Informe de la Contraloría sobre la crisis en las cárceles - Investigación - Justicia - ELTIEMPO.COM
Investigación

Los ingredientes que cocinan la crisis carcelaria desde hace 20 años

Falta de resocialización y populismo punitivo, algunos problemas de las prisiones según Contraloría.

Cárceles

La Contraloría asegura que la estructura de la mayoría de cárceles está obsoleta. 

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Jaime Moreno / EL TIEMPO

Por: Milena Sarralde Duque
29 de octubre 2018 , 09:03 p.m.

Aunque desde hace 20 años la Corte Constitucional declaró que la situación que se vive en las cárceles del país no cumple con la garantía de derechos de la Carta del 91, esa situación no ha podido ser superada.

Así, la crisis carcelaria sigue siendo uno de los mayores problemas humanitarios que afronta Colombia, sin que haya respuestas o salidas en el corto plazo.

La semana pasada la Corte Constitucional escuchó en una audiencia las opiniones de diferentes sectores frente a cuáles son los ingredientes con los que se sigue cocinando el problema carcelaria en el país.

Dentro de esos informes, la Contraloría General presentó las evaluaciones que ha hecho a la política penitenciaria y que muestran varios factores que inciden en el problema.

Con un equipo de 17 auditores, la Contraloría visitó 22 establecimientos de reclusión y esto fue lo que encontró.

Populismo punitivo

Con excepción de la ley 1760 del 2015, que luego fue reemplazada por la ley 1786 del 2016 que consistió en racionalizar la medida de aseguramiento con el fin de que no se pudieran superar el año o los dos años detenido preventivamente sin que se resuevla la situación jurídica, todas las reformas a los códigos penales, procedimiento penal, código penitenciario han tenido un enfoque punitivo.

Todas las leyes endurecieron penas, aumentaron el uso de la detención preventiva, impidiendo medidas alternativas, olvidando que según la misma Corte Constitucional las penas tienen como finalidad primordial “la reinserción social del condenado en un contexto de progresividad y tendencia hacia la libertad”.

La Contraloría dice que el populismo punitivo ha llevado a que se creen planes para ampliar la infraestructura carcelaria desde 1995 que “han aliviado momentáneamente el déficit habitacional en los establecimientos de reclusión, pero ninguno de ellos ha planteado una política criminal y penal complementaria enfocada a la resocialización”.

Hacinamiento baja, pero no implica mejoras reales
Hacinamiento carcelario

El Defensor asegura que el Ministerio de Justicia ha venido cumpliendo y ha logrado bajar el hacinamiento en esta y otras cárceles del país, pero que todavía subsiste este problema.

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Cortesía: Defensoría del Pueblo

Según información del Inpec, entre julio del 2016 y mayo del 2018 la población intramural se redujo en 3.631 personas (un menos 3 por ciento), mientras la extramural aumentó 10.438 personas (un 19,4 %). En este tiempo la capacidad carcelaria creció en 1.171 cupos (un 1,4 %). Estos factores llevaron a disminuir en este periodo el hacinamiento en 7 puntos, pasando del 54,6 % al 47,8 por ciento.

El problema, dice la Contraloría, es que estos 1.171 cupos fueron habilitados, refaccionados o acondicionados en pabellones que ya existían, es decir, no son nuevos. Esto implica que si bien implican que se crearon espacios para que los internos pernocten, esto no significa que se hayan acondicionado también espacios para su resocialización, alimentación, salud y otros aspectos para proteger sus derechos.

Otro problema es que la mayoría de cupos se habilitaron en la infraestructura que ya existe, que es obsoleta en un 88 por ciento. Está deteriorada y no tiene espacios para que se haga la resocialización.

Desde la década pasada no hay cárceles nuevas, “lo que implica que la renovación de la infraestructura carcelaria solicitada por las Cortes no se ha dado y por ente, continúa el incumplimiento sistemático de condiciones mínimas de habitabilidad”.
Pese a que hay más cupos, sólo una cárcel de las 22 que visitó la Contraloría no tiene hacinamiento: la cárcel de Valledupar. En el 74 por ciento de los centros penitenciarios visitados el hacinamiento es crítico.

No hay resocialización efectiva

Aunque el porcentaje de personas que redimen pena con programas de trabajo, estudio y enseñanza aumentó de un 78 a un 80 por ciento entre el 2016 y el 2018, la Contraloría dice que la cobertura de esos programas no alcanzan para toda la población reclusa en prisión.

Esta es una razón por la que la taza de reincidencia es elevada pues, según la Contraloría, en ese periodo la reincidencia pasó del 16,7 por ciento al 18,3 por ciento.
Por ejemplo, en las cárceles Modelo de Bogotá, Anserma (Caldas), Florencias (Caqueta), Villavicencio (Meta), Apartadó (Urabá antioqueño), Barrancabermeja (Santander), Sincelejo (Sucre), Palmira (Valle) y Roldanillo (Valle), la Contraloría evidenció que no tienen espacios suficientes para que los internos participen en actividades de trabajo, estudio y enseñanza.

De otro lado, para los proyectos industriales como la producción de uniformes, cuero y calzado, así como el procesamiento de alimentos en la panadería y asaderos, “tales procedimientos siguen siendo artesanales, manuales, poco tecnificados, con deficiencias técnicas de comercialización” y no tienen espacios suficientes para su desarrollo.

La productividad artesanal es la mayor forma de resocialización que hoy tienen los presos, lo que incluye trabajos de bisutería, confecciones, cuero, calzado, fibras, maderas, marroquinería, y tejidos, procesos por los que los internos reciben un dinero que les sirve para su sustento personal. Sin embargo, la Contraloría dice que en la mayoría de cárceles no hay herramientas y equipos suficientes, o la capacitación necesaria para que desarrollen esos procesos.

A esto se suma que la mayoría de cárceles no tienen un equipo colegiado que pueda asistir a los presos, pese a que las normas dicen que en las cárceles debe haber abogados, psiquiatras, psicólogos, pedagogos, trabajadores sociales, médicos, terapeutas, antropólogos, sociólogos, criminólogos, penitenciaristas, entre otros.

Además de este problema, la Contraloría dice que la mayoría de cárceles no tiene espacios para la integración de los presos con su familia, pues en 22 de las cárceles que visitaron, en 15 de ellas no hay espacios para una visita conyugal, lo que hace que en muchos casos esas visitas sean atendidas en espacios como áreas comunes o en las propias celdas.

Alimentación, con problemas

Para la Contraloría, la decisión de la Upsec de escoger a los contratistas que se encargarían de la alimentación de los presos a través del mecanismo de bolsa “incrementó los costos de transacción para la adquisición de este servicio”. Además, limita la vigilancia sobre quienes entregan los alimentos.

En las visitas, la Contraloría detectó que en 10 de las 22 cárceles visitadas los sitios donde se preparan los alimentos están en mal estado, porque hay humedad en las paredes, en las zonas del suelo donde hay emposamiento de agua, entre otros líos. Además, el 50 por ciento de las cárceles visitadas no tienen un espacio para que los presos puedan consumir sus alimentos.

Salud no es integral 

La Contraloría afirma que los presos siguen teniendo únicamente la atención primaria, pero cuando solicitan tratamientos o procedimientos más complejos, como los de segundo nivel, no cuentan con este servicio principalmente en municipios que no son capitales.

Aunque en la mayoría de cárceles hay un área para atender situaciones de salud básicas y de urgencias, esa zona no cumple con las condiciones de higiene, o son áreas pequeñas que no permiten atender más de un caso a la vez. Así, la mayoría de urgencias son atendidas por fuera de las prisiones, con el agravante de que muchas veces no se tienen los vehículos o el personal de custodia suficiente para los desplazamientos.

Frente a los medicamentos, la Contraloría verificó cómo no se suministran siempre de forma oportuna. Por ejemplo, en la cárcel de Cartago, al momento de la visita, no entregaban medicinas desde febrero, y en Acacías no entregaban las monturas y lentes.

Infraestructura está obsoleta 
Hacinamiento carcelario en el Valle

Hacinamiento carcelario en el Valle

Foto:

Archivo

Además de la deficiente gestión para construir nuevos cupos y mantener las cárceles que ya existen -panorama que se ve reflejado en que sólo uno de seis pabellones que fueron contratados tras la emergencia carcelaria en el 2013 fue puesto en funcionamiento-, la Contraloría cuestionó un millonario contrato con el Fonade.

Ese contrato, para ejecutar proyectos de construcción, mantenimiento y dotación de cárceles se firmó por más de 430.000 millones de pesos en el 2016, lo que terminó generando que se pagaran costos de intermediación por 33.439 millones de pesos.

El problema del contrato es que no sólo la Uspec comprometió el presupuesto de inversión de cuatro años, sino que además, “implicó la paralización en la provisión de soluciones de mantenimiento, llevando a que no se ejecutaran recursos para tal fin durante las vigencias 2015, 2016 y 2017, sin contar con la ausencia de nuevos cupos”.

La Contraloría dice que de los contratos suscritos con el Fonade, sólo tres tienen actas de inicio de obra pero nada de lo contratado se ha recibido por ahora.

Mientras tanto, en las cárceles no sólo tienen problemas para crear nuevos cupos carcelarias, sino también la habilitación de celdas, lugares de aseo, salas de audiencia, techos, zonas de disposición de basuras, residuos hospitalarios, tanques de almacenamiento de aguas, espacios para la resocialización, áreas de sanidad, visitad conyugales, cocinas, redes eléctricas, entre otros problemas.

Por ejemplo, en La Modelo de Bogotá, en el patio 5B de los cinco sanitarios sólo funcionan tres. Y en el Cunduy, de Florencia, en el patio 3ª hay dos duchas y tres sanitarios para 87 presos. En la cárcel de San Isidrio, en Popayán, las cuatro baterías sanitarias del pabellón 9 no tienen tanque para descargar el agua y evacuar las deposiciones. Otra situación dramática se vive en Barrancabermeja donde 530 presos comparten 7 duchas y 7 sanitarios.

Otro problema es que, debido al hacinamiento, en 12 de las 22 cárceles visitadas se encontró a presos que deben dormir fuera de las celdas, en lugares como pasillos, cubículos de atención para los abogados, o zonas en donde se hacen los trabajos de resocialización.

MILENA SARRALDE DUQUE
Redacción Paz y Justicia
En Twitter: ​@MSarralde

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