Fiscalía dice que Reficar sabía de malos manejos de CBI - Investigación - Justicia - ELTIEMPO.COM
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'Reficar dejó que CBI dispusiera de la plata de todos los colombianos'

Se adelanta audiencia de imputación de cargos contra siete personas por desfalco de la refinería.

Reficar

La Refinería de Cartagena acumuló pérdidas cercanas a los 2,8 billones de pesos el año pasado, según la Supersociedades.

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Archivo EL TIEMPO / Cortesía

26 de julio 2017 , 04:00 p.m.

Tras ser aplazada la audiencia de imputación de cargos para siete exfuncionarios de la refinería de Cartagena, Reficar, y empresas relacionadas, en abril pasado, este martes comenzó finalmente la diligencia en las instalaciones del complejo judicial de Paloquemao por el presunto detrimento patrimonial que ocasionaron los sobrecostos de la modernización de la compañía.

Los llamados a responder son:

Orlando Cabrales Martínez, presidente de Reficar 2009-2012, como coautor del delito de interés indebido en la celebración de contratos. Reyes Reynoso Yánez, presidente de Reficar 2012-2016, como coautor de los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, enriquecimiento ilícito de particulares en favor de terceros y falsedad ideológica en documento público.

Felipe Laverde Concha, vicepresidente jurídico de Reficar, también fue imputado como coautor de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación en favor de terceros y enriquecimiento ilícito de particulares en favor de terceros. 

Por su parte Pedro Alfonso Rosales Navarro, vicepresidente ejecutivo del Downstream Ecopetrol 2008 tendrá que responder como coautor de interés indebido en la celebración de contratos. Carlos Alberto Lloreda, revisor fiscal de Reficar, como autor del delito de falsedad ideológica en documento público y complicidad en el delito de peculado por apropiación en favor de terceros. Philip Kent Asherman, representante legal CB&I 2010, en condición de autor interviniente por el delito de interés indebido en la celebración de contratos, mientras Massoud Deidehban, director de proyectos y representante legal CB&I 2009, como autor interviniente por peculado por apropiación y enriquecimiento ilícito de particulares en favor de terceros (CBI).

Durante la diligencia del martes, la Fiscalía decidió dividir la imputación y dejar por fuera a Nicolás Isaksson Palacios, líder grupo jurídico de Reficar y quien no se presentó, por lo que será citado a una nueva audiencia.

Para justificar el delito de celebración indebida de contratos, el representante de la Fiscalía señaló en la diligencia que Cabrales, Laverde, Rosales Asherman y Deidehban adoptaron en esos contratos una modalidad contractual de costo reembolsable y no de llave en mano como inicialmente se había contemplado.

“Reficar fue en contravía de esa planeación de políticas públicas aplicando la modalidad dicha, donde los riesgos no los asumía el contratista bajo la modalidad llave en mano, sino que ahora estarían bajo la responsabilidad de Reficar”, dijo el fiscal, quien añadió que por esta razón la imputación contra Cabrales, Laverde y Rosales será en calidad de coautores.

Según el ente investigador, en el 2007 se acordó con el contratista que debía ejecutar el diseño básico de la ampliación de la refinería y en el 2010 se firmaron dos nuevos contratos –uno 'offshore' y otro 'onshore'– bajo la modalidad que más le convenía a CBI, ambos acordados por Cabrales y Asherman.

“Esta nueva modalidad fue una decisión nefasta para los intereses de Reficar y terminó finalmente siendo la fuente de todos los males, porque contrarió el objeto principal del proyecto, que era evitar sobrecostos”, señaló el fiscal.

También agregó que Rosales participó en las decisiones más importantes relacionadas con los contratos de CBI. La Fiscalía asegura que el vicepresidente del Downstream de Ecopetrol sabía y conocía el irregular desempeño en el contrato de CBI en el 2007, al punto que recomendó hablarle al contratista en sesión de la junta directiva. Pero aun así conceptuó favorablemente para liberar a CBI de la obligación, planteando como única opción posible la modalidad de costos reembolsables.

A su vez, Asherman y Deidehban habrían acordado previamente direccionar la contratación del 2010 para CBI, sin que se surtiera el concurso para ganar el contrato.

Cabrales, Laverde y Rosales presentaron a la junta directiva una propuesta en contra de los intereses del Estado, demostrando aspectos falsos de las bondades y ventajas de contratar a esta empresa”, señaló la Fiscalía.

Los administradores le entregaron la chequera de Reficar a CBI, para que este dispusiera como quisiera el dinero de los colombianos

De acuerdo con el ente investigador actuaron de la siguiente forma:

Laverde, como asesor jurídico, estuvo al frente de los diálogos y estructuró los principios claves de esa contratación, en coordinación con CBI. Así como también, la carga de intención de noviembre de 2009 y los nuevos contratos de junio 25 del 2010.

Cabrales estuvo informado de la creación de estos documentos como representante legal de Reficar. Rosales acompañó y evidenció las decisiones de la junta directiva de Reficar, además hizo esto en beneficio de CBI y en detrimento de Reficar.

Asherman y Deidehban participaron activamente en la realización de los documentos.

Los administradores Reyes Reinoso, Felipe Laverde y otro servidor, desde su rol funcional, le entregaron la chequera de Reficar a CBI, para que este dispusiera como quisiera el dinero de los colombianos”, dijo el fiscal.

Incluso señala que llegaron a autorizar el pago de facturas que previamente habían sido rechazadas.

Reyes, como presidente de Reficar en el 2013 y Deidehban, como presidente de proyectos en Colombia habrían autorizado el pago de facturas, según la Fiscalía, por más de 600.000 millones de pesos a través de cuatro acuerdos. Facturas que habían sido previamente rechazadas o sin revisar por parte del supervisor Foster Wheeler. Estos acuerdos permitieron que CBI, quien venía incumpliendo en la realización de las obras y en la presentación de las facturas, recibiera recursos públicos de Reficar, saltándose el control y la verificación que era necesaria.

Hasta el 2016, el uso de 473.843 millones de pesos no se había verificado. Además, dice la Fiscalía, en varias oportunidades el bien o servicio nunca se prestó, no tiene soporte o no tiene relación con el objeto del contrato.

La investigación ha determinado que en la celebración del contrato entre CBI y Tiger Cepam, Foster Wheeler adelantó una auditoría en la que pudo constatar que se cobraron sumas de dinero por conceptos no relacionados con la obra, incluso, se siguió pagando el tiempo de trabajo de empleados que ya no estaban prestando servicios.

También hay soportes de adiciones o subcontratos que realmente no habían sido concedidos por Reficar, en algunos casos específicos, las adiciones eran superiores al 154,26 % y fueron pagados por Reficar, aun sin tener autorización de dichos contratos.

En varias oportunidades el bien o servicio nunca se prestó, no tiene soporte o no tiene relación con el objeto del contrato

Una de las situaciones que llamó la atención por el detrimento fue el incremento en las subcontrataciones, dónde se ha hallado que algunos contratos se cambiaron sin justificación. Reficar y CBI cargaron al proyecto gastos suntuosos y extravagantes no relacionados al proyecto, como alquiler de carros de alta gama, servicios de spa y bebidas alcohólicas, todo pagado con dinero público.

Estos gastos, a pesar de haber sido rechazados por el auditor (Foster) por no tener ninguna relación con el objeto del contrato y sin ser un gasto reembolsable acorde con el contrato EPC, fueron presentados de manera dolosa por CBI y pagados por Reficar.

Cargaron también al proyecto costos por servicios duplicados (doble cobro). CBI, en la ejecución del contrato 'offshore', había pactado la ejecución de módulos en Isla Park en Texas que incluía la mano de obra. No obstante, de manera dolosa, CBI decidió subcontratar con terceros y cobrarle de manera independiente a Reficar esos costos.

CBI siempre recibió recursos de Reficar, sin embargo, no suplía la necesidad de flujo de caja para continuar la celebración del proyecto, a tal punto que amenazó con dejar el proyecto tirado y retirarse del proyecto.

"El revisor fiscal para los años 2013-2015, desde su rol funcional colaboró y prestó ayuda a Reficar, a Reyes Reinoso en este caso, omitiendo ilegalmente incluir salvedades en los dictámenes de los estados financieros y omitiendo también ilegalmente, informar sobre los riesgos del contrato EPC ante la junta directiva", dijo el fiscal. 

En la diligencia, el fiscal dijo que el revisor fiscal avaló durante los años 2013-2015, los estados financieros con su firma, los cuales contenían información contraria a la verdad sobre la realidad económica de Reficar.

La sociedad refinería de Cartagena S.A., a través de la asamblea general de accionistas en marzo 22 de 2013 eligió a la firma Glencore para continuar con el contrato. Esta, a su vez, designó a Carlos Alberto lloreda como revisor fiscal, cargo desde el cual, como persona pública, tenía el deber de otorgar fe pública a los informes y dictámenes rendidos por él, los cuales se encontraban revestidos por la presunción de verdad.

Sin embargo, omitió reportar a la junta directiva las irregularidades a Reficar. Los dictámenes de auditoría omitieron salvedades y anotaciones sobre las graves irregularidades en el desarrollo de sus funciones.

Los anteriores hechos, llevaron a que Carlos Lloreda validara las actividades realizadas por Reficar con el fin de que servidores públicos y particulares se apropiaran de recursos públicos en cuantía superior a 610.000 millones de pesos.

Por lo tanto se le reclama a Lloreda, la falta de control interno entre los años 2013-2015.

JUSTICIA.

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