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Investigación

Juez de Funza definirá legalidad de evidencia en caso de Jorge Pizano

Jorge Enrique Pizano (der.) fue gerente del Acueducto de Bogotá.

Jorge Enrique Pizano (der.) fue gerente del Acueducto de Bogotá.

Foto:Mauricio Moreno

Ángel Orjuela decidirá si cianuro, datos en celular y PC pueden ser usados en indagación.

Unidad Investigativa
A un juzgado de Funza, Cundinamarca, va a ir a parar la controversia judicial que surgió entre la Procuraduría y la Fiscalía en torno a la legalización oportuna de la evidencia hallada en la finca del controller de la Ruta del Sol II, Jorge Enrique Pizano.
Para el Ministerio Público es claro que ni el frasco de cianuro, con las huellas de Pizano adheridas, ni la información de su celular y disco duro del computador podrán ser usados en la investigación que adelanta la Fiscalía por el homicidio de su hijo Alejandro Pizano.
El argumento fue acogido por Johan Páez, juez promiscuo de El Rosal –municipio donde está la finca de los Pizano– que declaró no procedente la diligencia de legalización de las pruebas, 5 días después de que se recogieran. También dejó constancia de que no estaba el acta de consentimiento de la familia a la diligencia de la Fiscalía. 
La decisión fue apelada de inmediato por el ente acusador, razón por la cual el caso pasará a manos del superior del juez de El Rosal. En este caso se trata de Ángel Serafín Orjuela Sánchez, juez penal del Circuito de Funza, Cundinamarca.

Las posturas jurídicas

La Procuraduría basa su postura en el artículo 230 del Código de Procedimiento Penal, que establece un tope de 36 horas para legalizar cualquier evidencia obtenida en un registro.
Pero la Fiscalía asegura que esa restricción solo rige para allanamientos y no para inspecciones voluntarias, como el que se cumplió en la finca de Pizano.
Según el ente acusador, la diligencia hecha entre el sábado 17 de noviembre y el domingo 18, no requería legalización.
De hecho, aseguran que decidieron acudir al juez de El Rosal para dar mayores garantías de plena transparencia, pero insisten en que fue una inspección voluntaria.
“La Procuraduría siempre acompañó la inspección judicial realizada en la casa de los Pizano y presenció la entrega voluntaria de los aparatos electrónicos y de la revisión de la casa. Ahora, esa misma procuradora es la que se opone a la legalización de la prueba”, explicó una fuente cercana al caso.
Ante la controversia, el juez de Funza tendrá cerca de un mes para dirimir el conflicto, un trámite que dilatará una investigación clave dentro del escándalo de sobornos de Odebrecht.
La razón: todo indica que en el disco duro que se llevaron hay información relevante sobre los contratos irregulares que Pizano encontró y alcanzó a denunciar antes de su muerte, el pasado 8 de septiembre.
UNIDAD INVESTIGATIVA
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