Formulan pliego de cargos por irregularidad en Cumbre de las Américas - Investigación - Justicia - ELTIEMPO.COM
Investigación

Formulan pliego de cargos contra cónsul de Colombia en Madrid

Procuraduría investiga pagos en contrato de ejecución de Cumbre de las Américas.

Cumbre de Las Américas

La Cumbre de Las Américas se llevó a cabo en Cartagena entre el 9 y el 15 de abril de 2012.

Foto:

Yomaira Grandett / Archivo EL TIEMPO

Por: Justicia
09 de noviembre 2018 , 10:31 a.m.

Por presuntas irregularidades en la ejecución del contrato de la VI Cumbre de las Américas, que se llevó acabo en Cartagena en el 2012, la Procuraduría General le formuló pliego de cargos a la actual cónsul de Colombia en Madrid, María Margarita Salas, quien en ese momento fue secretaria general y representante legal del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, así como a Alexander Potdevin Gutiérrez, quien fungió como coordinador de Privilegios e Inmunidades de la Dirección de Protocolo de la misma entidad.

El Ministerio Público investiga pagos aparentemente irregulares en desarrollo de un contrato por $4.169.006.646, que habrían sido realizados entre el 9 de mayo de 2012 y el 29 de junio del mismo año, así como una posible omisión en las acciones de vigilancia y control que se debían realizar sobre la ejecución del mismo, situación que pudo generar un detrimento patrimonial para la entidad.

El contrato para la preparación y realización del evento fue firmado por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores con la Unión Temporal Cumbre de las Américas 2012, integrada por las empresas Aviatur, Gema Tours S.A., Contactos S.A.S., Marketmedios Comunicaciones S.A. y Creativa Producciones S.A., por un valor total de $52.342.062.541.

Entre otras irregularidades, el ente de control identificó que la verificación de las facturas no se habría realizado con el rigor necesario, y en algunos casos fueron avaladas en pocas horas, a pesar de que en las mismas se reportaban hasta 55 servicios ejecutados.

También se investigan facturas que el contratista entregó, aparentemente, por un valor superior al que realmente correspondía por los bienes y servicios prestados, situación que habría sido justificada con el argumentar de que se trató de una mala interpretación de la cláusula que establecía la forma de pago.

Para el Ministerio Público los funcionarios investigados, encargados de la vigilancia y supervisión del trabajo, no solicitaron a la empresa contratada información adicional para verificar la correcta ejecución de sus labores, y tampoco le exigieron que corrigiera las falencias que podrían presentar las facturas entregadas, entre otras irregularidades. Esa situación habría generado, aparentemente, que se presentara la diferencia de más de 4.000 millones de pesos entre el valor facturado y el valor realmente ejecutado.

JUSTICIA

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