo gobierno del electo presidente Iván Duque.

En una de las conversaciones en poder de los investigadores habla una persona que se identifica como don Humberto con el coronel en retiro Jorge Humberto Salinas, a quien la Fiscalía le imputó ayer seis delitos. “¿Hizo algo de lo de WhashApp, hermano; ya tiene algo de lo que le pedí la semana pasada?”, pregunta don Humberto, a lo que el coronel Salinas responde: “Sí, señor, yo creo que mañana en la tarde ya tengo todo listo, lo de un mes; mañana le llevo”.

En otras de las interceptaciones realizadas legalmente por la Fiscalía, el 16 de junio, hablan el coronel Salinas y el mayor (r) Luis Mesías Quiroga, otro de los capturados.
Salinas: “Mi general (Guatibonza) me ha pedido de los mismos números; algo pasó ahí porque me dijo que si podíamos manejar algo reciente, o sea abril y mayo”.
Quiroga: ¿De cuales?
Salinas: “De lo último que le entregamos al general Guatibonza de los dos números. Me llamó, y que si podíamos algo más”.

En otra conversación hablan de una interceptación para un amigo del oficial: “Le voy a mandar lo de un abogado, ahí va el nombre de la fulana y el nombre del fulano. Yo lo voy a hacer porque es de un grupo de abogados y son de Guatibonza. El trabajo es chichipato, es para comprobar la infidelidad de la vieja. Yo le voy a mandar los dos teléfonos de la pareja. Este me lo recomendó mi general Guatibonza, cojan los dos teléfonos del marido y la mujer y llamadas diferentes”, señala el coronel Salinas, a lo que el mayor Quiroga responde que el tema es fácil y que tiene los contactos para sacar algunas fotografías y conversaciones comprometedoras de los celulares que serían interceptados.

La Fiscalía señaló durante la diligencia realizada en Cali que los directivos de la empresa de seguridad JHS Consultores, que sería una firma fachada para realizar las interceptaciones, estarían planeando reuniones en Ecuador con el general Guatibonza para promocionar sus servicios en ese país.

JUSTICIA
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